Las declaraciones que recogió la CMF para multar a Chilena Consolidada, su exgerente general y su expresidente

¿Cuánto sabía el directorio, y sobre todo cuándo se enteró? ¿Quién estuvo a cargo de las negociaciones? ¿Por qué los pagos a una empresa que en la práctica funcionaba como corredora de seguros, sin serlo, no estaban en los contratos? Esas fueron algunas de las cuestiones que preguntó la Fiscalía de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a una serie de ejecutivos y directores de Chilena Consolidada con el fin de determinar las responsabilidad en el denominado Caso Codelco.

El regulador informó que multó a Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., al ex presidente del directorio, Hernán Felipe Errázuriz, su ex director Jorge Molina, y el ex gerente general, José Manuel Camposano por el escándalo por los sobreprecios en las pólizas de seguros de vida y accidente firmados entre la aseguradora y los sindicatos de Codelco N° 1, 2 y 3 de la División Chuquicamata y el correspondiente en la División Radomiro Tomic.

En su momento, Codelco acusó ser víctima durante 14 años de los sindicatos de las Divisiones del norte del país, la aseguradora Chilena Consolidada y la empresa intermediaria Gestión y Servicios (GyS), y por el cual la estatal estimó un impacto de US$ 22 millones.

A la empresa aseguradora controlada por Zurich se le aplicó una sanción económica de UF 7.500, es decir $ 232.288.500. Según la CMF, la multa se ajusta al procedimiento de colaboración compensada establecido en el artículo 58 del Decreto Ley N° 3.538. “La compañía de seguros ingresó su auto denuncia en febrero de 2020. Su colaboración le permitió a la Unidad de Investigación contar con elementos de prueba necesarios, rebajándose la sanción en un 50%”, dijo el regulador.

La multa para José Manuel Camposano, ex gerente general de Chilena Consolidada, fue de UF 2.500, es decir $ 77.417.050; para Hernán Felipe Errázuriz, expresidente del directorio, la multa es de UF 600, esto es $18.580.092 por infracción al deber de cuidado y diligencia. La misma sanción económica determinó la CMF para Jorge Molina Pérez, ex director de Chilena Consolidada. En total, 11.200 mil UF.

En concreto, el regulador acusa a la aseguradora de haber facilitado los medios para que la empresa Gestión y Servicios actuara como corredor de seguros, sin estar inscrita en los registros que exige la ley; no incorporar en las pólizas de los seguros contratados los pagos devengados a favor de los mismos, bajo conceptos de devolución de prima, al menos entre enero de 2005 y noviembre de 2018; y efectuar pagos, bajo concepto de devolución por experiencia favorable (DEF), sin que tuvieran tal calidad, a los Sindicatos números 1, 2 y 3 de la División Chuquicamata y el Sindicato de la División Radomiro Tomic, ambas de Codelco, y no a quienes soportaron el pago de la prima en su patrimonio; esto es, Codelco (50%) y los correspondientes sindicatos (50%), al menos entre enero de 2005 y noviembre de 2018.

Desde mediados de 2018 algunos ejecutivos de la compañía estaban en antecedentes de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el directorio recién se enteró de la situación completa en mayo de 2019. Así al menos lo reflejan las declaraciones de varios personeros de la compañía de seguros.

Juan Garnham, exgerente de seguros colectivos de Chilena Consolidada, declaró el 12 de marzo de 2021, y expresó que “con Javier Rehbein (exgerente regional de suscripción) nos correspondió hacer la tarificación del riesgo asociada a los seguros de los sindicatos de Codelco presentados por Gestión y Servicios, la que fue presentada al gerente general para su aprobación. La tarifa calculada fue aceptada por la gerencia general y la propuesta presentada en la licitación fue firmada por José Manuel Camposano”.

El 9 de septiembre de 2020, Marcelo Álvarez Jara, vicepresidente de recursos humanos de Codelco, testificó ante la CMF; y señaló que en 2018, “tras analizar las distintas palancas que permitían optimizar costos, me tocó conocer la situación de los seguros de vida de Chuquicamata, donde se apreciaba una desviación respecto de la tendencia de costos en otras divisiones por beneficios medianamente similares, concluyéndose que existía un potencial espacio de optimización de costos en estos seguros. En julio de 2018, sostengo reunión con Arturo Fuenzalida (exgerente de seguros colectivos) y Ricardo San Martín (exgerente comercial corredores), donde les manifiesto mi preocupación por los costos de las pólizas de vida de Chuquicamata”.

