Tal como es habitual, luego de que este miércoles el Banco Central (BC) publicó el Informe de Política Monetaria (Ipom) de junio, la presidenta del BC, Rosanna Costa, asistió a la Comisión de Hacienda del Senado para presentar sobre el documento.

En sus reflexiones finales, entre otras cosas Costa profundizó sobre por qué el instituto emisor subió su proyección de inflación para este año de 3,8% a 4,2% y para el próximo de 3% a 3,6%, en lo cual, según argumentó el Ipom, “influye el impacto del shock de oferta asociado a precios de la electricidad más elevados y un mayor impulso de la demanda interna”.

Ante los senadores, Costa dijo que “hace ya varios años el BC ha venido exponiendo en sus informes sucesivos shocks externos y locales que han impactado nuestra economía. Tras sus efectos, hay personas, hogares, empresas que han debido hacer frente a sus consecuencias. En este contexto se inserta una regularización tarifaria para el sector eléctrico que se traduce en un aumento importante de la inflación durante 2025, que se suma al mejor punto de partida de la demanda a inicios de año y al shock positivo sobre el gasto derivado del mayor precio del cobre”.

Al respecto, la presindeta del instituto emisor recordó que “tras el estallido social de 2019, se congelaron las tarifas eléctricas con cargo a las empresas. En ese entonces, se esperaba que los costos del sector se reducirían en el futuro, producto, entre otras variables, de la entrada de nuevas fuentes de energía al sistema, lo que permitiría financiar ese crédito si dichas rebajas de costos se postergaban por un tiempo suficiente. Sin embargo, una combinación de factores internos y externos provocó que esa baja de costos no se materializara y, por el contrario, se incrementara”.

Lo ejemplificó así: “Comparados con fines del tercer trimestre de 2019, el tipo de cambio se ha depreciado algo menos de 30% y el precio de los combustibles en dólares ha aumentado sobre 35%. Ambos, insumos importantes para el cálculo del costo de la energía. De este modo, se fue produciendo una diferencia relevante entre el precio que pagamos por electricidad y el costo, provocando o produciendo una acumulación de una deuda en torno a US$6.000 millones con empresas del sector”.

Costa continuó diciendo que “la ley 21.667 aprobada en abril establece un mecanismo para la normalización de las tarifas, el pago de la deuda, considerando además subsidios para los hogares de menores recursos. Como expuse hace unos minutos, nuestras proyecciones estiman un incremento de 1,45 puntos porcentuales en la inflación a junio de 2025, producto de esta regularización de tarifas. Esto considera los reajustes a los cargos por generación, distribución y transmisión eléctrica, además de los supuestos del escenario macroeconómico, por ejemplo, respecto de variables como el tipo de cambio en los combustibles, y es sin duda un efecto relevante”.

En todo caso, agregó que “desde el punto de vista de la política monetaria, nuestra economía hoy está mejor capacitada para lidiar con este shock. Por una parte, hemos resuelto los desbalances por el lado del gasto, y con ello se han ido controlando las presiones inflacionarias de carácter más persistente. Por otra parte, las expectativas de inflación están ancladas, esto nos permite acomodar este shock de oferta en el horizonte de política sin tener que sobrereaccionar con la TPM. Nuestro marco de política, al ser prospectivo, nos permite analizar los impactos de un aumento de precios de esta magnitud, teniendo presentes diversas consideraciones, por ejemplo, su origen y su persistencia”.

Costa detalló que “este aumento de tarifas responde a un shock de oferta, y no a un desequilibrio en la economía, por ello, podemos acomodarlo con una tasa de interés real que en promedio no es distinta a la que preveíamos en marzo, e igualmente lograr que la convergencia de la inflación a la meta ocurra dentro del horizonte de dos años. Esto pasa porque en el curso del primer año de horizonte de política, la inflación aumenta por sobre lo considerado en marzo, hasta acumular algo más de un punto porcentual de mayor inflación. Mientras que en el escenario central, la tasa nominal tiene un descenso menos marcado del previsto en marzo”.

La presidenta del BC aseguró que “con ello, la convergencia de la inflación a la meta se logra en el primer semestre del año 2026. De cualquier modo, evaluaremos este proceso paso a paso. Se trata de un shock importante, que se instala poco después de haber pasado por un ciclo inflacionario significativo. Las proyecciones que presentamos consideran los efectos de segunda vuelta y una persistencia inflacionaria de acuerdo con patrones históricos, tanto para el comportamiento de los consumidores y empresas, como para la evolución del resto de los precios”.

