Más que plazos, lo importante es que se apruebe una buena reforma. Esa es una frase que varios diputados y senadores repiten a la hora de analizar el avance que ha tenido la discusión de la reforma tributaria que ahora está radicada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

El 19 de julio, la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, expuso los principales ejes ante esta instancia legislativa. Luego de la presentación se dio inicio a una fase de audiencias públicas en las que académicos y representantes de gremios entregaron sus opiniones y propuestas sobre el proyecto del Ejecutivo.

Este proyecto es considerado la columna vertebral en el plan de la administración del Presidente Gabriel Boric, puesto que con la recaudación obtenida permitirá financiar la mitad del programa de gobierno.

Aunque la iniciativa ha ido avanzando, ha tenido modificaciones en el camino. De hecho, antes de comenzar a votar Hacienda ingresó 27 cambios. Estos ajustes se dividieron en cinco ejes temáticos: cuatro relacionados con la inversión, ocho que apuntan a la agenda antielusión y evasión, otros ocho al nuevo sistema de impuesto a la renta, cuatro para el régimen pyme y tres para el impuesto al patrimonio.

En el detalle se presentaron modificaciones a la norma de tasación, denunciante anónimo, comercio informal e ilegal, zona franca, impuestos pagados en el exterior, paraísos fiscales, beneficios DFL, gasto presunto arriendos, paraísos fiscales, impuesto de salida (Exit Tax) y límite de carga tributaria.

Todos estos ajustes implicaron una menor recaudación de 0,5 puntos: es decir, la reforma pasó de recaudar 4,1% del PIB en régimen previsto originalmente a 3,6% del PIB. Con estos cambios sobre la mesa, la comisión votó en general el proyecto el 26 de septiembre. Y si bien se aprobó la idea de legislar, el gobierno no contó con el apoyo de los legisladores de oposición quienes, pese a que 11 de las 27 indicaciones realizadas iban con el respaldo de los técnicos del sector, no entregaron su visto bueno a la propuesta.

De esta forma, la recaudación para 2023 se mantiene en 0,6% del PIB; mientras que para 2023 sería de 1,4% y para el tercer año de gobierno un 2,7%.

El 24 de octubre esta instancia comenzó su votación en particular. En el primer pack se aprobó el primer conjunto de artículos relativos a las modificaciones a la Norma General Antielusiva (NGA).

En concreto, la comisión aprobó el primer set de artículos que introducen cambios en materia antielusiva. El más importante, y que motivó la desaprobación mayoritaria de los diputados de derecha que conforman la instancia, supone ajustes al procedimiento para establecer violaciones de un contribuyente a la NGA. El esquema considera la creación de un comité antielusivo, integrado por los subdirectores de las divisiones de fiscalización, normativa y jurídica del Servicio de Impuestos Internos (SII), y que deberá calificar de manera unánime la existencia de elusión, previa presentación de la unidad antielusión del mismo órgano administrativo. También se aprobaron nuevas normas de entrega de información sobre inversiones, en el sentido de incorporar a los contribuyentes residentes en Chile que sean controladores de trust en el exterior y se avanzó en la idea de incorporar la obligación de informar mediante carta certificada, tanto al contribuyente como al banco, cuando se notifica la decisión de levantar el secreto bancario.

Otro de los temas que ha generado debate en la comisión es la figura del denunciante anónimo, por lo que el gobierno debió realizar ajustes que apuntaban a evitar que existieran denuncias falsas. Pese a ello, la oposición lo rechazó.

Entre los cambios a esta figura se especificó que quien solicite que se le otorgue la calidad de denunciante anónimo, aportando antecedentes a sabiendas de que estos son falsos o fraudulentos, será sancionado con las penas de presidio menor en su grado medio a máximo y una multa de 15 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) -es decir, unos $913 mil-, sin perjuicio de las acciones que el denunciado pudiese interponer para resarcir los perjuicios causados. En caso de que el sancionado tuviere la calidad de denunciante anónimo, en forma adicional perderá dicha calidad. Antes esta conducta tenía penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y una multa de 6 a 10 UTM. El resto de las normas antielusión y de fortalecimiento del SII han ido avanzando sin mayores sobresaltos.

En las dos últimas sesiones realizadas a fines de noviembre se aprobó la creación del sistema dual y el tributo al diferimiento de impuestos finales, entre otros cambios. El sistema dual, que reemplazará al semi integrado para las grandes empresas, contó con 8 votos a favor, dos de ellos de los parlamentarios de RN Miguel Mellado y Frank Sauerbaum, versus tres en contra, lo que fue resaltado por el Ejecutivo.

El próximo martes y miércoles, la Comisión de Hacienda seguirá la discusión del proyecto, enfocada ahora en analizar el impuesto al patrimonio, impuesto a las personas y algunas otras materias relacionadas al impuesto a la renta.

Si bien la idea original del gobierno era que la reforma estuviera aprobada en su totalidad en el Congreso en marzo, esa expectativa ha ido cambiando. Ahora prevén que en enero el proyecto llegue al Senado para iniciar el proceso audiencias y luego comenzar la votación recién entre marzo y abril.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Jaime Naranjo (PS), tiene un cronograma distinto. Para el legislador, es probable que el texto esté aprobado en su totalidad de la Comisión en enero de 2023, por lo que en marzo estaría en condiciones de ser analizada por la sala de la Cámara, por lo que, según los cálculos de Naranjo, el texto estaría llegando al Senado entre marzo y abril. De esta manera, considera que un plazo razonable para que esté totalmente aprobada y despachada a ley es agosto de 2023.

En el Senado tienen incluso una visión más cauta y los legisladores creen que la discusión será más pausada, ya que esperan que haya un acuerdo que se traducirá en nuevas indicaciones. Desde la oposición señalan que el proyecto sigue generando reticencia en ese sector político, por lo que creen que el Ejecutivo debe hacer cambios más sustantivos como eliminar la idea de aplicar el impuesto a la riqueza. Dado este escenario, el plazo que manejan los senadores es que el texto sea aprobado en la Cámara Alta bien entrado el 2023.