José Manuel Camposano, exgerente general de Chilena Consolidada, declaró el 27 de febrero de 2020, que en 2005 firmó los contratos con Gestión y Servicios para la asistencia legal y administración para los sindicatos de Codelco con los cuales tenía contratos. Y explicó que “el día 28 de enero de 2019, a solicitud de Arturo Fuenzalida, gerente de la división de negocios empresas, llevamos a cabo una reunión con Marcelo Álvarez, vicepresidente de recursos humanos de Codelco, en las oficinas de Codelco”, en la cual se le presentaron los reparos por los precios de las pólizas.

“Luego de la reunión, levanté el tema a Mauricio Santos, fiscal y oficial de cumplimiento, por la acusación que se había hecho a Javier Rehbein (exgerente regional de suscripción) y le solicité a Arturo Fuenzalida que me aclarara el tema de los DEF (devolución por experiencia favorable)”, dijo Camposano

Y agregó: “la respuesta de Arturo Fuenzalida fue que era efectivo que no estaban en las pólizas, pero que sí estaban en las bases de las licitaciones y que iba a obtener la documentación que lo respaldaba”.

Así, el 6 de marzo de 2019 los dirigentes del sindicato N° 3 de Chuquicamata se reunieron con Camposano: “Fueron a mi oficina, no recuerdo si 4 o 5 dirigentes sindicales. Esta es la primera oportunidad en que me doy cuenta que hay contratos entre GyS y los sindicatos. Aquí ocurre un segundo hecho: me pregunta que cuándo le vamos a pagar la cuota de 92 millones de pesos que falta. Yo les pregunto de qué están hablando. Y me muestran un email enviado por Arturo Fuenzalida, en que se consignaba que Chilena Consolidada pagaría 92 millones de pesos anuales, por 3 años”.

Ante ello, relata el exgerente general, “dada la gravedad de lo que ocurrió en la reunión del 6 de marzo de 2019, Mauricio Santos, oficial de cumplimiento de la compañía, ya estaba al tanto y, por lo tanto, se lo tiene que haber informado a las personas que estaban haciendo la investigación respecto de Javier Rehbein. Yo, por mi parte, se lo informé a mi jefe, Claudia Dill, no recuerdo la forma, y solicité una reunión al presidente del directorio, Hernán Felipe Errázuriz; reunión que ocurrió en su oficina el día 8 de marzo de 2019″.

Según Marcelo Álvarez, de Codelco, en su declaración ante la CMF, “a finales de octubre de 2019 nos enviaron un acuerdo en que se comprometían a realizar una devolución del orden antes señalado (UF 28.500), que correspondía en un 50% a Codelco y en un 50% a los trabajadores de esta, la que quedaba sujeta a no llevar a cabo ningún tipo de acción adicional por parte nuestro, respecto a este periodo y, eventualmente, a otros año atrás; algo que tampoco aceptamos. Nosotros no teníamos conocimiento de que estuvieran pactadas ni que se hubieran realizado pagos por devoluciones por experiencia favorable, dado que no aparecían expresamente en las pólizas, ni tampoco fueron mencionadas en las reuniones señaladas previamente con Chilena Consolidada”.

“Codelco nunca recibió pago por DEF asociado a las pólizas de los sindicatos de trabajadores de Chuquicamata y Radomiro Tomic con Chilena Consolidada, directamente o a través de GyS u otra entidad vinculada. A mayor abundamiento, en las pólizas que teníamos conocimientos, no existía pactadas las DEF, ni en el condicionado general ni en el condicionado particular”, dijo Álvarez.