Asimismo, resaltó que “la forma en que enfrentamos este shock es muy distinta a lo que ocurriría si este fuese un shock de demanda. De haber sido esta la situación, sí tendría efectos duraderos y hubiese requerido ajustar el gasto agregado para contener las presiones inflacionarias”.

Es más, señaló que “un ejemplo cercano es lo que ocurrió tras el excesivo consumo que provocaron los retiros previsionales y las transferencias fiscales universales. Más allá de las dificultades de aislar efectos en una economía que enfrentaba shocks sucesivos, el impacto sobre el gasto fue dominante en el desbalance que sufrió la economía y en el significativo incremento de la inflación”.

Costa dijo que “en ese caso, fue necesario corregir estos desequilibrios con un aumento de la tasa de interés equivalente al nivel del desajuste macroeconómico”, y que “el proceso fue difícil, pero se ha logrado el objetivo, incluso con un ajuste macroeconómico que no ha requerido brechas negativas en la economía por un periodo prolongado como se previó inicialmente. Ciertamente, hay sectores rezagados, como es normal al ciclo económico, pero no es la política monetaria la que puede corregir esos rezagos, sino que es una materia propia del ámbito de las políticas públicas”.

La presidenta del BC señaló a los senadores que “si bien hemos controlado la inflación y resuelto los significativos desequilibrios que generaron los retiros, hay otros efectos que siguen presentes. Uno muy importante es el stock de ahorros de largo plazo de nuestra economía, que no ha logrado recuperar el tamaño que perdió. Esto nos deja más expuestos al financiamiento externo, en un contexto en que las tasas de largo plazo han aumentado a nivel global y hay incertidumbre sobre diversos factores estructurales, entre ellos, la elevada demanda por fondos para financiar conflictos bélicos y la adaptación al cambio climático. Ello, sin mencionar el efecto estabilizador que con frecuencia han desempeñado agentes institucionales que gestionan ahorros de largo plazo”.

Al respecto, comentó que “volver a insistir en medidas como retiros de ahorros previsionales provocaría un nuevo daño a nuestra capacidad de financiamiento de largo plazo que se acumula a todo el impacto que acabo de mencionar”.

Y explicó que “en reiteradas oportunidades hemos mencionado que esta menor profundidad ha mermado la capacidad que han observado nuestros mercados para atenuar shocks, lo cual se traduce en mayor volatilidad y riesgo. Por supuesto, no puedo dejar de señalar el efecto que esto tendría en la inflación en un momento en que nos enfrentamos a un shock de costos relevantes y los equilibrios macroeconómicos han sido recuperados hace poco tiempo”.

Añadió que en ese caso “estaríamos entonces frente a un shock de demanda con presiones persistentes, que se sumaría a las perspectivas delineadas. Además, insistir en este tipo de medidas vuelve a instalar grados de incertidumbre sobre nuestra institucionalidad. El golpe a la credibilidad que provocaron en su momento fue importante”.

Costa recordó que “en 2021 y 2022 observamos un alza significativa de la incertidumbre en el país, una fuerte depreciación de la moneda que alimentó aún más el alza en la inflación en ese entonces, y una percepción general de mayor riesgo que se traspasó a distintas variables, entre ellas, la tasa de interés y el costo del crédito”.

Sostuvo que “el BC siempre ha sido claro al transmitir los negativos efectos de este tipo de medidas. Puedo decir con absoluta convicción que el tiempo nos dio la razón. Por tanto, nuestra opinión no ha cambiado. Ciertamente tenemos problemas que abordar y son importantes. Entonces la invitación es a buscar políticas públicas creativas, bien diseñadas y orientadas a dar las mejores soluciones posibles a aquellos que se busca apoyar”.

Al respecto, afirmó que “en un entorno más volátil y con mercados menos profundos, debemos buscar medidas que nos ayuden a construir capacidades, no a deteriorarlas. En esa línea se inscriben leyes importantes aprobadas por este Congreso recientemente, como la ley de resiliencia y la de deuda consolidada, que permitirá a los buenos pagadores acceder al crédito en mejores condiciones”.