Proyecto de inteligencia económica: Diputados de oposición anticipan que rechazarán norma que levanta el secreto bancario

Después de 22 meses de discusión el Senado terminó de votar en particular el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece medidas para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado.

De acuerdo a lo expresado por el gobierno, esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la persecución de la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado a través de tres ejes: fortalecimiento del ecosistema inteligencia y análisis económico; prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas y mejores facultades intrusivas y sancionatorias.

Sin embargo, avanzó a su segundo trámite legislativo sin un tema clave para el Ejecutivo: el levantamiento del secreto bancario, que fue rechazado por la oposición.

Esta normativa habilita a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a acceder a información protegida por el secreto bancario sin autorización judicial en ciertos casos específicos, siempre que dichos antecedentes fueran necesarios y conducentes a desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa previamente reportada. En esta materia, según detalla Hacienda se acogieron varios aspectos levantados por los senadores en la Comisión de Hacienda.

Entre esos puntos se destaca que se mantiene la autorización judicial como regla general. Excepcionalmente, la UAF podrá acceder a esta información sin autorización judicial, para completar el análisis de tres tipos de reportes de operaciones sospechosas (ROS): ROS emanados de un banco, considerando que en estos casos la UAF ya accedió a la información protegida por el secreto bancario; ROS referido a un funcionario público; y/o, ROS referido a una persona jurídica.

Además, se establece un procedimiento para el ejercicio de esta facultad excepcional, de acuerdo al cual debe justificarse por qué dicha información es indispensable y no pude obtenerse en ejercicio de otras facultades.

También se incorporó un control ex post del ejercicio de esta facultad excepcional, a cargo de la Corte de Apelaciones de Santiago. “Se establece que el director de la UAF deberá enviar la respectiva resolución y los antecedentes, y se explicita el deber de eliminar la información en caso de que se represente el incumplimiento de las condiciones establecidas para su ejercicio, explicitando la aplicación de sanciones disciplinarias y penales”.

Para el caso general de la autorización judicial, se habilita expresamente a la UAF a formular solicitudes respecto de más de una persona, siempre que se relacionen con el análisis de operaciones vinculadas al crimen organizado.

Pese a estas modificaciones, los senadores de la oposición lo rechazaron. Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda ya afirmó que esta medida será repuesta en su discusión en la Cámara de Diputados. Una instancia importante que deberá revisar esta iniciativa será la Comisión de Hacienda.

Y si el camino fue complicado para esta norma en el Senado su futuro en la Cámara no será fácil. Esto porque desde ya los legisladores del bloque opositor anticipan que si se mantiene tal como está la norma se rechazará, ya que consideran que se debe mantener el levantamiento del secretos bancarios vía judicial y no administrativa como lo pretende hacer el gobierno.

Frank Sauerbaum, diputado RN e integrante de la Comisión de Hacienda, afirmó que “tenemos que ver cómo se agiliza el proceso de autorización del levantamiento del secreto bancario, pero no se puede omitir la autorización judicial sin más”. En ese sentido, señaló que “tal como lo hemos establecido para la interceptación de comunicaciones y otras medidas intrusivas, se debe pasar por autorización judicial. De lo contrario corremos el riesgo incluso de cometer una inconstitucionalidad”.

Misma visión entrega su par de RN Miguel Mellado: “Si quieren hacerlo por la UAF a nivel administrativo las personas pueden tener problemas con el secreto de sus datos personales. No hay demora en este proceso si se hace a través de los tribunales de Justicia y así también lo ha dicho el Fiscal Nacional. No hay razones para sea vía administrativa”.

Felipe Donoso, diputado de la UDI, acotó que “me parece que se puede levantar el secreto bancario tal como está hoy día a través de un juez y que haya argumentos suficientes para hacerlo, pero no a través de un funcionario administrativo”. Por ello, si la norma llega tal como está en el proyecto “lo vamos a rechazar”.

Y desde el partido Republicano, el diputado Agustín Romero, argumentó que “mi postura frente a la propuesta del gobierno es clara: rechazo cualquier medida que vulnere el secreto bancario sin las debidas garantías judiciales. El argumento de la izquierda de que esto agilizaría la investigación del crimen organizado es un pretexto para ampliar la discrecionalidad del Estado sobre la información privada de los ciudadanos”.

Asimismo, agregó que “comparto los argumentos que se dieron en el Senado, en el sentido que la actual legislación ya permite levantar el secreto bancario con autorización judicial, y en los últimos años todas las solicitudes han sido aprobadas en menos de 24 horas. Esto demuestra que el sistema funciona y que no hay una barrera real para la persecución de delitos financieros”.

Y puntualizó que “lo que el gobierno propone, en cambio, es un camino peligroso que deja abierta la puerta a posibles abusos y persecuciones políticas. Hoy dicen que es solo para el crimen organizado, pero mañana podrían utilizar esta herramienta contra cualquier persona, sin control judicial y sin transparencia”.