El 19 de enero declaró ante la CMF Leonardo Muñoz, exgerente regional zona norte de Chilena Consolidada, y señaló respecto de las personas de la compañía que participaban de los procesos vinculados a la gestión, contratación y/o renovación de los seguros asociados a los sindicatos de trabajadores de las distintas divisiones de Codelco y, específicamente, de Chuquicamata y Radomiro Tomic, que “las personas que participaban eran el Gerente de Seguros Colectivos, el Sr. Juan Garnham, el Sr. Javier Rehbein y, posteriormente, el Sr. Arturo Fuenzalida. Entiendo que, por la magnitud del negocio, el Gerente General de Vida, el Sr. José Manuel Camposano, también tomaba parte de las decisiones en torno al negocio, por ejemplo, a nivel de las tasas con las cuales se competía en las licitaciones”.

El hoy expresidente de la asegurador, Hernán Felipe Errázuriz, declaró el 20 de octubre, acompañado por el abogado de Claro & Cía., Alex Van Wezzel y apuntó que “tomé conocimiento de que existía un problema de precios, un problema comercial, a mediados de 2018; problema que me fue comunicado por el gerente general, Sr. José Manuel Camposano, quién había recibido un reclamo por el costo de servicios asociados a ese seguro”.

“En marzo de 2019, el gerente general me informó que se inicia (o se iba a iniciar) una investigación regional y que el encargado de la investigación afirmó que había que proceder a la autodenuncia o algo parecido”, dijo Errázuriz, quien sostuvo que hasta esa fecha “era un tema comercial y de sospecha de que los sindicatos habían recibido algo indebido”. Luego agregó que en mayo de 2019, “a raíz de un oficio de la Comisión en que pedían las pólizas asociadas a esos seguros, que me fue informado por el fiscal, puse en conocimiento del directorio de que había una investigación sobre estos contratos”.

“No conocía la mecánica de estas pólizas. No tenía conocimiento de pagos irregulares a los sindicatos por estas pólizas. A raíz del informe que se entrega sobre estas pólizas, se da cuenta de estos pagos. El gerente general sostuvo siempre que todo se hizo correctamente y que este era un problema comercial y de diferencias entre Codelco y sus sindicatos”, dijo el expresidente de Chilena Consolidada.

Y dijo respecto del despido de Camposano, que “hay un acuerdo de directorio en que se le despide por incumplimiento de obligaciones propias de su cargo. Los asesores informaron que había motivos justificados para su despido, por incumplimiento de esas obligaciones como gerente general de la compañía; en particular, su obligación de haber tenido conocimiento y no haber informado íntegramente de todos los aspectos de estos contratos”.

Lucía Santa Cruz, directora de la compañía de seguros, declaró el 31 de marzo de 2021, instancia en la que aclaró que “yo tomé conocimiento de esas pólizas cuando la Comisión envió un oficio en abril de 2019, el cual fue comunicado en el directorio de mayo. Un poco antes supimos que había reclamos de Codelco, pero formalmente, en mayo, la CMF pide las pólizas y eso, en retrospectiva, pienso que nos dio una gran tranquilidad; esto es, saber que la CMF estaba analizando las pólizas. En ese momento, lo que nosotros veíamos era un problema comercial (...)”.

“Tengo la sensación de que, por mucho tiempo, el problema se le minimiza al directorio por parte del gerente general de la compañía. Siempre se nos presentó, inicialmente, como un problema de precios. Durante mucho tiempo, el énfasis que se nos transmitió era de un problema comercial de pólizas más caras del promedio de mercado. Después nos enteramos que hubo una reunión del gerente general con personas de Codelco, en donde se había entendido que el tema se solucionaría devolviendo la diferencia que se había producido en valor de las asistencias incluidas en las pólizas, entre lo cobrado por GyS y la empresa que posteriormente la reemplazó”, dijo Santa Cruz.

Y agregó que “entre mayo y octubre, también había habido una reunión en julio, y ahí creo que fue la primera vez que el directorio tuvo conocimiento de irregularidades a nivel de DEF, pero mucho más tarde que supimos que las irregularidades fueron bastante más graves, en el sentido de que no fueron incluidas en las pólizas”.

Por último, la directora de Chilena Consolidada, declaró que “con posterioridad se me informó que el presidente del directorio tenía conocimientos previos y, de buena fe, tomó la decisión de no informar al directorio al momento de saber del resto de problemas. Creo que no lo hizo hasta tener una información más completa”.

Según la CMF, desde que Errázuriz se informó del caso hasta que el directorio finalmente lo discutió, la mesa realizó tres sesiones. Por ello lo multó.