Imaginemos que algunas casas de un condominio deciden que para fumigar su jardín utilizarán sólo productos que no dañen insectos, los cuales simplemente se alejarán. Pero otras casas del mismo condominio creen que esos productos son caros y deciden usar los de siempre, que no son “ecofriendly”. Lo más probable es que la mayoría de los insectos de todo el barrio mueran, porque nos distinguen muros ni límites.

Un argumento similar es el que se está utilizando a nivel internacional al hablar de “fuga de carbono”, donde hay países que invierten para producir de forma más sustentable reduciendo la huella de carbono, pero otros fabrican los mismos productos con estándares más laxos. Finalmente, el planeta y la naturaleza se ven afectados, ya que no entienden de fronteras.

Este es un tema que está comenzando a calar fuerte en los sistemas comerciales mundiales, donde la Unión Europea (UE) dio los primeros pasos para abordarlo. Esto, porque al tener normas cada vez más estrictas con respecto a la emisión de carbono, ciertas industrias están trasladándose fuera de este conglomerado de países del Viejo Continente, para producir con menos estándares medioambientales, generando una “fuga de carbono”. Y muchos de esos productos, luego se importan de vuelta a la Unión Europea.

“Es un problema bastante profundo, ya que, por ejemplo, si la UE se pone dura con respecto a las emisiones de metano del sector ganadero dentro de sus fronteras, inexorablemente significará un desplazamiento de dicha producción a un lugar de mayor intensidad de emisiones”, plantea Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente y académico de la Universidad Católica de Valparaíso.

Luego de varios años de ajustes y conversaciones, hace unas semanas la Comisión Europea (CE) adoptó las normas que se aplicaran en el denominado “Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono” (MAFC), que comenzará su período de prueba el 1 de octubre, hasta fines de 2025. La normativa plantea fijar una tasa a la importación de ciertos productos que provengan de fuera de la UE y forma parte de una serie de leyes que se están ajustando en el marco del paquete “Objetivo 55″, para cumplir la Ley Europea del Clima, mediante una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 55% para 2030, en comparación con los niveles de 1990.

La tasa se aplica si los productos proceden de países con normas menos ambiciosas que las de la UE, lo que garantiza que las importaciones no sean más baratas que el producto equivalente de la UE y evitaría el riesgo de que los sectores más contaminantes deslocalicen su producción a países con limitaciones menos exigentes en materia de emisiones.

Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos (Cisger) de la Universidad del Desarrollo (UDD) lo explica de la siguiente forma: “La CE ha propuesto el MAFC con la idea de que los productos compitan de forma justa. Hay que tratar de ser más verdes, ya que los suyos son menos competitivos con otros que vienen de lugares como África o el sudeste asiático, que entran con un bajo precio, pero con una huella de carbono más alta. Entonces, la idea es que los bienes que se producen de esa manera fuera de la UE, paguen por esa diferencia”.

Daniel Vercelli, socio y managing partner de la consultora en sustentabilidad, Manuia, cree que lo que puede terminar pasando, es que “efectivamente comiencen a traspasarse responsabilidades de un país a otro, porque los países con más recursos limpian sus matrices a costa de mandar producción a países con menores recursos y además cobrar impuestos si esos productos o energía vienen sucios. Puede ser una nueva fuente de desigualdad entre el mundo desarrollado y en desarrollo”. Y agrega: “Es un fenómeno tan serio como lo que sucedió cuando países fueron moviendo la producción a otros países, buscando lugares de fabricación con menos regulación socioambiental y laboral, o menos estándares de derechos humanos. Podría pasar lo mismo”.

Godoy va más allá: “La pregunta (y la discusión que se está dando) es si realmente es un pago por ingreso aduanero o un impuesto. ¿Qué pasa entonces si un producto chileno entra a Europa con una huella de carbono menor al que se produce allá? Claro, no pagará ese impuesto, pero tampoco hay beneficios por ser menos contaminantes. No te pagan por ese esfuerzo. O, ¿qué pasaría si Chile decidiera hacer lo mismo con productos de origen europeo que tienen una huella mayor que los fabricados localmente? Por eso, al final, pareciera ser una medida proteccionista de la industria europea. Al menos, muchos círculos académicos lo están viendo como una nueva guerra comercial proteccionista”, dice el profesor de la UDD.

Incluso, Estados Unidos está dentro de una discusión de un mecanismo similar, pero que penalice los productos importados con altas tasas de gas metano en su producción.

Para Mena, la mejor forma de abordarlo a nivel nacional y mundial, es tener mercados de carbono con precios integrados, que es parte del Artículo 6 del Acuerdo de París, “que favorecerán a aquellos sistemas productivos con menores emisiones, para que se haga extensivo a todos los países”, manifiesta el exministro.

Vercelli, añade: “Por eso es importante que los países como el nuestro, cuenten con una institucionalidad robusta Y que recurran al Climate Action Teams, que permite implementar el artículo 6 de manera robusta”.