Todo explotó a las 8:36 de la mañana del 9 de junio de 2011. Ese día, por la mañana, el directorio de La Polar lanzó la bomba: había detectado prácticas no autorizadas en su gestión de crédito y debía contabilizar provisiones millonarias.

El precio de las acciones se derrumbó un 42% y la cadena de retail perdió, en un solo día, US$ 670 millones de valor bursátil. Diez años después, las esquirlas todavía dejan heridos. Los exejecutivos fueron condenados, la empresa sigue existiendo, pero con otros accionistas, y quienes resultaron perjudicados siguen reclamando que alguien compense los perjuicios.

Hace una semana, la Corte Suprema notificó quién deberá asumir la abultada cuenta del escándalo. En dos fallos resueltos el viernes 2 de septiembre por sus cinco integrantes, la cuarta sala del máximo tribunal resolvió que PwC había incumplido su obligación legal de auditar los estados financieros de La Polar del 2007 al 2010 y que, por ello, era responsable por los perjuicios patrimoniales ocasionados.

En uno de ellos, donde el demandante es la AFP Capital, el tribunal también atribuyó responsabilidad a La Polar y a nueve ejecutivos, encabezados por Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah. Todos ellos deberán asumir solidariamente las indemnizaciones.

La sentencia amenaza la viabilidad de la auditora. Las indemnizaciones decretadas hasta ahora suma un monto que demandantes y demandados consideran imposible de pagar para una sociedad de personas que presta servicios que no tiene grandes activos. Y esa cifra aun puede crecer más.

El juicio que ganó Provida cifra los perjuicios que deberá pagar PwC en 2,5 millones de UF, unos US$ 100 millones. Esta semana, la AFP pidió al tribunal, además, calcular los intereses. El abogado demandante es Pedro Pablo Gutiérrez.

El juicio que ganó Capital cuantifica la compensación, según su abogado Juan Ignacio Correa, en otros U$ 22 millones.

Pero quedan otros dos litigios. Uno de ellos es el más voluminoso. El abogado Rodrigo Díaz de Valdés representa en una misma demanda a las AFP Habitat, Cuprum y Planvital, la mayor de todas las demandas, presentada contra los ex ejecutivos de La Polar y PwC. El caso fue ganado por las AFP en primera instancia, pero solo en lo referido a los exejecutivos de La Polar. Los demandantes apelaron y pidieron incluir a PwC en las indemnizaciones. Según sus cálculos, el reclamo completo llega a 6 millones de UF, más de US$ 230 millones. Ese caso está en la Corte de Apelaciones.

El último es un juicio en el que Moneda Asset Management reclama compensaciones por más de US$ 45 millones (1,15 millones de UF). PwC, igual que en el caso de ProVida y Capital, ganó en primera y segunda instancia. Y ahora ese caso irá a la Suprema.

Si pierde todos esos juicios, la contingencia completa de PwC se aproxima a US$ 400 millones. Una deuda impagable. Por ello, la auditora ha llamado a sentarse y buscar una solución. Y ha puesto adjetivos a esa solución: de buena fe y realista.

Fue creada en 1987 y tiene 37 socios a julio, según registros consultados en los archivos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El actual socio principal es Renzo Corona Spedalieri, un contador auditor de la Universidad de Chile de 56 años que lleva dos tercios de su vida en la auditora. Llegó como asistente en 1986 y diez años después se hizo socio. Es hijo de Pedro Corona, quien antes presidió, por ocho años, una AFP que hoy también tiene demandado a PwC: Cuprum.

Corona asumió el mando de la auditora local en 2018, en reemplazo de Luis Enrique Álamos, quien era el socio principal de PricewaterhouseCoopers Auditores y Consultores SpA, la sociedad chilena que administra el negocio, al momento del escándalo.

Con amplias redes en el mundo empresarial, Corona y su antecesor consiguieron en los años siguientes al escándalo de La Polar recomponer en parte la reputación dañada. Corona integra también el consejo de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, desde 2017, cuando fue electo con 81 votos y entró en el lugar número 21 al grupo de 30 consejeros que se renovó ese año.

PwC Chile no tiene una matriz en el exterior. En el mundo, y en Chile PwC es una de las big four, un selecto grupo que integran además Deloitte, EY (antes Ernst & Young) y KPMG. Todas ellas auditan y revisan los balances de la gran mayoría de las grandes empresas chilenas.

En la estructura de PwC, según los documentos de la CMF, los 37 accionistas que tienen, cada uno, una acción serie A, la que da el poder de voto. El socio principal, Renzo Corona, tiene el 14,04% de las acciones serie B y le siguen Francisco Salamé, Luis Fernando Orihuela y Federico Morello, con el 4,03%. El resto tiene porcentajes menores. En la estructura, con un 3,02%, aún figura Luis Alejandro Joignant, el socio de PwC que era el responsable final de las auditoras a La Polar y fue multado por el caso.

PwC también fue multada por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, una sanción que aún está siendo reclamada en la justicia. Si la ganara en tribunales podría producirse otra paradoja: serían inocentes, pero con fallos que ya los condenaron a pagar los daños del escándalo.

Los socios han tenido siete días agitados y tensos, con Corona a cargo de diseñar una solución sustentable para el futuro de la empresa que tiene 1.500 trabajadores y, desde hace exactas dos décadas, oficinas en Andrés Bello 2711.

