Este martes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto del reajuste del sector público, y tan pronto como este jueves la sala del Senado también le dio el visto bueno a la iniciativa que establece un incremento salarial de 4,3%, mientras que los bonos, aguinaldos y el reajuste de remuneraciones mínimas será de 4,8%.
Se estima que el reajuste de remuneraciones beneficiará a 844.934 trabajadores, mientras que los reajustes de bonos y aguinaldos los recibirán otras 3.946.962 personas, entre beneficiarios activos y pasivos. El costo fiscal de estos incrementos será de $1.078.788 millones para los salarios, de los cuales $81.024 millones se destinarán a bonos y aguinaldos en 2024.
“Este proyecto de ley tiene más de 100 artículos que se podrían haber vinculado a la necesidad de modernizar el Estado. Valoro que el ministro haya señalado que se va a ingresar un proyecto para los trabajadores del sector público en teletrabajo. Podríamos haber aprovechado este proyecto de ley para modernizar el Estado”, señaló la senadora Yasna Provoste.
Mientras que la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, dijo que “quiero pedir que entendamos que hay aspectos que van a ser abordados de manera parcial como salud, y otros que tenemos que abordar de manera definitiva. No podemos dejar de mirar lo que ocurre con 10 millones de personas afectadas por el tema salud. Se atienden en algún prestador privado. Si el sistema colapsa, va a colapsar para las personas. Es el deber de este Parlamento resolver los problemas”.
La sala del Senado aprobó el proyecto en general con 32 votos, de forma unánime, por lo que el Senado despachó el proyecto.
Esta iniciativa también incluye una medida que busca mitigar una parte de la baja de ingresos de 12% promedio que verán las isapres a partir de enero dado que ya empezaron a aplicar el fallo GES. En concreto, el proyecto considera adelantar, de manera excepcional, la aplicación del Índices de Costos de Salud (ICSA, una suerte de IPC, un Índice de Precios del Consumidor de la Salud) 2024 para abril, en vez de julio.
“El seguro privado de salud ya ha notificado a sus empleadores o afiliados el cambio de condiciones a partir de enero. Estamos ad portas de una situación crítica. Lo estamos planteando desde la perspectiva de asegurar tratamientos de alto costo. Le hemos pedido al gobierno establecer medidas excepcionales en caso que quiebre algún seguro privado de salud. Voy a pedir votación separada y espero que este debate lo podamos dar, porque estamos frente a una crisis sistémica. Hemos pedido tres tareas que deben requerir tres esfuerzos. Cumplir el fallo GES, la ley corta de isapres, y tercero la reforma a la salud”, dijo el senador de RN Francisco Chahuán.
“Las isapres nos robaron y no lo digo yo lo dicen las sentencias judiciales. Si eres poderoso eres impune, roba porque no te va a pasar nada, porque eres poderoso. Lo que está pasando es que los afectados tengan que pagar por su indemnización. No es un negocio individual el de isapres, situación única que se permite en Chile. Paremos de contaminar esta discusión con un caballo de troya”, sostuvo el independiente Carlos Bianchi.
El senador DC, Iván Flores, dijo por su parte que “para mi es muy sorprendente que estamos discutiendo muy principalmente temas que son sectoriales. Más allá del reajuste propiamente tal. Si vamos a discutir esos temas, no veo con la misma contundencia las prioridades que la ciudadanía nos señala: seguridad, salud y reactivación económica. Hay que salvar una coyuntura que no afecta a los políticos, sino que a la ciudadanía”.
La senadora Paulina Vodanovic expresó que la norma del ICSA aporta a “que tengamos una sola salud para todos los chilenos y chilenas. No se trata de salvar a las isapres, sino que establecer un sistema transitorio para poder avanzar hacia una verdadera salud para todos y todas”, dijo, anunciando su voto a favor.
Esa medida fue incluida en un conjunto de disposiciones misceláneas dentro de la Ley de Reajuste del Sector Público, aun cuando no tiene directa relación con esa alza salarial, pero dado que este proyecto debía estar resuelto antes de Navidad, la idea de La Moneda era simplemente aprovechar esa celeridad para dar una señal a las isapres de que hay disposición para encontrar una salida a la crisis. En todo caso, esta medida ha sido calificada como “insuficiente” por la Asociación de Isapres, dado que en promedio, según estiman, les permitirá subir el precio de los planes un 2,8% promedio.
Todo eso mientras los senadores están tramitando en paralelo la llamada ley corta de isapres, que busca dar una solución más integral a los efectos que generan los fallos sobre tabla de factores y GES, pero que recién podría estar aprobada, en el mejor de los casos, en abril.
