Productividad de la economía chilena habría caído en 2019 debido a la crisis social

Las secuelas del estallido social no paran y las caídas en la productividad continúan. De acuerdo al informe anual de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), en 2019 está variable agregada registró una caída de hasta 0,3% y que en el mejor de los casos su variación habria sido nula.

El informe consideró el posible impacto del conflicto social del 18 de octubre. En particular, señaló que la incertidumbre y el cambio en el escenario político, social y económico habrían impactado el crecimiento del PIB, empleo y capital, junto con la medida de productividad para la economía.

Para visualizar la influencia que tuvo el cambio de escenario, tanto en la economía como en el comportamiento de la Productividad Total de Factores (PTF), se estimó su evolución con datos hasta el tercer trimestre de 2019, donde la PTF agregada habría crecido entre 0,5% y 0,7%, mientras que la PTF sin minería lo habría hecho entre 0,9% y 1,2%, respecto de igual periodo del año anterior.

El informe también abordó la institucionalidad estadística, el cual se centró en tres dimensiones claves de dicha institucionalidad: grado de independencia y confianza del órgano coordinador del sistema, grado de centralización e integración de datos levantados por diferentes agencias del Estado.

El análisis realizado por la comisión incluyó evidencia comparada para distintos países y analizó el caso de Chile. Como referencia tomó el Instituto Nacional (INE), como órgano recopilador de datos. Entre las principales recomedaciones el estudio señala que se debe aumentar su independencia respecto del poder político y mejorar la gobernanza de la institución con el fin de poder recopilar mejores datos y asegurar la disposición de los individuos a entregar cierta información voluntariamente. Se señala, además, que se debe crear una institucionalidad que facilite la integración de datos de los distintos órganos de la administración del Estado, particularmente datos administrativos, cuando la autoridad correspondiente lo solicite, y que la conformación de esta autoridad esté sujeta a los más altos estándares de objetividad y transparencia.

Se sugiere, entre otros aspectos, que para cautelar que se cumpla con la debida protección de los datos compilados por las instituciones públicas, junto con permitir el acceso general a estos, la autoridad encargada solo debería celebrar acuerdos para divulgar datos administrativos a otras agencias gubernamentales, instituciones públicas o privadas, y personas naturales, que tengan objetivos de investigación o estadísticos.