Muchas áreas del Gobierno de Estados Unidos podrían cerrar temporalmente en la medianoche del viernes si el Congreso no aprueba una ley de gasto provisional debido a la presión de Donald Trump.

El presidente electo también está instando a los legisladores a aprobar un mayor endeudamiento del Gobierno abordando el techo de deuda del país antes de que asuma el cargo el 20 de enero.

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Se supone que el Congreso debe asignar fondos a 438 agencias gubernamentales antes del 1 de octubre, el inicio del año fiscal, pero los legisladores rara vez cumplen este plazo y suelen aprobar proyectos de ley de gastos temporales para mantener el Gobierno en funcionamiento mientras terminan su trabajo. La actual ley de gastos temporales expira el sábado. Republicanos y demócratas han preparado una ley que retrasaría el plazo hasta el 14 de marzo, pero Trump ha instado a los republicanos a votar en contra.

Si los legisladores no llegan a un acuerdo que pueda pasar por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y el Senado, de mayoría demócrata, y aprobarlo antes de la medianoche del viernes, gran parte del Gobierno no tendrá financiamiento.

El límite de endeudamiento es un tope establecido por el Congreso sobre la cantidad de dinero que el Gobierno de Estados Unidos puede pedir prestado. Como el Gobierno gasta más dinero del que recauda en impuestos, los legisladores tienen que abordar periódicamente la cuestión, una tarea políticamente difícil, ya que muchos son reacios a votar a favor de más deuda.

Trump quiere que el Congreso aborde el techo de deuda ahora para no tener que lidiar con él cuando esté en la Casa Blanca. Una de sus primeras prioridades al volver al poder será prorrogar los recortes fiscales aprobados durante su primer mandato. Según los expertos fiscales, esto añadiría unos 4 billones de dólares en la próxima década a la deuda del Gobierno federal, que asciende a 36 billones de dólares.

El Congreso fijó el primer límite de deuda en US$ 45.000 millones en 1939, y desde entonces ha tenido que elevarlo 103 veces, ya que el gasto ha superado sistemáticamente a los ingresos fiscales. En octubre, la deuda pública representaba el 98% del producto interior bruto estadounidense, frente al 32% en octubre de 2001.

En virtud de un acuerdo presupuestario para 2023, el Congreso suspendió el techo de deuda hasta el 1 de enero de 2025. En la práctica, el Tesoro estadounidense podrá pagar sus facturas durante varios meses más, pero el Congreso tendrá que abordar la cuestión en algún momento del próximo año.

La inacción podría impedir al Tesoro pagar sus deudas. Un impago de la deuda estadounidense tendría probablemente graves consecuencias, agitando los mercados financieros mundiales y sumiendo al país en una recesión.

A veces el Congreso eleva el techo de la deuda discretamente, y otras veces los legisladores aprovechan la ocasión para enzarzarse en un ruidoso debate sobre política fiscal antes de elevar el tope en el último momento posible.

En 1995 y 1996, los republicanos intentaron sin éxito combinar un aumento del techo de la deuda con recortes del gasto, lo que provocó dos cierres parciales del Gobierno. Consiguieron importantes restricciones del gasto en un enfrentamiento en 2011 que puso a Estados Unidos al borde del impago y provocó la primera baja de su calificación crediticia.

Según el Servicio de Investigación del Congreso, desde 1981 ha habido 14 paralizaciones, muchas de las cuales han durado solo uno o dos días. El más reciente fue también el más largo, con una duración de 35 días entre diciembre de 2018 y enero de 2019 debido a una disputa entre el entonces presidente Trump y el Congreso sobre la seguridad fronteriza.

Cientos de miles de trabajadores federales serían suspendidos sin sueldo y una muchos servicios podrían verse interrumpidos, desde la supervisión financiera hasta la recogida de basura en los parques nacionales.

Otros trabajadores considerados esenciales permanecerían en sus puestos, aunque tampoco cobrarían. Se mantendrían servicios como el reparto de correo y la recaudación de impuestos.

Los cierres que duran sólo unos días tienen pocas repercusiones prácticas, sobre todo si se producen durante un fin de semana, pero la economía en general podría resentirse si los empleados federales empezaran a perder sus nóminas al cabo de dos semanas.

Una paralización reduciría directamente el crecimiento del PIB en alrededor de 0,15 puntos porcentuales por cada semana que dure, según Goldman Sachs, pero el crecimiento aumentaría en la misma cantidad después de que se resolviera.

El cierre de 2018-2019 costó a la economía unos US$ 3.000 millones, lo que equivale al 0,02% del PIB, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.

Cada departamento y agencia tiene un plan de contingencia para determinar qué empleados deben seguir trabajando sin sueldo.

La paralización de 2018-2019 dejó sin trabajo a unos 800.000 de los 2,2 millones de empleados del Gobierno federal.

El plan de cierre para 2022 del Departamento de Seguridad Nacional prevé mantener a 227.000 de sus 253.000 trabajadores, incluidos los agentes de seguridad fronteriza y la Guardia Costera.

El Departamento de Justicia dijo en su plan de contingencia para 2021 que el 85% de sus 116.000 empleados serían considerados esenciales, incluido el personal penitenciario y los fiscales. Los litigios penales continuarían, aunque la mayoría de los casos de litigios civiles quedarían en suspenso.

El transporte aéreo se mantendría relativamente sin trabas, pero en anteriores paros la Administración de Seguridad en el Transporte ha advertido de que los inspectores de los aeropuertos podrían dar parte de baja a un ritmo mayor.

No está claro si los 63 parques nacionales de Estados Unidos permanecerán abiertos.

El Servicio de Impuestos Internos ha suspendido hasta el 90% de su personal en el pasado, pero todos sus empleados son considerados esenciales bajo su plan de contingencia actual.

Todo el personal militar seguiría trabajando, pero se prescindiría de unos 429.000 empleados civiles del Pentágono.