Los Tribunales Ambientales llevan más de seis años sin tener a todos sus miembros, lo que ha afectado la eficiencia y rapidez de sus decisiones. El problema radica en un sistema de nombramientos lento y complejo, que ha dejado vacantes prolongadas en los cargos de ministros titulares y suplentes.

Estos tribunales fueron creados en 2012 por la Ley N° 20.600, con el objetivo de contar con órganos especializados para resolver disputas ambientales. La ley estableció tres tribunales en Antofagasta, Santiago y Valdivia, cada uno con jurisdicción en distintas zonas del país. Deben estar compuestos por tres ministros titulares (dos abogados especializados en derecho ambiental y un licenciado en ciencias) y dos ministros suplentes (uno abogado y otro licenciado en ciencias). Desde su creación, estos tribunales han sido clave para resolver conflictos ambientales, aunque la falta de jueces completos ha sido un problema constante.

Los abogados Sandra Álvarez, Marcela Godoy y Javier Millar son los presidentes de los Tribunales Ambientales de Antofagasta, Santiago y Valdivia, respectivamente.

El Segundo Tribunal Ambiental, que cubre la zona centro-sur del país, es el más afectado. Desde junio de 2018, no ha logrado operar con todos sus miembros, acumulando más de seis años en esta situación. Durante este tiempo, ha funcionado con un equipo incompleto, recurriendo constantemente a ministros subrogantes de otros tribunales o de la Corte de Apelaciones correspondiente.

“La constante demora en los procesos de nombramiento de ministros de los Tribunales Ambientales genera un impacto en la gestión de nuestro órgano colegiado, incidiendo en una menor eficiencia”, subraya el Segundo Tribunal Ambiental.

El Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, ha experimentado una situación similar. Funcionó con todos sus miembros entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, pero lleva casi cuatro años sin la totalidad de sus jueces.

El Tercer Tribunal Ambiental, en Valdivia, estuvo completo hasta diciembre de 2023, cuando varios ministros dejaron sus cargos. Desde entonces, ha tenido que recurrir a la Corte de Apelaciones de Valdivia para completar su quórum, lo que ha complicado su funcionamiento.

“De los casi 11 años de funcionamiento del tribunal, en cinco de ellos ha estado plenamente integrado por ministros titulares. El tribunal ha debido adaptarse a esta situación, coordinando la integración con la Corte de Apelaciones de Valdivia”, explican desde el Tercer Tribunal Ambiental.

El proceso de nombramiento de los ministros de los Tribunales Ambientales sigue un procedimiento específico que ha generado vacantes prolongadas. El Consejo de Alta Dirección Pública recibe las postulaciones y selecciona entre seis y ocho candidatos. Estos nombres se envían a la Corte Suprema, que puede rechazar algunos o todos los postulantes. Si se rechazan candidatos, se envía una nueva lista.

Luego, el pleno de la Corte Suprema escucha a los candidatos en una audiencia y elige a cinco. Estos nombres se presentan al Presidente de la República, quien propone un nominado. Para que este nominado sea ratificado, se requiere el acuerdo de al menos tres quintos de los senadores en ejercicio.

Cada Tribunal Ambiental tiene dos ministros suplentes, que se designan mediante el mismo procedimiento. Este proceso ha contribuido a la falta de jueces completos en los Tribunales Ambientales, afectando su capacidad para resolver conflictos de esta naturaleza.

Felipe Riesco, socio de Barros Silva Varela & Vigil, explicó: “Mucho se discute sobre la institucionalidad, certeza, y plazos de evaluación. Todo eso es importante. Pero igual de importante es que los tribunales que hacen el control de legalidad de los actos de esa institucionalidad, tengan su dotación completa, y puedan realizar un control intenso de su actuar. Contar con la dotación completa también favorece la estabilidad de la jurisprudencia. Lamentablemente, este no es solo un problema de los tribunales ambientales. Hoy en Chile tenemos pendiente el nombramiento de cuatro cargos en la Corte Suprema, del Contralor General de la República, y de la mitad de la dotación de ministros de los tribunales ambientales”.

El ex ministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo, sostuvo: “No es una buena noticia que los tribunales ambientales no cuenten con la totalidad de sus jueces. Esto repercute en que el objetivo de entregar una jurisdicción especializada en materia ambiental no se esté cumpliendo de manera óptima. La solución debe ser por ley, y para que sea exitosa, los tribunales ambientales deberían ser activos en ella, proponiendo ideas en conjunto”.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó a Pulso que “el sistema de nombramientos de los ministros de los tribunales ambientales provoca que los concursos sean largos de preparar, y cuando te retrasas en una etapa, se retrasa todo el sistema”.

Frente al problema, Cordero señaló que actualmente están dialogando con el Ministerio del Medio Ambiente para ver qué cambios realizarán al sistema. El gobierno debe decidir si el ajuste se hace extendiendo el periodo de nombramiento de los jueces o modificando las entidades que participan en el proceso de selección.

El ministro adelantó que “es más probable que se apunte a aumentar la extensión de los periodos”, ya que a su juicio “la duración del ejercicio de un juez o jueza también es un criterio de estabilidad de la jurisprudencia”.

Según Cordero, otro de los problemas del sistema de nombramientos es la brevedad del periodo de vigencia de los cargos. Los ministros que buscan ser reelegidos deben postularse nuevamente, y podría darse la paradoja de que un juez que busca renovar su periodo deba salir del tribunal y luego ingresar nuevamente.

“La extensión del procedimiento del régimen de nombramientos, junto con el hecho de tener un periodo de tiempo tan acotado, hace que el sistema provoque que nunca estén los tribunales con los ministros titulares al mismo tiempo”, explicó.