“Fatiga tributaria” es la frase que más se repite hoy en el ambiente político para transmitir el fragmentado momento que se abre tras la arremetida del gobierno para consensuar una reforma tributaria. El precio que deberá pagar esta vez el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para sacar adelante el cambio impositivo, es radicalmente más alto que el que debió saldar por el proyecto rechazado en la Cámara de Diputados en marzo pasado y que constituyó su mayor derrota política desde que llegó a Teatinos 120.

A diferencia del proceso anterior, el reciente anuncio del Presidente Boric de insistir con un nuevo proyecto tributario a fines de julio ante el Senado estará marcado por un escenario político más adverso, luego del triunfo republicano en las elecciones constituyentes y una economía que transita entre los números rojos y el estancamiento. Pero el nuevo capítulo tributario también estará rodeado por la decisión explícita del gobierno de conversar la reforma con los empresarios antes que con el mundo político, y el interés del oficialismo por caracterizar este nuevo intento como un “pacto fiscal” que incluya destinos visibles de recaudación y aportes del Fisco que impliquen “dolorosos” recortes en gastos ineficientes.

De hecho, esta semana el propio Presidente Boric entró en escena y se reunió con el timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes; y la nueva líder de la Sofofa, Rosario Navarro, con quienes conversó acerca de los ejes del llamado pacto fiscal que pretende reimpulsar el gobierno.

Mientras el proyecto original (incluido royalty a la minería e impuestos correctivos) bajó de 4,1% a 3,6% del PIB su recaudación estimada, el denominado corazón de la reforma que fue rechazado en marzo pasado (normas contra la evasión y elusión, impuesto al patrimonio, exenciones y nuevo impuesto a la renta, entre otros) bordeaba el 2,7% del PIB.

Esta vez, la nueva propuesta será necesariamente menos ambiciosa y buscaría recaudar en torno al 2%, tal como lo ha reconocido el propio Marcel públicamente, quien ha deslizado la posibilidad de retirar el impuesto al patrimonio del menú tributario y “suavizar” el impuesto a las utilidades retenidas.

“La reforma tributaria que queremos enviar es la que concite el apoyo más amplio de los distintos sectores políticos en este proceso de consulta. Hay un tema práctico que es que necesitamos dos tercios en el Senado para aprobar este proyecto. Con seguridad el proyecto va a ser distinto del que se rechazó en la Cámara de Diputados, no sólo como un tema de votos, sino como reconocimiento de que un pacto fiscal requiere un apoyo amplio para perdurar en el tiempo”, afirmó Marcel a Pulso la semana pasada al dar las primeras señales de flexibilidad en torno al contenido de la nueva iniciativa.

Sin embargo, las barreras y claves en juego en la arremetida oficialista hacen que el desafío de Marcel y Boric se convierta en una misión compleja y un “trabajo de joyería”, pero con aún posibles y acotados espacios de éxito, los que dependerán de cuánto esté dispuesto a ceder el gobierno en su propuesta tributaria.

Aunque aparentemente momentánea, la decisión del gobierno de conversar primero la reforma tributaria y previsional con los empresarios ha generado molestia en el mundo político de oposición. En lo que muchos consideran una calculada estrategia de Hacienda y Palacio para “pavimentar” el camino de la negociación posterior con el Congreso, Marcel ha tildado al mundo empresarial de “pragmáticos” y ha alabado su apertura a buscar soluciones en materia de reformas. La entrada en escena de Boric esta semana en la reunión con los empresarios reafirma esta decisión.

Sin embargo, la apuesta del gobierno de conversar la reforma directamente con los empresarios, el despliegue mediático y la excesiva “buena disposición” del mundo privado en sus recientes citas con Boric y Marcel no sólo ha despertado recelos entre los parlamentarios de oposición, sino también “ruidos subterráneos” en el propio empresariado.

