Las seis reformas que agitan la economía

Origen: Cuando se presentó el primer proyecto para retirar un 10% de los fondos de pensiones, se dijo que era excepcional y por única vez. Ahora ya se discute el tercer retiro del 10%. La diputada Pamela Jiles fue quien ingresó la primera iniciativa para el tercer retiro. Luego se fueron sumando otras mociones.

El contenido: El proyecto aprobado en el hemiciclo fue por 120 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. La propuesta contempla un retiro del 10% de los fondos de pensiones que tiene cada persona en su cuenta individual, con un máximo de UF 150 ($ 4,5 millones) y un mínimo de UF 35 ($ 1 millón). Quienes poseen menos de ese monto en el total de su cuenta pueden retirarlo íntegramente. Se incluyó que los pensionados por rentas vitalicias puedan adelantar el pago de sus rentas hasta por el monto equivalente al 10% de los fondos originalmente traspasados a cada asegurador, con un monto máximo de UF 150. El retiro está libre de impuestos.El jueves la Cámara de Diputados lo aprobó y despachó al Senado.

El impacto: Al sumar los tres retiros, la Superintendencia de Pensiones calculó que el monto de las pensiones caería en promedio 28,5% a la edad de la pensión, siendo las mujeres (-33,3%) más afectadas que los hombres (-24,3%). Al considerar los dos primeros retiros, ya son 2,9 millones de afiliados los que se han quedado con saldo cero, cifra que se subiría a 4,9 millones de concretarse este último proyecto. Hasta ahora se han retirado unos US$35 mil millones y con el tercero se podría superar los US$55 mil millones si todos accedieran a su 10%. Así, se habría retirado el 24% del total de los fondos que había antes de comenzar con estas medidas (US$233.451 millones).

¿Qué dijo el gobierno? Al término de la votación, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, afirmó que están preparados para ir al Tribunal Constitucional, lo que fue refrendado el viernes por el propio Presidente Sebastián Piñera. El lunes, la Comisión de Constitución del Senado, a las 10:30, comenzará a analizar el proyecto.

¿De qué trata? Ignacio Briones, como ministro de Hacienda, puso la revisión de las exenciones tributarias como un tema prioritario. Creó una comisión de expertos presidida por el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, y había un compromiso de enviar un proyecto de ley durante este primer semestre. Cuando asumió Rodrigo Cerda en Teatinos 120 a fines de enero, el tema dejó de ser prioridad. Las urgencias eran otras. Sin embargo, ahora ha vuelto a estar sobre la mesa de Hacienda.

Situación actual. Sobre la base del informe que entregó Vergara, Hacienda estaría elaborando su propia propuesta para presentar en el corto plazo. De hecho, mañana cuando se dé a conocer el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, se entregará también el informe de gasto tributario que elabora el Servicio de Impuestos Internos (SII). Para 2020, el SII estimó que las exenciones en Chile alcanzan los US$ 9.333 millones.

Propuestas: Hacienda ha debido retomar el tema a instancias del propio Presidente Piñera -como una alternativa al impuesto a altos patrimonios-, pero además en medio de una presión política al respecto. Los parlamentarios de oposición ya incluyeron en el proyecto para subir el tributo a los altos patrimonios, dos exenciones a eliminar durante 2021 y 2022: una, los beneficios establecidos en los artículos 107 de la Ley sobre impuesto a la renta, sobre la enajenación o rescate de acciones y otros instrumentos con cotización bursátil ( ganancia de capital) y la exención que beneficia a los retiros de los Fondos de Inversión Privado. Además, los senadores de oposición también tienen su propuesta, con seis exenciones a abordar en el corto plazo, e instaron al gobierno a enviar un proyecto de ley. Entre los que proponen está el crédito de la construcción, renta presunta, tributación de fondos de inversión privado, ganancia de capital. En el oficialismo, el propio exministro Briones -ahora candidato presidencial de Evópoli- lanzó su propia agenda de 10 “privilegios” a eliminar. En su lista incluye las exenciones a la ganancia de capital, construcción, diésel y renta presunta. Su plan recaudaría poco más de US$ 3 mil millones anuales. RN y la UDI también tienen su propuesta.

