Presidente de Sonami y el royalty: “El análisis del Ministerio de Hacienda ha sido muy estático”

sandra novoa

Dulce y agraz tuvo 2022 para el sector minero, según Jorge Riesco, quien desde agosto preside la Sonami, gremio que representa a las empresas del rubro. Entre las cosas positivas menciona el precio del cobre, que si bien registró un promedio levemente bajo US$4 la libra, siguió teniendo una cotización favorable para la actividad; y los bajos índices de accidentabilidad, incluso en la pequeña minería, “mejores que en cualquier otro sector productivo”.

En lo menos favorable, este abogado menciona la alta incertidumbre derivada del cambio de gobierno y “la pretensión de avanzar en una propuesta constitucional con propósitos refundacionales por parte de algunos sectores políticos, cuando recién estábamos saliendo de la pandemia. Pero tuvimos un punto de inflexión con el plebiscito en el que se rechazó esa propuesta”.

Riesco espera que la próxima discusión constitucional se enfoque en reformas en los aspectos, a su juicio, más valorados por la gente como los derechos sociales, el reconocimiento de los pueblos indígenas y correcciones al sistema político. “Pareciera que es posible lograr consensos y eso es tranquilizador”, opina.

A todo ello, dice Riesco, se agregó una incertidumbre a las reglas fundamentales de la actividad, con la Ley 21.420 que “modificó el Código de Minería en lo relativo al monto de las patentes mineras, al procedimiento de constitución de pertenencias y a materias técnicas relacionadas con la ubicación en terreno de estas”. Pero agrega que prontamente y “con mucho tino” el ministerio inició una revisión y se presentaron dos proyectos de ley, uno de los cuales corregiría gran parte de los inconvenientes. Sigue pendiente la revisión del monto de las patentes mineras, cuyos montos subieron cuatro veces, además de una patente progresiva para concesiones que no se explotan, algo “que afecta a la minería de menor escala”.

¿Cómo evalúan la tramitación del royalty en el Senado?

-Representamos las cosas que creemos pueden ser inconvenientes y propusimos mejoras que podrían ayudar a que el proyecto tenga mejor calidad legislativa y aplicación futura. Para que avance tenemos que estar todos seguros −y los senadores en primer lugar− de su impacto. Hasta ahora no ha habido una única opinión sobre el peso que tendría en los resultados de las compañías y en la carga tributaria total que estas soportan en relación con empresas de otros países, comparación que hay que hacer para no quedar con tanto tributo que haga que no vengan nuevas inversiones y que se vayan las que hay. Siempre se dice que las mineras no están dispuestas a contribuir más, pero ya están pagando un impuesto específico que otras actividades no tienen; y este proyecto ha pasado el umbral del riesgo de gravarlas más allá de lo razonable para mantener la competitividad internacional y la operación de faenas con menos leyes. Por eso planteamos que ojalá se elimine el componente ad valorem, que produce una distorsión al no discriminar entre empresas.

Reconocemos que el proyecto tuvo importantes mejoras desde que se reconoció que este componente debía limitarse hasta el monto en que no produjera pérdidas, pero como se le agregan tasas incrementadas sobre los márgenes, hay un exceso de contribución que moderar. Otra dificultad es que el análisis del Ministerio de Hacienda ha sido muy estático en el sentido de que pretende obtener mayor recaudación por la vía de generar más tasas considerando las producciones actuales, pero con un aumento de 3% en la producción anual en 5 o 6 años tendríamos cerca de un millón de toneladas adicionales de cobre fino, lo que podría generar US$1.200 millones a US$1.300 millones sin aumentar los impuestos, monto cercano a lo que el gobierno busca con este proyecto. Con una visión dinámica de lo que puede ser la producción minera, podría concentrarse en incentivar mayores producciones y eso al Fisco le daría rédito inmediato.

¿Alguna otra cosa en los pasivos del año?

-Las adjudicaciones de litio, porque se hicieron a última hora en el gobierno anterior y sin un procedimiento claro, lo que redundó en judicializaciones. Cuando los adjudicaron se sabía que el gobierno entrante traía una idea distinta sobre cómo abordar el tema, por lo que lo lógico habría sido un diálogo para un traspaso más fluido. No se puede imponer la opinión ideológica de cada uno, hay que buscar un sistema que funcione, cosa que en este gobierno no ha pasado aún. Se ha anunciado que viene una política del litio, pero no tenemos mayor claridad; los proyectos siguen esperando y el boom es ahora. Necesitamos urgentemente poner proyectos en explotación. Lo que tiene el Estado es litio dentro de otras sustancias naturales que deben extraerse de las pertenencias; hay que buscar un sistema que viabilice esos proyectos frente a la calidad no concesible del litio.

