Continúan las reacciones de entidades internacionales frente al borrador de la nueva Constitución, que será sometido a plebiscito el 4 de septiembre. Esta vez, la clasificadora de riesgos Fitch se refirió a los cambios contemplados en el modelo de negocio del sistema de salud chileno.

Así, la firma señaló que lo aprobado por la Convención Constitucional podría “limitar y reducir los niveles de operación y ocupación del segmento de prestadores privados de salud, y probablemente eliminar sus negocios bajo el formato de Institución de Salud Previsional (Isapre) con el que operan hoy”.

Pese a ello, la agencia aseguró que no ve un impacto inmediato en las clasificaciones de los emisores de la industria de la salud si se aprueba la nueva Carta Magna.

Dentro de las normas que están aprobadas en el borrador y que la agencia tomó en cuenta para su análisis están el que el sistema estará integrado por prestadores de salud público y privado, y que es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud.

Además, Fitch consideró para su análisis la norma que establece que las cotizaciones que pagan los empleadores o trabajadores independientes solo podrán utilizarse para “aportar solidariamente al financiamiento” de un sistema nacional de salud que será público.

Con esto último, “ya no habrá libertad de elección entre una aseguradora de salud pública y una privada, pues estos fondos serán administrados por un organismo público”, según Fitch.

De acuerdo con la clasificadora de riesgos, lo aprobado por la Convención introducirá una serie de cambios en el funcionamiento del sistema de salud, tanto para los operadores de la industria como para los afiliados al sistema de isapres.

En todo caso, respecto a lo último, Fitch aseguró que se descartó el requisito de que los prestadores privados tuvieran que ser sin fines de lucro para integrarse al sistema nacional de salud, “lo que hubiera profundizado aún más un cambio en la industria, excluyendo la posibilidad de que las clínicas privadas dieran acceso a servicios de salud a cualquier afiliado que cotizara solo en el servicio público”.

Según Fitch, con respecto a los seguros de salud, se podría desprender del actual texto de la nueva Constitución que “desaparecerán las isapres como operadores de seguros de salud ligados a las cotizaciones obligatorias de los trabajadores. En el nuevo sistema propuesto, dichas cotizaciones obligatorias de salud serán administradas exclusivamente por una entidad pública”.

Sobre ello, Fitch observó que la alternativa que tendrán los grupos para seguir participando del negocio de los seguros de salud serán las compañías de seguro desarrolladas por las empresas dueñas de las isapres. “Estas competirán por retener a aquellos afiliados que tengan la capacidad de pago para contratar seguros privados de salud adicionales a las cotizaciones obligatorias que realizan sus empleadores o los mismos trabajadores independientes”.

Así, Fitch prevé que dicho negocio, si bien sería inicialmente más reducido en número de afiliados en comparación con el negocio actual, presentaría una “presión normativa menor y probablemente menos volatilidad”.

Fitch, además, señaló que los afiliados a isapres y que se atienden en el sistema privado de salud “no tendrán capacidad de pago para acceder a seguros complementarios que mejor cubran su acceso al sistema privado. Posiblemente, también será limitado el número de afiliados que, sin contratar seguros complementarios, cuente con capacidad de pago para atenderse ocasionalmente en el servicio de salud privado y que asuma las diferencias de costos”.

A ello, agregó que aproximadamente un tercio de los cotizantes de las isapres solo paga el mínimo obligatorio, “los que probablemente no financiarán un seguro complementario adicional”.

Finalmente, de acuerdo con análisis de Fitch, los prestadores privados de salud deberán aumentar sus esfuerzos para mantener a sus clientes “que posiblemente tendrán menos cobertura de seguros, en un escenario en que el gobierno debiera fortalecer y desarrollar las instituciones de salud pública, según el mandato de la nueva Constitución”.