Mejoras en la institucionalidad fiscal

La delicada situación en la que se encuentran las cuentas fiscales acrecienta la importancia del rol que debe jugar el Consejo Fiscal Asesor (CFA). En este sentido, el mercado recibió favorablemente el anuncio del gobierno de impulsar un proyecto para perfeccionar e institucionalizar el CFA y consagrar por ley su autonomía.

En nada ayudan las declaraciones de exintegrantes de esta instancia que han criticado públicamente la nueva constitución del consejo, deslizando una eventual pérdida de autonomía en relación a la composición que tuvo el CFA en la administración anterior. Cabe preguntarse, entonces, qué rol jugó el CFA en el gobierno que vio empeorar sistemáticamente las cuentas fiscales. Una de las actividades contempladas en la ley que dio origen al actual CFA es la de asesorar al Ministerio de Hacienda en materias fiscales. Lamentablemente, bajo la administración anterior se batieron varias marcas poco honrosas en el manejo de las cuentas públicas.

Nunca antes -bajo democracia- un gobierno había tenido solo déficits fiscales en su ejercicio, como ocurrió entre 2014-2017. La deuda pública -como porcentaje del PIB- no solo se duplicó, sino que alcanzó su peor nivel desde comienzos de los 90, y por primera vez en 25 años Chile sufrió una rebaja en su nota crediticia por agencias de calificación de riesgos. Peor aún, el gobierno anterior se autoimpuso converger al balance estructural y, al verse imposibilitado de lograrlo, adoptó un nuevo compromiso de reducir en 0,25% del PIB por año el déficit estructural. No terminó cumpliendo ninguna de las dos reglas que se propuso en materia fiscal.

Se esperaba entonces que, más allá de propuestas de ajustes metodológicos menores, el antiguo CFA levantara las alarmas de la precaria situación fiscal que se estaba incubando. Nada de eso ocurrió y hoy enfrentamos la situación presupuestaria más débil en más de dos décadas. Urge, por lo tanto, que los perfeccionamientos legales que se están impulsando al CFA avancen sin contratiempos y ayuden a recuperar la reputación de nuestro país en materia fiscal.