¿Su gremio es partidario de que el Estado participe vía Codelco y Enami o que se cree una empresa nueva?

-Creemos que hay que pensar muy bien el tema de la empresa nueva y ver qué objetivo tendrá, aparte de representar al Estado en los derechos que pueda tener en los proyectos. Si solo se trata de eso, no hay necesidad de otra empresa porque Enami tiene giro suficiente. El gran problema es que no tenemos claridad sobre las condiciones para acceder al litio y fundar un proyecto de extracción en caso de que los privados tengan esa sustancia dentro de sus pertenencias. Hay que definir qué derechos se deben constituir en favor del privado para que pueda explotarlos. No creo que el Estado vaya a extraerlo directamente en pertenencias ajenas y, por lo tanto, hay que buscar un mecanismo y que el Estado aproveche esa extracción de la manera que convenga, que puede ser un royalty u otro tipo de compensación, como la entrega de parte del producto. Formas hay muchas.

Las autoridades han dicho que se operará con Contratos Especiales de Explotación de Litio.

-Tampoco se ha avanzado por esa vía. Además, existe el inconveniente de que se entregó a Codelco una gran extensión en el salar de Maricunga que se relaciona con otras concesiones dentro de la misma área, por lo que puede haber interferencias o sinergias dependiendo de cómo se resuelva. Falta una discusión profunda y decisiones.

Hay que considerar que el litio no es un recurso tan escaso y vemos con preocupación que países como Argentina están desarrollando una actividad importante para atraer inversiones extranjeras. Incluso están incentivando el desarrollo de tecnologías de extracción. Mientras nosotros, que tenemos las reservas más grandes y ricas en salmueras, no estamos aprovechando la oportunidad habiendo proyectos, tecnología, profesionales preparados, trabajadores de buen nivel, puertos y demás infraestructura.

La producción de cobre ha bajado en 2022. Según cifras preliminares a noviembre, el descenso es de 5,6% por menores leyes, atrasos en la implementación de mejoras operacionales, problemas técnicos y en algunos casos, por problemas de abastecimiento de agua.

“A noviembre tenemos 5,3 millones de toneladas contra 5.625.000 proyectadas. Si funcionaran todos los proyectos que debieran estar operativos, habríamos andado sobre seis millones de toneladas este año. Lo que nos preocupa es que, si bien en 2023 no subirá tanto la demanda por cobre por la contracción que afectará a mercados como China, muchos analistas estiman que a partir de 2024 habrá una demanda adicional de seis millones de toneladas derivada de las transformaciones energéticas y la electromovilidad, y el principal problema que tenemos en el país es la paralización de proyectos”, afirma el dirigente.

Riesco dice que Chile podría absorber parte importante de la nueva demanda, sin flexibilizar los estándares ambientales, si se diera una tramitación más rápida a los proyectos y las evaluaciones se concentran en aspectos donde sean necesarios compromisos ambientales, reparaciones y mitigaciones y en tener buenas líneas de base en las regiones. “Tratan cada proyecto como una cápsula y no se aprovecha la información existente. Hay insuficiencia en los servicios públicos que deben encargarse de hacer una labor de acompañamiento y apoyo a la realización de proyectos y no de entorpecimiento o fiscalización exacerbada”, explica.

¿Esperan que la situación mejore con la anunciada la revisión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental?

Nos encantaría poder participar aportando con nuestra experiencia y visión acerca de los estándares y formas de resguardarlos, porque creemos que la minería ha sido exitosa en ese aspecto. Puede que haya sectores con más problemas, pero en general las grandes y medianas empresas han sido capaces de manejar muy bien los aspectos medioambientales y la relación con las comunidades.

Por alguna razón, no hemos dado con un sistema que agilice los permisos. Tenemos proyectos de pequeña escala que pueden operar en plazos de seis a 18 meses, pero las autorizaciones tardan años a veces; y no se trata de saltarse estándares, sino de que racionalicemos la burocracia. Si logramos eso, podríamos estar iniciando proyectos permanentemente y trayendo inversiones para contribuir a absorber la mayor demanda de cobre proyectada.