Los fallos de la Suprema nublaron el futuro de PwC, sus socios, y sus abogados, encabezados por Pedro Pablo Vergara y Fernando Rabat, quienes hasta ahora habían ganado todos los juicios de indemnización. Por ello sorprendieron tanto los fallos de la cuarta sala de la Suprema. “Lo dimos vuelta y en forma unánime”, se congraciaba una de las partes ganadoras esta semana.

PwC nunca ha desconocido tener cierta responsabilidad en el caso, pero sus socios, asesores e incluso abogados ajenos a su causa creen que la indemnización cursada es demasiado castigo. Uno de ellos hace esta analogía: es como si en el robo de un banco se condene al guardia que debía estar vigilando -y se distrajo- y no al autor del delito.

En una AFP admiten que los responsables primeros son los ex ejecutivos de La Polar que idearon el engaño de las miles de repactaciones unilaterales de créditos que no existían. Y que contra ellos también tienen juicios pendientes. Pero aquello no quita culpa a PwC: no actuaron con diligencia y cuidado, dicen.

Aunque tenía juicios abiertos, en PwC confiaban en que el fantasma de La Polar no volvería. El décimo aniversario del caso no pudo ser peor.

Esta semana, PwC fichó a Felipe Bulnes como negociador. La auditora espera que su currículum de abogado en asuntos corporativos, exministro de Justicia y Educación y exagente de Chile en La Haya, permita acercar en algo posiciones con las AFP, con quienes debe ahora buscar una fórmula de pago.

Hasta el viernes, Bulnes no había fijado aún reuniones con las administradoras, pero sí había tenido los primeros contactos con algunos de sus litigantes. La idea de PwC es intentar una mesa no solo con Capital y Provida, sino con todos los otros demandantes. No tiene sentido una solución para fallos de ahora si luego vendrán otros que podrían abultar la cuenta por pagar.

En una AFP dicen que han recibido una sola señal de PwC: necesitan un “descuento importante” en los montos a pagar. Pero la pretensión de la auditora no es estrictamente una negociación: no buscan la generosidad de su contraparte: quieren ofrecer lo que puedan pagar. Ni más ni menos.

La complicación de PwC es grande. Como les será imposible pagar todo el monto, si sus contrapartes no se allanan a una solución, el camino más seguro sería una liquidación voluntaria de la oficina chilena de PwC. Tampoco la auditora podría ofrecer un plan de pagos que hipoteque desmedidamente sus flujos futuros: como es una sociedad de profesionales, difícilmente podrá retener gente que deba trabajar años para pagar deudas del pasado. Incluyendo a socios que se hicieron socios después de La Polar. “Es muy complejo para PwC”, dice uno de los varios abogados involucrados en el caso.

Las AFP dicen que escucharán lo que tenga que proponer PwC, pero son reacias a una negociación. Y quieren información. En una de las gestoras creen que PwC encargará un análisis a un especialista en temas económicos para demostrar los fundamentos del ofrecimiento que hará. Nadie de PwC estuvo disponible para confirmarlo.

Además, y antes que nada, las AFP esperan conocer los balances de la auditora, que no informa estados financieros a la Comisión para el Mercado financiero (CMF). Un reporte de 2008, al que accedió Pulso, entrega una idea del volumen de negocios: ese año, sus ingresos brutos anuales -por auditorías y otros servicios- sumaron $ 34.580 millones (US$ 50 millones de la época). Pero eran tiempos pre La Polar.

La esperanza de pago de las AFP -y lo que más se preguntan en privado- es la existencia de seguros de responsabilidad a los que pueda echar mano PwC. Esa ha sido la gran pregunta sin respuesta visible.

Una persona que conoce a Price dice que la firma chilena -que tiene una licencia con la PwC internacional- no tiene esos seguros, pero sí podría utilizar una suerte de fondo común, construido con el aporte de la red mundial de auditoras PwC para enfrentar este tipo de contingencias que aqueje a alguno de sus asociados. Pero que, en cualquier caso, aquello sería un monto muy distante de las indemnizaciones sentenciadas judicialmente. Esa es, hasta ahora, la principal esperanza de pago de las administradoras.

El dilema de las AFP tampoco es menor. Una persona involucrada en el caso lo grafica así: las gestoras están obligadas a hacer todo lo posible por compensar a los afiliados que perdieron con el caso La Polar. Si dejan caer a PwC, no recuperarán casi nada. Si llegan a un acuerdo, podrían obtener una cifra menor, pero sería una indemnización concreta, real, para presentar a sus afiliados. Eso, en favor de PwC.

Pero aquí hay consideraciones extralegales. Para las AFP, sometidas al juicio público desde hace años, aparecer aceptando un pago menor al determinado por la justicia podría agregar otro daño más a su imagen. Y se arriesgarían a que algún grupo de afiliados las demande por aceptar la oferta con descuento de una empresa condenada a un desembolso mucho mayor.

Un abogado responde que esa lógica operaría también en el camino inverso: si no aceptan un pago real y seguro y optan por no recibir nada también podría incumplir su deber fiduciario de hacer lo mejor por sus afiliados.

Las AFP ya están analizando el tema -también con la autoridad- y serán sus directorios los que probablemente resuelvan el camino final. Para ello, en todo caso, aún faltan varias semanas. Y que exista ánimo para sentarse todos a una misma mesa.