“Nosotros somos hinchas y también nos gusta ganar plata”, fue lo que, en pocas palabras, Pedro Pablo Larraín Mery (45), el presidente de Sartor Finance Group, le comentó a un director de Azul Azul el día en que el grupo financiero irrumpió en la concesionaria del club deportivo de la Universidad de Chile, en mayo de 2021. El directivo no dudó de esa declaración, que tres años después, el 14 de noviembre pasado, resonó en su memoria, luego que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decidiera suspender por 30 días los aportes a los fondos mutuos y de inversión públicos manejados por Sartor Administradora General de Fondos S.A., debido a “deficiencias relevantes detectadas en su gestión”.

Sartor ha sido visto desde su arribo a esa casa deportiva con distancia y recelo. Su estilo de hacer negocios -también calificado como agresivo en el mercado- no ha dejado de llamar la atención durante todos estos años dentro de la concesionaria, en medio de la distancia existente entre la administración y el resto del club (ver nota secundaria).

La CMF denunció que una parte relevante de los recursos de los fondos mutuos y de inversión públicos administrados por Sartor AGF se usaron para financiar negocios donde participaban personas relacionadas a los directores y accionistas mayoritarios de la administradora, evidenciando no solo conflictos de intereses, sino que además “otras debilidades”, como la “falta de análisis de riesgo adecuado” y provisiones, según lo informado por el regulador. Hasta ahora, la firma se ha defendido diciendo que su prioridad ha sido reunirse con los aportantes durante la semana para explicarles la situación, a la vez que están trabajando con la CMF “para llegar a una solución en el menor tiempo posible”.

En el sistema financiero miran con interés el devenir del caso. La suspensión de los aportes a los fondos podría terminar golpeando a todos los inversionistas, que es a quienes el regulador busca proteger. Además, los fondos de Sartor son intensivos en deuda privada, un negocio que no para de crecer en Chile, producto de las restricciones a los bancos y donde las garantías son clave, ya que suelen valer mucho más que las propias obligaciones financieras.

Consultada al respecto, la firma sostuvo que “la medida provisional de la CMF generó un impacto importante en inversionistas de Sartor AGF, como en varios fondos de deuda privada del sistema. Pero nuestros aportantes conocen los 13 años de historia que tenemos en la gestión de fondos y confían en la calidad de los activos que subyacen en cada uno”.

Hasta este viernes, cuatro fondos de deuda privada de Sartor perdieron aportantes que retiraron el 4,9% de los recursos, $13.273 millones, unos US$13,4 millones, según consignó El Mercurio Inversiones.

Los principales fondos de Sartor acumulan rentabilidades sobre el 7% anual y entre 0,3% y 0,7% en lo que va de noviembre.

Pedro Pablo Larraín fundó Sartor Finance Group en 2012. La llamó así por el concepto de “trajes a la medida” que pretendía vender en su negocio. Sartor en latín significa “sastre” y hasta hoy, en el mercado financiero lo apodan a él de esa manera. En principio, el grupo atendía inversionistas y personas de alto patrimonio, pero con el paso del tiempo, Larraín se dio cuenta que había un enorme negocio en la deuda privada y sus emisores: pequeñas y medianas empresas con buenas ventas y activos, pero problemas de caja o riesgo. Y eso marcó el despegue definitivo de su negocio.

Poco a poco, la firma fue creciendo y PP -como lo llaman coloquialmente en la oficina- se fue convirtiendo en el dueño y cerebro de Sartor. En 2016 crearon la AGF, cuyo principal accionista es Asesorías e Inversiones Quisis Limitada, una sociedad de inversiones que Larraín maneja con su cónyuge, la sicóloga de la U. Gabriela Mistral, Ximena Carvallo, actual gerenta de personas del grupo, que tiene una plantilla de más de 60 trabajadores.

Hoy, Inversiones Quisis Ltda. posee el 49,07% de las acciones de Asesorías e Inversiones Sartor, controladora de la AGF, tras adquirir paulatinamente entre 2020 (cuando tenía el 27,76%) y 2023, diversas participaciones. La principal: parte del 17% que durante dos años y medio mantuvo la fintech estadounidense Atlas, entre octubre de 2020 y el mismo mes del año pasado. Los montos de la transacción se desconocen, pero se trató de una recompra establecida en el acuerdo de ingreso de los norteamericanos. El segundo mayor accionista con el 26,76% es la sociedad Mar del Sur, que pertenece al empresario Oscar Ebel.