Las grandes empresas están muy preocupadas de usar energías renovables, agua desalada y tener buenas relaciones con las comunidades para cumplir con la trazabilidad verde de sus producciones exigida en los mercados de destino. ¿Qué pasa con la mediana y pequeña minería?

No es que los mercados internacionales estén exigiendo esos sellos, sino que organizaciones como la International Council of Mining and Metals, que las propias compañías han constituido para compartir buenas prácticas, han fijado estándares ambiciosos.

La mediana minería es muy heterogénea. Hay empresas que no solo cumplen la legislación, sino que tienen modelos muy eficientes de manejo de relaves, relacionamiento comunitario y otras cosas. Algunas necesitan apoyo. En el sector existe gran interés por subirse a estándares más sustentables y las nuevas explotaciones partirán con mejores faenas.

La pequeña minería es muy distinta a la de hace 30 o 40 años, se ha mecanizado y profesionalizado; está muy fiscalizada y formalizada. Hay espacio para ir hacia una situación mucho más sustentable, con los apoyos necesarios y la tranquilidad para hacer proyectos.

Respecto del precio del cobre Riesco dice que 2022 cerrará con un promedio anual levemente bajo los US$4, entre US$3,97 y US$3,98 por libra, que aún es relativamente alto: “Si lo proyectamos, da un horizonte de precio que viabiliza varios proyectos y permite bajar las leyes de corte. Por otro lado, hay una presión al alza en los costos de explosivos, reactivos de beneficio de minerales y combustibles, que es difícil que bajen. En el caso de la energía, en cambio, varias compañías han logrado buenos contratos que les han significado ahorros ostensibles”.

Pero las que logran esos contratos son las grandes compañías…

Así es. Las menores están sujetas al costo marginal, que está alto. Sin embargo, hay empresas pequeñas buscando opciones, implementando en sus faenas paneles solares y analizando la posibilidad de vehículos eléctricos. El hidrógeno verde podría ser una alternativa para motores de combustión y la minería es un potencial consumidor de todo ese tipo de soluciones, por tanto, tenemos que ir tratando de implementarlas en faenas de todos los tamaños.

¿Cómo está la solvencia de las medianas y pequeñas? ¿Ha habido despidos?

En general, hay cumplimiento en la cadena de pagos y no ha habido despidos. El empleo minero ha aumentado. Hubo un caso reciente de insolvencia, Minera del Valle, pero desconozco las causas. Puede haber excepciones que tienen que ver más bien con una condición particular, porque el precio y la demanda por minerales se mantienen fuertes, a diferencia de otros sectores donde la venta se corta y, por tanto, todo lo que viene para atrás se paraliza.

¿Hasta qué punto las desaladoras están resolviendo el abastecimiento, costo y logística del agua?

Las grandes mineras tienen plantas operando y otras en proceso. La solución de la falta de agua parece ir por ahí. Sería deseable que esas soluciones −que implican inversiones enormes− hubieran sido concebidas de una manera tal que tuvieran algún impacto en comunidades o en explotaciones más pequeñas; pudo haberse buscado un mecanismo que incluyera alguna reserva de capacidad de tratamiento de agua para otras necesidades. Pero las autorizaciones ambientales para esos proyectos son tan inflexibles, que hacen muy difícil buscar ahora esas sinergias o flexibilizaciones; la mayoría está destinada a solucionar las necesidades de la propia empresa.

Jorge Riesco comenta que el cierre de la fundición Ventanas de Codelco genera cierta preocupación en el sector, porque se pierda esa capacidad en el sistema estatal. “Creemos que estratégicamente hay que analizar bien el efecto de tener o no tener capacidad de fundición suficiente, atendido que el mayor desarrollo tecnológico y los mayores aumentos de capacidad se están dando en China y en India. Porque si renunciamos a tener esa parte del proceso quedamos entregados a los costos y cargos de tratamiento que nos impongan esos países para los concentrados. Por eso hemos propuesto que se estudie el reemplazo de Ventanas y que si vamos a discutir sobre qué hacer con los concentrados que se reciben ahí recurramos a una modificación legal, que no dependa exclusivamente del directorio de Enami, como se propuso”.

Enfatiza debería empezar a discutirse la capacidad total de fundición del país, porque en algún momento el resto de las plantas quedarán fuera de norma, dado que la antigüedad de sus tecnologías hace difícil que puedan optimizar la captación de gases: “Más allá de que sean privadas o públicas hay que mantener una capacidad de fusión en un nivel que nos permita un resguardo. Las refinerías también son deseables, porque permiten recuperar subproductos”.