Medición y Protección social. Las propuestas para reconocer el trabajo de cuidados que propone ComunidadMujer

Candidatos presidenciales y constituyentes han puesto atención a un tema que, hasta hace poco, no formaba parte del debate que se propone en torno al feminismo y la desigualdad: el trabajo de cuidados no remunerado, el cual en Chile es desempeñado en un 68,8% por mujeres.

Fue un estudio de ComunidadMujer el que en 2019 arrojó luces sobre las enormes dimensiones del asunto en nuestro país, consignando que este tipo de labores, aportarían un 21,8% al PIB, de ser contabilizadas.

La misma organización, con la colaboración de Fundación BHP, ahora hace una segunda entrega del informe “¿Cuánto aportamos al PIB?”, esta vez enfocada en “Reflexiones y estrategias para reconocer el trabajo de cuidados no remunerado en Chile”, donde apuntan a dos tareas para abordar la situación, en base a lo que muestra la experiencia internacional. La primera de ellas es la adecuada medición y valorización y, la segunda, políticas de protección social dirigidas a quienes se desempeñen en aquello.

El reporte será presentado este miércoles 27 de octubre en un webinar del que participarán Emilia Brito, del comando de Gabriel Boric; Francisca Pérez, del de Yasna Provoste; y Gabriela Clivio, del de Sebastián Sichel. Después de todo, se estrena en un contexto de importantes definiciones para el país.

“Estamos en un momento crucial como país. Por una parte, comienza la discusión de los contenidos de la nueva Constitución. Por las campañas de las candidaturas que llegaron a la Convención, sabemos que el tema del reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados (TDCNR) es uno de los deberes que se quiere instalar por parte del Estado. De igual manera, la consagración del principio de corresponsabilidad parental y social, que es clave”, señala Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer.

Asimismo, destaca que “que una de las maneras más comunes de reconocer el TDCNR es a través del sistema de pensiones de los países”, por lo cual, considera que el próximo gobierno tendrá igualmente una tarea relevante en esta materia.

Al contexto político, la pertinencia de este debate también responde a lo que heredamos de la pandemia. “La crisis de los cuidados se ha agudizado de manera evidente y dramática en el último año y medio debido a la pandemia por COVID-19, poniendo en la palestra la importancia de construir un modelo de organización social de estas labores que impulse la igualdad de género”, resaltó también Sepúlveda.

A la hora de considerar propuestas, la ONG destaca que “las desigualdades de género en el mercado de trabajo se encuentran estrechamente vinculadas a aquellas que se dan en el trabajo de cuidados no remunerado”, por o cual resulta fundamental que se le dé un reconocimiento, el cual debe ir mucho más allá de lo simbólico, después de todo “no es posible actuar sobre aquello que no se ve ni valora”, aseguran.

Aunque la necesidad de avanzar en esa tarea se ha vuelto cada vez más evidente, “en las sociedades contemporáneas, gran parte de este trabajo carece de valoración social”, es más “una de las mayores críticas que se realiza al Sistema de Cuentas Nacionales es que no reconoce los servicios no remunerados que se proporcionan dentro de los hogares como parte de la frontera de producción”, es decir, dentro el Producto Interno Bruto.

El asunto se ha abordado desde las Encuestas Sobre Uso del Tiempo, que en Chile solo se ha aplicado en 2015. Además, el informe consigna que el Banco Central recientemente “ha anunciado la posibilidad de que el INE incorpore un módulo especial sobre uso del tiempo en la Encuesta Nacional de Empleo en 2022, lo que proporcionaría una oportunidad única para obtener información periódica relativa a la carga y distribución del trabajo de cuidados no remunerado”.

Sin embargo, aún concretándose esta última posibilidad, en ComunidadMujer aseguran que “sigue siendo imprescindible la aplicación regular de una encuesta independiente, como la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), que permita profundizar el análisis sobre los usos del tiempo de la población, particularmente, en lo relativo al trabajo de cuidados no remunerado”.

Adicionalmente, resulta relevante “estimar el valor monetario” de estas laboras, de manera que se pueda contar con “algún orden de magnitud, por un lado, de la contribución que realiza a la actividad económica y, por otro, del alcance de los mecanismos justos de retribución”.

En base a una discusión amplia, se ha planteado que Sistema de Cuentas Nacionales contabilice el asunto a través de las denominadas Cuentas Satélites del Trabajo No Remunerado en los Hogares, alternativa que el informe de la ONG considera valiosa.

“Permite no solo cuantificar de manera regular el impacto macroeconómico de esta actividad, sino también expandir y complejizar las dimensiones utilizadas para analizar la realidad económica, generando información valiosa para diseñar, implementar y monitorear políticas públicas que mejoren la calidad de vida de quienes realizan esta labor y de aquellas personas receptoras de cuidados”, indican.

Con una fotografía más clara sobre la realidad del trabajo no remunerado y sus implicancias para la economía del país, se puede avanzar en la otra tarea pendiente; la del desarrollo de políticas públicas a quienes desempeñan estas labores. Al respecto, hay tres líneas de trabajo que se pueden abordar: renta básica universal, créditos por cuidados en el sistema de pensiones y, finalmente, transferencias monetarias para remunerar los cuidados informales/ familiares.

En el primer caso, el informe de ComunidadMujer se hace cargo de las críticas que hay contra esta política, por ejemplo, que erosiona inventivos para la inserción laboral o que favorece la división sexual del trabajo.

Sin embargo, también consignan que hay quienes consideran que “el ingreso básico concebido como una herramienta para apoyar formas más flexibles de trabajo alienta a las mujeres a ingresar al mercado laboral, al brindarles seguridad e independencia económica o, al menos, las sitúa en una posición más favorable para decidir sobre su propia distribución de trabajo . Del mismo modo, esta política otorga a las personas la capacidad de realizar actividades no remuneradas en un marco de dignidad y derechos”.

De todas maneras, recalcan que “aunque un esquema de renta básica universal que incorpore como pilar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres tiene el potencial de reorientar las preferencias socialmente construidas, este solo será aprovechado si se acompaña de una reconceptualización del trabajo y una mejor comprensión de la división sexual de este, que implique un reconocimiento de la contribución positiva al bienestar de las actividades no remuneradas”.

La segunda medida, de créditos por cuidado en el sistema de pensiones, se ha utilizado como un reconocimiento al FDCNR principalmente en Europa, y consta de “incrementar los derechos jubilatorios de las personas con trayectorias laborales que se han visto interrumpidas por dedicarse a labores de cuidados no remuneradas”.

Otra política en esa línea es la “división de los derechos jubilatorios entre los cónyuges”. Al respecto, el informe consigna que “son relevantes las experiencias de Alemania, que desde 2001 permite la división de los derechos jubilatorios adquiridos durante el matrimonio ante un divorcio, con la posibilidad de escoger entre esta opción y una pensión de sobrevivencia; y de Austria, que desde 2005 permite la división de derechos jubilatorios durante los primeros años de vida de un hijo o hija”.

Finalmente, están las transferencias monetarias para remunerar los cuidados informales/ familiares, el cual se plantea bajo la consideración de que “en América Latina, la principal fuente de servicios de cuidados de personas dependientes ha sido tradicionalmente el apoyo informal —no remunerado— que realizan los miembros de la familia, particularmente, las mujeres, impactando directamente su autonomía”. Es por lo anterior que “resulta fundamental que los Estados construyan sistemas públicos de cuidados de personas dependientes que sean sostenibles y cuenten con perspectiva de género”.