El 2020 comenzó la internacionalización del grupo en Lima, con la creación del Fondo de Inversión Táctico Perú, que invierte en facturas y está denominado en soles, la moneda local. En 2023, la AGF lanzó un segundo fondo de ese tipo, pero esta vez en dólares y que ya tiene US$46 millones en activos bajo su gestión.

Sartor AGF maneja 16 fondos: 10 fondos de inversión y 6 fondos mutuos. Acorde su memoria 2023, el año pasado fue uno de los mejores de la firma, ya que aumentó en 16% sus activos administrados alcanzando los $358.000 millones, unos US$363 millones. “Esto nos permitió cerrar el año como uno de los principales jugadores chilenos en este segmento (deuda privada) que hace invertible una variedad de activos financieros que hasta hace pocos años no eran considerados por los portafolios: créditos directos, capital preferente, mutuos hipotecarios, factoring, crédito automotriz, operaciones de leasing y lease back”, describió Pedro Pablo Larraín el corazón del negocio en la carta a los accionistas, donde destacó los más de 5 mil clientes.

La Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi) contabiliza al primer trimestre de este año la existencia de 187 fondos de inversiones en Deuda Privada en Chile, que manejaban US$6.100 millones en activos.

Hasta el cierre de esta edición, la firma seguía concentrada en reuniones con clientes para explicar la situación y elaborar un plan de trabajo para proteger el patrimonio de los aportantes.

Según sus datos, las inversiones cuestionadas representan menos del 15% de los activos administrados. “La resolución de la CMF generó mucha alarma en el mercado y es importante dar confianza a los clientes y de que la calidad del activo es sólida”, sostienen en la gestora, donde recalcan que no se está trabajando en ningún “plan de pagos”, porque no hay problemas de liquidez como para devolverle la plata a los aportantes, sino que se está estructurando un plan de trabajo con la CMF. “Hay distintas alternativas que no se pueden revelar públicamente por el momento, pero que logran cumplir con lo que quiere la CMF, a la vez que cautelan el patrimonio de los aportantes”, añaden.

Reconocido por su aficción al fútbol, en sus años universitarios en ingeniería comercial de la Universidad Finis Terrae, Pedro Pablo Larraín destacó por su capacidad en los temas financieros. Un excompañero de esos años, los últimos de los ‘90, lo recuerda hablando de negocios e innovaciones financieras con propiedad. Jamás sería un advenedizo entre los grandes del mundo de las inversiones.

Eran los años del crédito barato y el nacimiento de la revolución tecnológica. El joven estudiante, egresado en 2001, disfrutaba con las noticias de las emergentes puntocom y sus estrategias para atraer el interés de los inversionistas. Después hizo un magíster en Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Hijo del empresario Carlos Larraín Corssen (PP es primo de Kenita Larraín) y la fruticultora Loreta Mery, el mundo de los negocios, las pymes, y los círculos financieros nunca fueron extraños para él. Con esas armas, logró forjar durante sus primeros años en el mercado una tupida red de buenos contactos. “Tiene capacidad para detectar oportunidades”, dijo escuetamente el dueño de una automotora a este diario.

Ambicioso y resiliente, en su entorno más de una vez lo han oído hablar de los darumas, esos muñecos artesanales japoneses que siempre vuelven a ponerse en pie tras volcarse. Una de las veces en que más las sacó a colación fue en 2021, cuando estalló el caso Swell, considerado como uno de sus momentos más difíciles.

Sartor le prestaba el backoffice a la administradora de fondos Swell Capital -que no estaba regulada- a cambio de una remuneración. Pero lo que parecía como un buen negocio comenzó a torcerse a mediados de 2021, cuando el socio y gerente de inversiones de Swell Capital, Octavio Gamboa se autodenunció. Conocido en el mercado como el “Gamba”, el ejecutivo reconoció haber cometido una estafa ascendente a unos $ 7 mil millones que afectó a la sociedad y los clientes de los dos fondos que alcanzó a tener Swell.

Larraín se querelló contra Gamboa y sus socios -Juan Luis Montalva y Nicolás Iglesis-, por delitos de apropiación indebida, falsificación de instrumento privado y estafa. Quienes lo conocen dicen que ahí sacó a relucir su carácter seductor y excelentes dotes para las ventas y las relaciones públicas, ya que decidió tomar el caso personalmente. “En un principio él seguía pensando que Gamboa y sus socios iban a responder porque había confianza y cercanía. Se sintió traicionado. Sentía que se trató de poner en jaque la reputación de Sartor de forma gratuita”, cuenta un exejecutivo de la firma.