“Algunos se defienden solos. Desde la UDI defendemos principios, no personas ni intereses. Vamos a defender siempre a las pymes que son el 80% de la fuerza laboral. Ni un peso más hasta que no se mejore la eficiencia en el gasto público. #NoAlOferton”, declaró en Twitter la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, luego de las citas de grandes empresarios en La Moneda, lo que va en línea con la explícita molestia mostrada por sus pares de RN.

“Si el gobierno cree que porque llegó a un acuerdo con un grupo de empresarios avanzó mucho, está cometiendo un error”, dijo recientemente a Pulso el senador RN Rodrigo Galilea.

En el propio empresariado han surgido grietas con el estilo y apertura mostrada por los líderes gremiales. “Es posible que Marcel presente su mismo proyecto maquillado y nefasto habiendo usado la ‘buena voluntad’ de los dirigentes gremiales. Los malos de la película, si se rechaza el proyecto, serán los senadores de derecha”, estiman en círculos empresariales. La apertura causa división entre algunos consejeros de la Sofofa. Mientras uno dice que los gremios casi por definición no deberían estar disponibles a subir impuestos; otro aplaude la promesa de Hacienda de hacer más eficiente el gasto y buscar medidas procrecimiento, algo a lo que es difícil negarse.

En un intento por matizar la exposición pública del empresariado esta semana y bajar las tensiones, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, dijo estar comprometido a entregar su opinión técnica sobre la propuesta dada por el gobierno y afirmó que no buscan suplir la negociación que debe hacer el mundo político. “Nosotros no vamos a negociar, porque ese rol le corresponde a los parlamentarios, al Congreso, y no a los empresarios”, dijo tajante el líder empresarial a Pulso por escrito.

“Lo que conocemos hasta ahora es sólo lo que todos conocimos en la propuesta de reforma tributaria que fue rechazada y que claramente afectaba el ahorro, la inversión, y con ello, el crecimiento y el empleo. Ese tipo de medidas tendrían que cambiar radicalmente en una nueva propuesta, porque lo que Chile necesita hoy es salir del estancamiento económico y de la baja inversión, y crear urgentemente empleos de calidad. Si el pacto fiscal que propone el gobierno no contiene un foco proahorro, proinversión y procrecimiento, no vemos viable que se logre un acuerdo en el Congreso”, añadió.

Un influyente asesor tributario ligado al socialismo democrático dice que las seis reformas tributarias realizadas en los últimos 12 años han generado una suerte de “fatiga” en el debate impositivo y afirma que las prioridades sociales hoy están en la agenda de delincuencia, en la inflación, el crecimiento y la salud.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), coincide. “No es una buena noticia que de lo único que se esté hablando sea la reforma tributaria, lo que no es prioridad. El país está con un problema de crecimiento que se arrastra, con un desempleo que va subiendo. El gran tema debiera ser cómo el país vuelve a crecer y generar empleo”, afirma el parlamentario, quien evita hablar de las conversaciones entre el gobierno y los empresarios, y las propuestas tributarias en la mesa.

El senador y miembro de la Comisión de Hacienda José García Ruminot, asegura que más allá de establecer normas que combatan la elusión y evasión, no hay muchos espacios para aumentar los impuestos. “Hay un alto endeudamiento de las empresas y aumentos de costos laborales. Estamos recargando de obligaciones a las empresas y hay que ser cuidadosos porque esto no es un saco sin fondo. Hoy la prioridad es más la reforma previsional que la tributaria”, afirma el senador de RN.

Si bien la tasa de inflación ha comenzado a ceder en los últimos meses, la tasa de interés aún se mantiene sobre el 11% y las dudas sobre una pronta recuperación de la actividad se expanden en el mercado, donde ven un alza de costos para el aparato productivo derivadas del proyecto de 40 horas semanales, el aumento del salario mínimo, el royalty a la minería y la posible alza de la cotización previsional.

