Ocde advierte sobre la baja productividad de Chile y la informalidad laboral, pero respalda la reforma tributaria

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) publicó su Estudio Económico de Chile 2022 donde analiza la recuperación económica de Chile tras la pandemia del COVID-19 y cómo las reformas podrían aumentar los ingresos fiscales, ampliar la protección social y mejorar la productividad.

En su análisis sostiene que en los próximos años habrá que abordar importantes desafíos estructurales que obstaculizan el crecimiento. “El rápido envejecimiento de la población reducirá la fuerza laboral de Chile y, con ello, el potencial de crecimiento de la economía, a pesar de un impulso positivo de la inmigración”.

En ese sentido, sostiene que la productividad se ha estancado o incluso ha disminuido, y los esfuerzos de reforma estructural no han alcanzado lo que se necesita para incrementarla. “Sin reformas que impulsen la productividad, el margen para un mayor progreso económico y social será muy limitado”, puntualizan.

En este punto, enfatizan que “los largos y complejos procedimientos de concesión de permisos y regulaciones obstaculizan el emprendimiento y la competencia”. Por ello, añaden que “un examen exhaustivo de las reglamentaciones vigentes y un uso más amplio a los sistemas de “licencias nulas” facilitarían la entrada de empresas y fortalecerían la competencia”.

Entre los elementos que le restan competitividad, aparecen las barreras regulatorias como el transporte de cabotaje y la contratación pública, pero también hay margen para mejorar la facilitación del comercio y simplificar los procedimientos fronterizos. “Las exportaciones siguen estando concentradas en sectores primarios”, subrayan.

En cuanto a los ingresos tributarios afirma que corresponden sólo al 21% del PIB, lo que califican como “insuficientes” para satisfacer las crecientes demandas sociales, preservando al mismo tiempo la inversión pública necesaria en infraestructura, educación y salud.

En ese contexto, puntualizan que “los impuestos sobre la renta personal, que solo paga el 20% de los chilenos, son una explicación de esta baja recaudación de impuestos”. Por ello, enfatizan que “aumentar los ingresos públicos en 4 puntos porcentuales del PIB, como lo planean actualmente las autoridades, es ambicioso, pero es factible a través de una reforma tributaria integral”.

La Ocde pone el acento en el hecho de que el Covid-19 ha revertido las caídas en materia de pobreza y desigualdades. “Alrededor de un tercio de la población es económicamente vulnerable, lo que significa que sigue en riesgo de pobreza, con pocos colchones financieros para protegerse contra eventos adversos”, resalta y acota que “la desigualdad de ingresos sigue siendo alta según los estándares de la OCDE, mientras que la informalidad laboral afecta a más de una cuarta parte de la población.

Por ello, un elemento que mejoraría estos indicadores es contar con una buena red de protección social: “La pandemia ha puesto de manifiesto importantes lagunas en la protección social”, por lo que ve “necesario desarrollar un mejor sistema de protección social que no diferencie entre trabajadores formales e informales”. Así como garantizar “cierta cobertura básica de protección social para todos, incluso en las pensiones, salud y desempleo”.

Comentan que pocas personas tienen pensiones de vejez adecuadas, debido a bajas tasas de contribución y vacíos en su historial de contribuciones debido al empleo informal. “Una pensión básica universal recientemente establecida mejorará significativamente el nivel de las pensiones para muchas personas de bajos ingresos. Los programas de transferencias monetarias están fragmentados, y la unificación de estos programas en un único programa de transferencias monetarias permitirá aumentar la cobertura y beneficios”.

No obstante, indican que “las cotizaciones sociales pueden afectar los incentivos para la creación formal de empleo, especialmente para los de bajos ingresos”. Por esta razón, dicen que reformas futuras al sistema de pensiones deben prestar particular atención a los incentivos de formalización, al tiempo que se incrementan las tasas de reemplazo de las pensiones”.

La importancia de avanzar en la formalidad recae en que alrededor de un tercio de la población activa tiene un trabajo informal, lo que limita su acceso a las prestaciones de protección social. “Será fundamental garantizar un conjunto básico de prestaciones para todos, sin distinguir entre trabajadores formales e informales”.

El informe destaca que las fuentes renovables representan actualmente el 47% de la generación de electricidad, después de una disminución constante del uso de combustibles fósiles a medida que la energía solar y eólica han ganado importancia. “Este desarrollo se acelerará en las próximas décadas al aprovechar un potencial único en la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, estimado en más de 70 veces el suministro eléctrico actual. Esto hace que Chile esté bien posicionado”.

En el análisis aborda también los aumentos del salario mínimo y su eventual impacto en los empleos formales de las personas menos calificadas. “Habrá que evaluar cuidadosamente los nuevos aumentos del salario mínimo en Chile, ya que podrían reducir las perspectivas de empleo formal, especialmente para los trabajadores poco calificados y las personas situadas en regiones rurales y menos desarrolladas”, dice el reporte.

Puntualizan que este efecto “se ve mitigado en cierta medida por las disposiciones sobre el salario mínimo diferenciadas para los jóvenes y los ancianos, dos grupos tradicionalmente poco vinculados al mercado laboral”. Destacan el subsidio que se está entregando para que las pymes puedan solventar los efectos del alza del salario mínimo en Chile, que hoy se ubica en $400 mil.