Miembro del Consejo de Asignaciones parlamentarias, Andrés Zaldívar y asesorías: "El parlamentario es co-responsable de los informes"

La ausencia de responsabilidad de los parlamentarios frente a informes plagiados de asesores o la posible contratación de consejeros regionales y concejales para labores de asesoría fueron los temas que saltaron al debate, en un contexto en que el

Congreso busca dejar atrás la polémica por los informes plagiados que involucraron al senador Alejandro Guillier con políticas pro transparencia. El presidente de la instancia, el ex senador Andrés Zaldívar, recoge las críticas y las responde.

¿Cómo se justifica que el reglamento diga que el parlamentario no es responsable de la veracidad de los informes?

-Es de perogrullo que el primer responsable de un informe es su autor. Pero esto no significa que el parlamentario no sea co-responsable de verificar que lo que se le está entregando corresponde a lo que se contrató. Si el asesor hace el informe y lo plagia, y el parlamentario no tiene cómo verificarlo, su responsabilidad es tomar las acciones correspondientes, porque tiene que poner el visto bueno al informe cuando lo recibe. Y si le pone el visto bueno a algo que no corresponde, se tendrá que hacer responsable.

¿Cómo se regula eso?

-Lo primero es que no puede contratarse a ningún asesor que no esté en el registro público de la Cámara o del Senado, cumpliendo determinados requisitos de educación superior, dejar claras sus inhabilidades por conflicto de intereses y registrar su remuneración y especialidad. No se contratarán informes a ninguna persona que no esté en ese registro. Si no está registrado, el informe no se paga.

Y si no son informes escritos

-Si se solicita a un asesor que asista a alguna sesión porque al parlamentario le interesa el seguimiento a algún tema, esa persona va a tener que dejar constancia del trabajo realizado. Tendrá que hacer un relato de las sesiones a las que asistió y certificar esa presencia con el secretario de la comisión. Además, todos los informes, presenciales o escritos, serán públicos y sólo si el parlamentario pide excepción, amparándose en el artículo 21 de la Ley sobre Transparencia, podrá solicitar expresamente que sea reservado.

Otra crítica es la posibilidad de contratar consejeros regionales o concejales como asesores parlamentarios. ¿Por qué no se prohibió?

-Porque el Consejo no tiene las atribuciones legales para prohibirlo. Creo que tiene que modificarse la ley para hacer extensiva la inhabilidad en estos casos. Esa fue la razón por la que hicimos la prevención de decir explícitamente: ¡Cuidado!

En estas contrataciones puede haber conflicto de interés. Es necesario que el parlamentario tenga claridad de eso. Pero nosotros no podemos prohibir, porque alguien podría acudir al Tribunal Constitucional y reclamar eso.

Podría fomentar el clientelismo político, pensando que los Cores y concejales están más en contacto con la ciudadanía...

-Por eso hicimos fuerza en que esas contrataciones no pudiesen ser hechas o mantenerse en período eleccionario por 90 días en caso de elecciones y por 6 meses en caso de primarias, porque ahí el conflicto de interés es evidente.

¿Qué pasa con el período fuera de eso, el riesgo de una permanente pre campaña?

-Eso es materia de la Ley Electoral. El Servicio Electoral tiene que ver cómo hace ese control, lo mismo que en la campaña vigilar que se cumplan las disposiciones.

¿Cómo se controlará que el parlamentario no use los recursos de la asignación para campaña?

-Por ningún motivo los recursos públicos podrán utilizarse durante el período de campaña. Además, de que los informes sean públicos, que los asesores estén registrados o que los Cores o concejales no reciban remuneración en campaña, no podrán utilizarse esos recursos para hacer encuestas, contratar asesorías de imagen o ninguna actividad que signifique salirse de lo que está definido como funciones parlamentarias.

¿Y de gasto en bencina o celulares?

-Se establece un régimen muy estricto de gastos. Por ejemplo, se le entregará una tarjeta para pagar el combustible, con registro de patente para que no se le pase bencina a un tercero, y en período de campaña no podrá usar más que el promedio de lo que usó mensualmente en los últimos dos años. Para celulares, el costo del aparato y el gasto mismo tendrá que ser acreditado. Todo esto tendrá que ser avalado por documentación que va a ser de responsabilidad exclusiva del parlamentario, con su propia firma.

¿Cómo se fiscalizará todo esto?

-Pedimos que el Comité de Auditoría audite a todos los parlamentarios. Si hay errores, se pedirá rectificación. Si no rectifica, pasará al Comité de Ética y ahí estamos pidiendo que se apruebe la creación de una instancia independiente y un aumento de las sanciones en caso de incumplimiento, que no sean sólo amonestación o censura. Pero tiene que ser una entidad independiente: no podemos ser juez y parte en esto, porque la ciudadanía exige transparencia. El primer responsable de controlar que los recursos que se le entregan son para cumplir con su función parlamentaria, son los propios parlamentarios.