Senado aprueba y despacha a ley cambios a Compras Públicas

El Senado aprobó por unanimidad el informe de la comisión mixta sobre el proyecto que moderniza la Ley N° 19.886 y otros cuerpos legales, para mejorar la calidad del gasto público, elevar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado conocida como Ley de Compras Públicas. Con esto, el texto quedó listo para ser ley.

Uno de los cambios que introduce es que la Ley de Compras Públicas aplicará también a organismos autónomos tales como el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial y las corporaciones municipales, entre otras entidades. Según el texto, las normas de probidad y transparencia empezarán a regir cuando se publique la ley.

El resto de las disposiciones entrarán en vigor un año después, para dar tiempo a la elaboración de reglamentos, el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas y la capacitación de los equipos de las instituciones regidas por el sistema. Hacienda informó que la excepción son las normas relativas a economía circular y los nuevos mecanismos de compra −subasta inversa electrónica, diálogos competitivos y contratos para la innovación−, que partirán a los 18 meses de publicado el cuerpo legal.

La nueva normativa incluye además procedimientos de compras y contrataciones más competitivos, mayores facultades para la Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra), fomento a la innovación y la sustentabilidad y fortalecimiento de los Tribunales de Contratación Pública.

De esta forma, desde Hacienda enfatizaron que tras 20 años de vigencia, la regulación de las compras públicas enfrentará una transformación estructural con acento en el resguardo de la probidad y transparencia, la eficiencia del gasto público, la ampliación en 35% de la cobertura del sistema de compras públicas y un incremento en 20% de proveedores, con énfasis en una mayor participación de las Empresas de Menor Tamaño. Este proyecto de ley aprobado y su implementación corresponde a uno de los compromisos del Pacto Fiscal para el Desarrollo en materia de reformas modernizadoras del Estado.

Esta iniciativa legal ingresó al Congreso el 29 de marzo de 2021. Tras asumir, el actual gobierno presentó un primer paquete de indicaciones el 15 de junio de 2022, que recogió observaciones de distintos actores relevantes como el Contralor General de la República y la Fiscalía Nacional Económica. Luego de varias reuniones de trabajo con asesores de senadores y senadoras, se presentaron otros cuatro paquetes de indicaciones, el último de ellos el 13 de abril de 2023.