El excoordinador de Políticas Tributarias de Hacienda durante la segunda administración del Bachelet, Alberto Cuevas, reconoce que las prioridades sociales amagan las posibilidades de avanzar en una reforma tributaria. “Venimos de un largo proceso de 12 años de reformas tributarias permanentes, las prioridades políticas, sociales y económicas van en otra dirección y ya se han aprobado proyectos estructurales que es necesario implementar y evaluar, los que imponen grandes desafíos a nuestro sistema productivo y al mercado laboral”, afirma el también socio de Tax & Legal de KPMG.

El énfasis puesto por Boric de llamar “pacto fiscal” al reintento por aprobar una reforma tributaria no es sólo semántico. Detrás del nuevo nombre aparece una estrategia de Hacienda por encantar a la oposición con los destinos de la recaudación y la posibilidad de eficientar el gasto público.

Un optimista senador Ricardo Lagos Weber (PPD)dice que el gobierno ha dado una señal clara en su voluntad de alcanzar un entendimiento. “Este compromiso no es solo del ministro Marcel, sino que también del mismo Presidente. Es posible llegar a un entendimiento con la oposición no solamente en el tema tributario propiamente tal, sino también respecto del destino de los recursos de una mayor recaudación: por ejemplo, en los temas de seguridad ciudadana, la PGU, las listas de espera y la política nacional de cuidados. Un compromiso del gobierno, a su vez, de mejorar la gestión de los recursos públicos y eventualmente evaluar reducir y/o cerrar programas no bien evaluados, ayudaría a llegar a ese entendimiento”, reflexiona el también presidente de la Comisión de Hacienda.

El análisis que se hace al interior del oficialismo es que sería difícil para la oposición rechazar un proyecto que tenga como destinos temas tan sensibles para la población como la agenda de seguridad, las listas de espera, subir la PGU a $250 mil, y un anhelado recorte de programas ineficientes del Estado. “El gobierno está muy entregado y dispuesto a llegar a un acuerdo, pero si no hay entendimiento, la estrategia es que la derecha también pague los costos políticos de no tener una reforma tributaria”, afirma una influyente fuente cercana a Hacienda y La Moneda.

El plan que maneja con reserva el gobierno apunta a lograr un rápido consenso en medida contra la elusión y evasión, cuya recaudación es del 1,6% del PIB, incorporar medidas proinversión y de recorte de programas mal evaluados, sumar impuestos correctivos, convencer a la oposición de subir levemente impuestos que generen mayor progresividad e incorporar gradualidad a las medidas.

“Además de los recursos que se logran con una mayor contención de la elusión y la evasión, es posible explorar y adicionar tal vez algunas décimas más de alzas de impuestos, con una significativa gradualidad. Creo que hay salidas alternativas con las cuales podríamos llegar a acercarnos a un acuerdo muy importante y despejar el tema tributario a mediano plazo, tal como lo hemos logrado hacer en el royalty”, añade Lagos Weber.

Uno de los impuestos que los empresarios han puesto en la mesa para completar algunas décimas más de recaudación, en vez de gravar el patrimonio de las empresas, es el que pagan las personas. Ricardo Mewes no sólo propuso ampliar la base de este impuesto a la renta de las personas (cuyo mínimo exento está en $770 mil), sino también habló de subir al 48% el tramo superior (hoy en 40%), lo que afectaría a las personas que reciben rentas por más de $18 millones mensuales (unas 9 mil personas).

Sin embargo, el senador José García Ruminot dice que los senadores de RNsólo están disponibles para aprobar las normas antielusivas y rechaza ajustar o ampliar los tramos del global complementario por sus efectos en la clase media y los profesionales. “Esto es muy impopular y tampoco se generan rentas tan grandes”, concluye el senador RN.

De esta forma, el puzle que debe armar Marcel para lograr un consenso transversal parece cada día más complejo y dependerá en gran medida de cuánto esté dispuesto a transar en recaudación y en el tipo de impuestos que incluya en la nueva propuesta tributaria.