Las isapres no pasan por un buen momento y ahora están en vilo a la espera de las instrucciones que debe dictar la Superintendencia de Salud para poner en marcha el fallo de la Corte Suprema que ordena aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en excesos. Si bien las isapres creen que si bien el fallo no termina con la industria, ello igualmente podría ocurrir, dependiendo de la metodología que instruya el regulador.
En este contexto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, comentó este martes en radio Duna que desde el gobierno “estamos trabajando en propuestas para fortalecer el seguro público, de manera que (ante) cualquier eventualidad que ocurra con las isapres, la gente no se sienta desprotegida. Nosotros lo que estamos tratando de garantizar, y todo el trabajo nuestro, es que las personas aseguradas, tanto de Fonasa y particularmente de las isapres, que yo creo que han estado en una situación en que todas estas comunicaciones les producen incertidumbre, en que efectivamente vamos a trabajar como gobierno, si bien nosotros no somos responsables de esta crisis, en que las personas no pierdan sus derechos”.
Por otro lado, la ministra también afirmó que desde el Ejecutivo han puesto celeridad en las transferencias desde Fonasa hacia las clínicas privadas, por servicios relacionados con la modalidad libre elección, la Ley de Urgencias, y la derivación al segundo prestador. En ese sentido, dijo están “tratando de acelerar esos pagos de manera de que las clínicas también mantengan un estado de liquidez y contribuyan con una mayor estabilidad de todo el sistema privado”.
La secretaria de Estado recordó que “el seguro público también es un gran cliente” de las clínicas, por lo que el pago más oportuno de parte del ente estatal a los centros de salud privada permitiría hacer frente al retraso en el pago de las isapres por las prestaciones, así como por el término de los convenios entre privados.
Sobre el diálogo que llevan adelante entre las isapres y el Ejecutivo, Aguilera aseguró que “hemos continuado la conversación” con la asociación que agrupa a las entidades privadas, y descartó que haya demoras en la definición de la autoridad administrativa sobre el cumplimiento del fallo de la Suprema, ya que es un trabajo que “no es fácil, requiere de un trabajo concienzudo”.
“Recuerden que la Superintendencia le dio un plazo de seis meses para definir el mecanismo de respuesta. (...) Lo que dice el fallo es un poco complejo de entender. (...) Son 40 mil planes usando 900 tablas distintas y además la Corte pide que a los menores de dos años no se les cobre. Es decir, una serie de elementos que en realidad es difícil de analizar y hay que evaluar efectivamente cuál es el impacto”, dijo Aguilera.
Eso sí, la titular de Salud afirmó que “como Ministerio estamos preparando medidas ante los posibles efectos que pueda tener el fallo” en el sistema privado.