¿Cómo surgió? Es un proyecto de la oposición del año 2018, entre cuyos autores figuran la diputada Alejandra Sepúlveda y los diputados Jaime Mulet, Esteban Velásquez y Pedro Velásquez, y busca crear un nuevo royalty a las ventas de cobre y litio, gravándolos con un 3% del valor nominal de los minerales extraídos. Esto modifica la ley actual (que ya cambió la legislación de 2005), que grava con una tasa variable el margen operacional minero, que puede ir entre una tasa efectiva del 5% al 14%.

Lo que busca. Originalmente, el proyecto buscaba recursos para el desarrollo en las regiones donde están los yacimientos, para mitigar los efectos medioambientales. Sin embargo, tras la pandemia se le introdujo indicaciones, como una que incluye que los recursos, además de lo anterior, tendrían que destinarse a financiar una renta básica y universal de emergencia en el contexto del estado de excepción constitucional. A fines de marzo la iniciativa fue aprobada en la Sala de la Cámara y volvió a la Comisión de Minería de la instancia, para ver los cambios en particular. No hay una estimación de cuánto recaudaría, lo cual dependería del precio del cobre.

Cuánto recauda hoy. Según la Dirección de Presupuestos, desde 2007 hasta 2020 el royalty (incluido Codelco) ha significado para el país ingresos por más de US$ 9 mil millones, siendo los peak los años 2011 y 2012, con US$ 1.198 millones y US$ 1.269 millones, respectivamente. Desde la industria minera señalan que si un royalty se realiza sobre el precio y no sobre las utilidades, habría años en que las firmas deberían endeudarse para pagar el tributo.

¿De qué se trata? Es una indicación al proyecto de impuestos a altos patrimonios ingresada por el diputado DC Matías Walker, que consiste en un aumento transitorio de la tasa del Impuesto de Primera Categoría a las compañías con ingresos superiores a 1 millón de UF (US$ 41 millones), a un 30% para las utilidades que se perciban o devenguen durante los ejercicio 2021 y 2022. Actualmente la tasa del impuesto de primera categoría es del 27%.

Universo de empresas Según información del Servicio de Impuestos Internos (SII), en 2019 hubo 2.261 empresas que tuvieron ventas sobre 1 millón de UF, que son las que entrarían en este nuevo gravamen transitorio. Este número equivale al 0,2% de las firmas del país (1.294.136). De acuerdo a Walker, el alza de impuesto a las grandes empresas del 27% al 30% significará contar con ingresos del orden de US$ 900 millones anuales.

Efectos Si bien esta iniciativa es, según se indica, temporal, se da en un contexto en el que el impuesto corporativo a las empresas en Chile ha ido en constante aumento en los últimos 20 años, pasando del 15% en 2000 al 27% de hoy, en dirección opuesta a lo que ha pasado con la tasa promedio de los países de la Ocde (que pasó del 32% al 23%). De acuerdo a un estudio publicado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), esto genera impacto en la tasa de inversión privada en el país, más acotada en el corto plazo, pero más profunda en el largo. En particular, los ejercicios a nivel agregado apuntan a que un aumento de un punto porcentual en el impuesto corporativo tendría un efecto negativo sobre la inversión de alrededor de 0,1 puntos del PIB en el corto plazo y de entre 0,24 y 0,65 puntos porcentuales en el largo plazo.

¿Cómo surgió? El 9 de marzo, el alcalde de Las Condes y precandidato presidencial Joaquín Lavín, entregó una idea alternativa al retiro del 10% de los Fondos de Pensiones. La propuesta consiste en utilizar los recursos del Seguro de Cesantía para hacer frente a la crisis. Cada persona podría retirar un mínimo de $ 400 mil con un tope de $ 1 millón.

