La columna de Jorge Claro: “Reinversiones en concesiones viales”
"Desde una mirada fuera de la caja, el Estado podría recaudar los peajes, manteniendo su valor, como una forma de aumentar sus ingresos, pagados por quienes pueden hacerlo y así aumentar la recaudación tributaria".
Chile fue pionero en construir autopistas pagadas a plazo por sus usuarios. Terminado el periodo de pago, las autopistas y sus peajes pasan a ser de propiedad del Estado. Se debe tener presente que quienes más las usan son personas de ingresos medios altos y el transporte, actividad que traspasa dicho costo al precio final tanto de la carga física como también a la de los pasajeros transportados, con una incidencia muy baja para los mandantes.
Desde el punto de vista del costo alternativo, es preocupante que un Estado con prioridades básicas urgentes esté realizando nuevas licitaciones en varias de las autopistas que están cumpliendo su período de pago. Su objetivo es mejorar los estándares y, normalmente, aumentar el número de pistas para beneficio de sus usuarios. Y, además, por supuesto dar el empleo.
Pero por lo visto, parece que el Estado no ha considerado que al pasar a ser propietario de las autopistas sus ingresos por peajes tienen diversos usos alternativos en que uno de los cuales es en el que están invirtiendo actualmente esos recursos.
Desde una mirada fuera de la caja, el Estado podría recaudar los peajes, manteniendo su valor, como una forma de aumentar sus ingresos, pagados por quienes pueden hacerlo y así aumentar la recaudación tributaria. Y, caso a caso, que evalúe si mejorar los estándares de las autopistas, o, alternativamente, financiar otros proyectos sociales más rentables y prioritarios, entre ellos la eliminación de las listas de espera en la salud o un aumento de la PGU para los más desvalidos. O bien podría disponer de recursos adicionales para subsidios temporales para los nuevos empleos formales, nuevas viviendas sociales o la modernización tecnológica de Carabineros, entre otros.
Obviamente que esto implica un trade off, porque es evidente que no gustaría a las concesionarias ni a los usuarios de las autopistas, pero sí a los nuevos beneficiarios de escasos recursos, pues al final crearía un nuevo tributo focalizado, el que de hecho sería una tasa, ya que el Estado cobraría por usar un activo de su propiedad
Desde luego, la inversión en nuevas autopistas deberá mantenerse mediante el sistema tradicional de pago.
*El autor de la columna es ingeniero civil y comercial de la Pontificia Universidad Católica
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