Desafíos en términos normativos y legales son los que enfrentará el sistema bancario durante este 2024, donde la discusión del proyecto de ley que busca modificar la actual legislación de fraude con tarjetas seguirá siendo protagonista.

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A fines de 2023, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó la idea de legislar respecto de la iniciativa. En diversas presentaciones, tanto la autoridad como las instituciones financieras privadas han explicado los perjudicial de la ley existente. De hecho, fue en esta sesión donde el ministro de Hacienda, Mario Marcel, mostró su preocupación: “Esta legislación desgraciadamente se está transformando en una escuela de fraude para decenas de miles de chilenos y chilenas. Decenas de miles están aprendiendo de sus vecinos, de sus familiares cómo concurrir a una sucursal bancaria, mentir desconociendo una operación, para luego obtener el reembolso de $400 mil”, ejemplificó el titular de la cartera.

Aprobada en 2020, la legislación vigente detalla que a partir del momento en que el titular de una tarjeta reporta el extravío, hurto, robo o desconoce una operación realizada con el plástico, el emisor deberá abonar al titular dentro de los cinco días hábiles siguientes al aviso el monto defraudado, si es hasta UF35 ($ 1.288.000 aproximadamente). La obligatoriedad de abonar los recursos exigidos, sumado a la dificultad de acreditar dolo en casos de sospecha de una operación fraudulenta por parte del cliente, ha levantado las alertas en la banca y ha llevado a una creciente judicialización.

Según la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la proyección para 2023 es que el sistema bancario sufrió US$350 millones en pérdidas por esta ley. De dicho monto, a diciembre del año pasado, US$137 millones corresponden a BancoEstado.

De hecho, de acuerdo a las cifras que dieron a conocer los propios bancos al cierre de 2023, 671.352 usuarios dijeron haberse visto afectados el año pasado en todos los medios de pago, lo que constituye un incremento de 117% con respecto a 2022. Con ello, se convierte en el año con mayor número de usuarios que sufrieron un fraude, desde que a fines de mayo de 2020 empezó a operar la llamada Ley de Fraude con Tarjetas.

BancoEstado representó un 59% de ese total, ya que en la entidad estatal fueron 396.045 usuarios los que reportaron haberse visto afectados. Esto es un incremento de 316,7% en comparación a las cifras que anotó el banco público en 2022, cuando hubo 95.035 usuarios que acusaron haber sido objeto de un fraude.

En esa misma línea, los montos involucrados también alcanzaron su mayor nivel del que hay registro, ya que en el total de la banca fueron $243.198 millones lo que los usuarios reportaron en fraudes el año pasado, un alza de 123% versus 2022. BancoEstado también representó más de la mitad de ese total (54,5%), ya que registró $132.547 millones en montos defraudados, esto es un incremento de 749% versus lo que anotó en 2022.

En paralelo a esta discusión, se lleva a cabo la tramitación del proyecto que busca crear un registro de deuda consolidada, iniciativa que continúa avanzando en el Congreso y que ha sido solicitada por distintas autoridades y actores del mercado desde hace varios años. La Comisión de Economía del Senado ya aprobó el proyecto. Principalmente, la normativa permitirá evitar el sobreendeudamiento, obtener mejores tasas y condiciones crediticias y potenciar el bienestar financiero de las personas y emprendimientos.

En términos normativos, la puesta en marcha del Pilar 2 en el marco de la implementación de Basilea III, ya se inició, pero la propuesta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para modificar el cómo se calculan las mayores exigencias a los bancos, está causando ruido. El texto en consulta del regulador propone eliminar de la norma aquella disposición que permite a la CMF exigir más capital a un determinado banco sólo si el riesgo de mercado en el libro de banca supera el 15% del CET1, que es el capital más duro de los bancos, compuesto por capital básico, principalmente las acciones ordinarias, instrumentos híbridos como bonos perpetuos y reservas. Es decir, la CMF ahora buscaría cubrir todos los riesgos presentes, sin margen. En un cálculo inicial, esta modificación podría implicar entre dos a tres puntos porcentuales de capital adicional, llegando hasta unos US$6.000 millones a nivel del sistema.

Para la banca, esta es una norma crítica, donde esperan que haya algunas modificaciones. Ahora también vendrá el trabajo de la industria para hacer sus modelos internos.

Inicialmente, la CMF había establecido que el proceso de consulta pública de esta norma se realizaría entre el 12 de diciembre de 2023 y el 3 de enero de 2024. Pero luego el regulador dio pie atrás y anunció que decidió extender, desde el 3 de enero hasta el 15 de marzo de 2024, el término del período de consulta pública de los ajustes a la normativa para la determinación de requerimientos regulatorios adicionales de capital como resultado del proceso de supervisión, conocida como el Pilar 2 de Basilea III. Con ello, la aplicación de estos ajustes comenzaría a regir en los siguientes procesos de evaluación de patrimonio efectivo, a partir de abril 2025.

Por otra parte, la implementación de la Ley Fintech sigue andando, pero no sin salvedades. La CMF ha emitido ya algunas de las normativas necesarias para su puesta en marcha, y el pasado 8 de febrero se llevó a cabo la mesa consultiva relativa a los servicios de iniciación de pagos, la que tiene por objetivo recibir las opiniones de los interesados sobre los aspectos de mayor relevancia vinculados al Sistema de Finanzas Abiertas, con el fin de avanzar en el proceso de emisión normativa.

En términos de actividad, los bancos controladores de Transbank continúan en el proceso de venta de la compañía, pero las expectativas de resolver la enajenación a fines de 2023 quedaron relegadas para marzo de este año. Los controladores de la red de adquirencia son Banco de Chile; con un 26,16%; seguido por Santander, con un 25%; Scotiabank, con un 22,69%, mientras que Itaú, BCI y BancoEstado tiene un 8,72% cada uno. En tanto, Banco Falabella, Internacional, BICE y Security tienen cada cual 18 acciones, y JP Morgan posee 10. Estas entidades deberán definir si salen completamente de la propiedad, o se mantienen como minoritarios.

Un último proyecto respecto del cual la banca estará atenta a lo que ocurra este año es el relativo al que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y que crea la Agencia de Protección de Datos Personales. En enero, con el voto unánime de los senadores, la Sala aprobó el informe de la Comisión de Constitución, la que propuso enviar a una comisión mixta un total de 24 puntos del proyecto, para ajustar las normas a las últimas actualizaciones que ha hecho la Unión Europea al reglamento que tiene sobre datos personales.

Entre las enmiendas rechazadas, se encuentran las que tienen que ver con el concepto de datos personales; dato personal sensible y biométrico; ámbito de la aplicación territorial; derecho de supresión u olvido de los datos; la portabilidad de datos; derecho de bloqueo; formas y medios de ejercer los derechos de titulares de datos; tratamiento de datos personales a través de un mandatario, y regla general de automatización, entre otros.