Mientras Santander mantiene viva la controversia legal contra el controlador de Agrosuper por las millonarias deudas que su hijo Gonzalo Vial Concha, dueño de Graneles de Chile y Agrogestión Vitra, los bancos acreedores están en conversaciones para vender con descuento a terceros un pasivo que en total suma US$ 290 millones.
La administradora de fondos de CHL Capital -cuyos socios son Canio Corbo, Tomás Hurtado, hijo de Nicolás, miembro del clan Hurtado Vicuña, y Nicolás Larraín, hijo de Carlos Larraín, expresidente de RN- presentó hace unas semanas una oferta para adquirir la deuda de Vial Concha, confirmaron a Pulso varias personas ligadas al proceso de renegociación.
La oferta implicaba comprar los US$290 millones con un descuento de más del 60% y estaría condicionada a que sea aceptada por la unanimidad de los nueve bancos comprometidos. Aquella propuesta de compra de cartera no convenció a algunos bancos, ya que recuperarían algo más del 30% de sus acreencias originales, dicen fuentes del sistema financiero.
Sin embargo, la oferta habría sido mejorada y el porcentaje recuperación comprometido subiría a un total del 65%. Personas al tanto de las últimas negociaciones apuntan a una nueva fórmula: CHL habría ofrecido pagar al contado cerca del 40% de las deudas, mientras Gonzalo Vial Concha pagaría otro 25% a futuro con los flujos de dividendos que reciba de su participación indirecta en Agrosuper. Las negociaciones han sido duras y los bancos no tendrían la misma posición en la mesa.
Los pasivos totales de Gonzalo Vial Concha fueron reprogramados en un extenso contrato con todos los bancos en 2017, aunque luego el pago de los US$ 290 millones fue postergado en seis ocasiones. El último aplazamiento ocurrió en septiembre de 2020, cuando se fijó como fecha de pago el 16 de marzo pasado. Vencido ya ese plazo, se abrió un denominado “período de cura”, durante el cual los acreedores no pueden pedir la liquidación de las dos empresas deudoras, de 15 días bancarios, el que vence el próximo 7 de abril. Terminada esa nueva prórroga, los bancos podrán pedir la ejecución de los pagarés (que se vuelven títulos ejecutivos) y forzar la liquidación de sus empresas Graneles de Chile y Agrogestión Vitra. Y del propio Gonzalo Vial Concha, quien avaló personalmente las deudas en 2017.
También existe otra opción: una reorganización judicial futura. Como una nueva prórroga requiere la unanimidad de los nueve bancos acreedores, la oposición de uno de ellos podría redirigir las conversaciones a una reorganización concursal en la Justicia, que exige solo la anuencia de la mayoría de los acreedores.
La venta de las acreencias a un tercero es algo que fue expresamente regulado en la reprogramación de 2017. El contrato que firmó Gonzalo Vial Concha con el sistema financiero establece, en la cláusula décimo séptima, establece el derecho de los acreedores a ceder y vender las acreencias, pero considera una regla especial para el caso de que un fondo de inversión realice una oferta: el derecho de igualar la oferta por parte de Gonzalo Vial Concha. “El deudor tendrá un plazo de cinco días hábiles bancarios, desde que hubiere el depósito de la carta certifica (que envía el fondo ofertante), para responder por escrito y a firme si un tercero igualará o no el monto al que venderá el acreedor de Graneles”. Eso sí, el texto especifica que la compra del crédito por parte un fondo de inversión designado por el deudor “no podrá ser financiada con fondos propios de Graneles, Vitra, Inversiones Graneles o Mercoexpress, ni de los deudores solidarios y codeudores solidarios”. Esta última opción ha levantado suspicacias entre algunos acreedores, quienes temen que la operación con CHL Capital termine convertida, en la práctica, en una disminución automática de la deuda para Gonzalo Vial a un tercio de su valor original. Y por lo mismo han exigido un aumento de la recuperación.
Los socios de CHL no estuvieron disponibles para comentar la propuesta que hicieron a los bancos.
La tasa de interés, según el acuerdo de la última postergación ocurrida en septiembre, es de 3,6% anual. En la última reprogramación, además, los bancos agregaron una nueva obligación por parte del deudor: “que la sociedad argentina La Pampa Trading S.A. constituya hipoteca de primer grado y prohibiciones o restricciones para gravar o enajenar en favor de los acreedores sobre el inmueble ubicado en la calle Carbone sin número, Distrito Palmira, Departamento San Martin, Mendoza, Argentina (…) con el objeto de garantizar todas y cada una de la obligaciones”.
El acreedor más relevante es Itaú, con US$ 74 millones, el 26% del total de las acreencias. Le siguen Santander, con el 21% y el BCI, con el 16% del total (unos US$ 45 millones). Más atrás están Scotiabank (US$ 41 millones); el Banco de Chile (US$ 22,6 millones); Rabobank (US$ 17 millones); Consorcio (US$ 11,7 millones); Bice (US$ 11,1 millones) y Security (US$ 6 millones).
La propuesta surge en momentos en que la disputa entre Santander y Gonzalo Vial Vial recrudece. La entidad financiera activó en enero acciones judiciales para intentar involucrarlo en el pago de las deudas de su hijo y cuestionó la estructura de control de Agrosuper, que impide, acusa, al menor de los hijos del empresario acceder a los flujos económicos del grupo alimentario.
Por su parte, el controlador de Agrosuper decidió sumar a la estrategia legal al estudio Claro & Cía, quienes asumieron formalmente la causa. El socio de ese bufete, Cristóbal Eyzaguirre, acusó al banco de acusaciones ridículas y la sociedad controladora de Agrosuper, Promotora Doñihue, rompió sus relaciones contractuales con el Santander.
