Reforma previsional: los abogados escogidos por el gobierno para hacer el informe en derecho sobre el alcance del borrador de nueva Constitución

La reforma previsional está congelada desde hace algún tiempo, sin mostrar movimientos en el Congreso. La decisión del gobierno ha sido esperar hasta después del plebiscito constitucional del 17 de diciembre para reactivar la reforma previsional, ya que estiman que sería complejo lograr algún acuerdo político previo al plebiscito. Desde el Ejecutivo estiman que si se rechaza la propuesta de nueva Constitución, puede tomar fuerza la reforma de pensiones. En cambio, si se aprueba el texto, se complejizaría la tramitación política.

Pero hay un ingrediente adicional que el gobierno está considerando de aprobarse la nueva Constitución, y es respecto del contenido del texto que se votará en diciembre. A juicio de algunos constitucionalistas, lo aprobado en este tema por el Consejo Constitucional pone en duda que se pueda destinar cotización de pensiones para solidaridad, que es lo que busca hacer el gobierno al menos con cuatro puntos de los seis extras que incluye el proyecto, pero no hay una única visión en la materia.

Según la primera mirada que le ha dado el Ejecutivo al contenido del anteproyecto, estiman que no hay obstáculos para seguir adelante con su reforma. Así, de aprobarse la nueva Constitución, ven que el gran nudo podría estar más bien en lo político. Desde la derecha adelantan que insistirán con más fuerza, en caso de aprobarse el nuevo texto, en que la solidaridad debe hacerse con impuestos generales y no con cotizaciones.

Pero de todas maneras, como el gobierno proyecta que jurídicamente lo propuesto estará sujeto a interpretaciones, creen que es muy pronto para tomar definiciones. Es por esto que, según dio a conocer Pulso a mediados de octubre, el Ministerio del Trabajo ya encargó un estudio en derecho para tener una fuente externa e independiente sobre el alcance de lo que propone la nueva Carta Magna respecto a seguridad social.

Ese informe en derecho, del cual ya hay un borrador y se están afinando los últimos detalles, está siendo elaborado por el constitucionalista Humberto Nogueira y el abogado experto en seguridad social Hugo Cifuentes, quienes fueron escogidos por el Ministerio del Trabajo para analizar lo que dice el anteproyecto del Consejo Constitucional sobre seguridad social y determinar si se pueden destinar cotizaciones a solidaridad, tal como propone la reforma previsional.

Nogueira se tituló como abogado de la Universidad de Chile en 1976. En 1983 obtuvo el título de doctor en Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Actualmente es académico de la Universidad de Talca.

Por su parte, Cifuentes es doctor en Derecho en Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica.

Lo que dice el borrador de nueva Constitución sobre seguridad social, y que a juicio de algunos constitucionalistas pone en duda que se puedan destinar cotizaciones para solidaridad, es que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”.