Hasta ahora, el caso sigue abierto en tribunales. Desde agosto, Gamboa está libre con firma bimensual -algunos dicen que ha vuelto a operar- y este jueves, el 4º Juzgado de Garantía de Santiago ordenó el remate de dos automóviles de Michael Suárez, el exgerente de administración y finanzas de Swell también partícipe de los ilícitos.

A un amigo, con quien también ha hablado estas últimas semanas, Pedro Pablo Larraín le reveló entonces su temor de que la cuesta abajo fuera imparable. Hoy, le dijo que está confiado en que podrá revertir el mal momento. Y que pondrá todo por lograrlo.

Sartor tomó el control de Azul Azul en mayo de 2021, tras comprar el 63,07% de las acciones de la concesionaria que estaban en manos de Carlos Heller, en una operación financiera que lideró Michael Clark por unos US$15 millones. Su arribo, aunque polémico, ilusionó a la hinchada, el plantel y los trabajadores de la tienda, que esperaban un golpe anímico, ya que la U hasta entonces solo acumulaba fracasos y problemas.

El ingreso de Sartor se hizo a través de Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport que nada más entrar al directorio de Azul Azul comenzó a aplicar su propia receta, generando fuertes resquemores internos. Los entonces representantes de la universidad en el directorio de Azul Azul, Carolina Coppo y Andrés Weintraub, incluso acusaron a los nuevos dueños de no considerar la opinión de los demás para nada en sus decisiones. La mala relación se fue profundizando con los años y los escasos logros deportivos, que llevaron a la U al borde del descenso, ensayar con un director técnico tras otro y comprar de jugadores que no sirvieron como refuerzos.

La situación se hizo más tensa este año. Pese a las mejoras deportivas, que llevaron a que esta semana la U ganara la Copa Chile 2024, la relación con la hinchada y el cuerpo deportivo sigue careciendo de fluidez, coinciden dentro de la concesionaria. Este jueves cuando Michael Clark presidente de Azul Azul subió al podio en el Estadio Nacional, fue abucheado largamente.

Otra muestra de lo complicado de las relaciones fue la querella por amenazas -hasta de bomba- que recibió Sartor por redes sociales y telefónicamente en julio pasado en sus oficinas de calle Cerro el Plomo 6000, comuna de Las Condes. Esta semana, el 4º Juzgado de Garantía resolvió continuar con la indagatoria, luego que en octubre, por error, el Ministerio Público pidiera no perseverar en la investigación.

Fuentes conocedoras del caso dijeron que esta semana la fiscal de Las Condes, Evelyn Kremer despachó nuevas diligencias pedidas por los querellantes.

A ese “ruido” se suman las constantes dudas y comentarios sobre los eventuales dueños reales del club que estarían detrás del grupo inversor. En medios deportivos y redes sociales se especula que entre los accionistas finales del FIP Tactical Sport estarían el representante de jugadores, Fernando Felicevich y el exdueño de Huachipato, Victoriano Cerda. Ambos han negado reiteradamente -Sartor también- la existencia de esos vínculos, pero esta semana a raíz de la suspensión de los fondos de Sartor, el tema ha vuelto a circular. Sobre todo, porque en su resolución la CMF apunta a que Sartor AGF habría invertido los recursos de los fondos mutuos y de inversión públicos administrados en deudas personas vinculadas a los directores o accionistas mayoritarios de la sociedad administradora.

Según la memoria 2023 de Azul_Azul, el fondo Tactical Sport es dueño del 63,76%. Los aportantes del fondo son Asesorías e Inversiones Sartor, con el 90%, y una sociedad de Michael Clark, el presidente de la sociedad anónima, con el 10%.

Pero como Asesorías e Inversiones Sartor, Pedro Pablo Larraín es indirectamente el mayor accionista de Azul Azul. La sociedad que tiene en partes iguales con su señora, Ximena Carvallo, Inversiones Quisis Limitada, suma el 27,854% de la concesionaria. Larraín, por sí solo, participa con el 22,082% del fondo Tactical Sport y con el 13,927% de Azul Azul. Michael Clark tiene indirectamente el 5,676% de la sociedad.