¿Qué dijo el gobierno? En un principio, el gobierno descartó esa idea. Sin embargo, con la llegada de Patricio Melero a la cartera de Trabajo y ante el avance del proyecto del tercer retiro, se comenzó a evaluar para llegar a un acuerdo. Si bien se analizaron cifras y cobertura, no se logró el pacto con el oficialismo y el retiro de fondos avanzó al Senado. La opción que barajó el Ejecutivo es permitir el retiro por un monto máximo de $ 400 mil y sólo a personas con una renta de hasta $ 1,5 millones mensuales. Las negociaciones se trasladan ahora al Senado.

¿Cuándo se creó? El Seguro de Cesantía se creó en 2001 y comenzó a funcionar en 2002, y cuenta con casi US$ 12.000 millones. El financiamiento es tripartito. El trabajador aporta el 0,6% de su remuneración imponible, mientras que la empresa lo hace en un 2,4%. De ese total, 1,6% va a una cuenta individual y el resto a un Fondo Solidario. El Estado, en tanto, aporta 225.792 UTM depositadas en 12 cuotas en el Fondo Solidario, a través de la Tesorería General de la República.

¿Cómo funciona? Hay 5.604.608 de afiliados sin cotizaciones (86% tiene más de 7 meses sin cotización) y 4.962.264 con cotizaciones a diciembre de 2020. Del total general, un 19% no tiene fondos en su cuenta individual; un 48% tiene saldos menores a $ 200.000, y el 33% posee saldos superiores a los $ 200.000. El universo de beneficiarios es de poco más de 10 millones de personas. Al momento de usar este seguro, el trabajador primero utiliza su cuenta individual y luego los recursos del Fondo Solidario. Puede obtener entre 1 y hasta 13 giros mensuales, siempre que el saldo de su Cuenta Individual lo permita.

¿De qué se trata? Es un proyecto de las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola, entre otros parlamentarios, que establecía originalmente un impuesto, por una vez, de 2,5% sobre el patrimonio bruto de las personas naturales con patrimonio sobre los US$ 22 millones. Con las indicaciones actuales sería sobre el patrimonio neto, es decir, descontado pasivos.

Recaudación. Según el proyecto original se podrían recaudar hasta US$ 6.500 millones (2,3% del PIB). Sin embargo, estimaciones posteriores entregadas desde el Partido Comunista hablan de entre US$ 5 mil y US$ 5.500 millones. De todas formas, estos números de recaudación estarían lejos de lo que ha pasado a nivel internacional y también hay controversia sobre el número de personas afectas. El SII indicó hace unas semanas que solo 1.409 personas calificarían para pagar el gravamen bajo los parámetros del proyecto, muy por debajo de los 5.840 contribuyentes que se indica en la moción parlamentaria, lo que limitaría drásticamente el monto recaudado.

Experiencia internacional. Un reciente estudio de ClapesUC sobre la experiencia de los países Ocde, muestra que “el impuesto al patrimonio disminuye la riqueza reportada por los hogares, mientras que estimaciones empíricas para la elasticidad del stock de capital sugieren que sus efectos sobre la actividad económica son relevantes”. Asimismo, sobre lo que ha pasado en los países desarrollados que lo han aplicado, muestra que la recaudación ha sido muy inferior, incluyendo a Noruega (0,53%), Holanda (0,26%), Islandia (0,2%), Austria (0,14%), Suecia (0,13%), Alemania (0,11%) y Finlandia (0,1%), por cada punto de impuesto. Actualmente solo 4 países de la Ocde tienen un impuesto de este tipo: España, Noruega, Suiza y Colombia (recientemente incorporada al bloque). Otros 10 ya lo han eliminado. El más reciente, Francia, en 2017.