Pagos a las Asociaciones de Consumidores

Siguen las repercusiones del pago que hizo la CMPC a las asociaciones de consumidores por casi US$ 4 millones. Abogados expertos y exautoridades del Sernac han cuestionado duramente la legalidad de un acuerdo como este.

El trasfondo jurídico que viabilizó este acuerdo es discutible. La nueva ley sobre la protección de los derechos de los consumidores establece en su artículo 9, en el literal d), que las organizaciones de consumidores en ningún caso podrán "percibir donaciones, subvenciones, subsidios o ayudas de empresas o agrupaciones de empresas que suministren bienes o servicios a los consumidores".

Este parece ser justamente el caso del pago que recibieron las asociaciones, pues ellas mismas -Odecu y Conadecus- reconocen que con los montos percibidos realizarán inversiones que van más allá del pago de los abogados con los que trabajaron durante todo el proceso con el Sernac.

Cabe preguntarse, entonces, los fundamentos que tiene este millonario pago. Es curioso que mientras la empresa involucrada asegura que el monto desembolsado se origina en los gastos incurridos durante el proceso por las asociaciones de consumidores, estos aseguren públicamente que aún no tienen claridad de cuánto involucran y no existe ni siquiera un comprobante básico que acredite el destino de esos recursos.

¿Qué opinión tienen los accionistas de la empresa sobre un pago de esta envergadura sin contraprestación acreditable y de dudosa legalidad?

Las asociaciones empresariales, las actuales autoridades de gobierno, las instituciones que velan por la libre competencia y la propia empresa deben exigir que se transparente la operación asociada al fin del caso de colusión del papel.

De lo contrario, puede transformarse en un peligroso precedente que dé inicio a una verdadera industria del litigio en Chile y cuyos promotores persigan intereses difusos y con una dudosa representatividad de la ciudadanía.