Vicepresidente ejecutivo de Cochilco: “Codelco es la empresa más importante del país y es la más obligada a cumplir estándares de probidad y transparencia”

Marco Riveros no le teme a los procesos polémicos. En su cargo como fiscal de Corfo le tocó analizar el contrato que SQM tenía con el Estado por las pertenencias mineras que la privada en manos de Julio Ponce tiene en el salar de Atacama y fue el primero en calificar de “deficitario” el compromiso que la minera no metálica firmó con el Fisco, abriendo con eso un largo conflicto entre Corfo y SQM, y que tuvo a las partes en un arbitraje que se extendió por más de cuatro años. Hoy tiene a la principal productora de cobre del mundo en la mira y está realizando mayores y profundas auditorías y fiscalizaciones a la cuprera, principal mandato que le entregó el ministro de Minería, Baldo Prokurica, cuando asumió la vicepresidencia ejecutiva de Cochilco, en enero pasado. Solo por el tema Salvador, el organismo ya ha iniciado más de cinco procesos, algunos aún en marcha, labores que se suman a la investigación que realizaron en el marco del caso Seguros y que han hecho que varios de esos procesos hoy estén en manos del Ministerio Público para ver las responsabilidades ante potenciales delitos y faltas de probidad de algunos ejecutivos y trabajadores de Codelco.

Para Riveros, Codelco es una empresa “íntegramente pública” y, por lo tanto, debe ser fiscalizada con el mismo estándar que el resto de los organismos públicos; contrario a la tesis que Codelco ha manifestado en el proceso judicial que tiene la minera con la Contraloría. “En nuestras fiscalizaciones y auditorías aplicamos los estándares que la Contraloría establece para todos los organismos públicos y lo vamos a seguir haciendo, porque eso es lo que nos obliga la ley”, dice el vicepresidente ejecutivo de Cochilco.

¿Está preocupado con lo que está descubriendo en las investigaciones que han realizado en la División Salvador?

-Por supuesto que nos preocupa. Es nuestro deber que nos preocupemos de eso. Es nuestro deber que a través de las auditorías que realicemos, las empresas mejoren los estándares en estas materias. Nuestro propósito es que las empresas públicas funcionen bien y que mejoren sus resultados y mejoren el respeto a sus normas.

¿Hay un acento especial del organismo en Salvador, dado el proceso judicial que Codelco y el Consejo de Defensa del Estado tiene contra el expresidente ejecutivo de la compañía?

-A veces las situaciones específicas o casos puntuales concitan la atención de todos sobre una determinada actuación. Nosotros somos un organismo técnico, y lo técnico exige profundidad en las investigaciones. Por mandato legal no nos quedamos en la superficie ni en las apariencia de las cosas, tratamos de llegar al fondo y determinar dónde están las eventuales responsabilidades si es que hay alguna infracción. El mandato ha sido el mismo y creo que la comisión siempre ha realizado su trabajo con esa premisa, que hoy resulte ser un tema relevante sobre el cual se pone el acento, es porque hay una exigencia general, un estándar que hace que esto tenga mayor importancia. Ahora, no todos los procesos tienen la misma repercusión; obviamente, en este caso se da porque las personas que son eventualmente responsables, son de distintas jerarquías y las jerarquías de las personas involucradas pueden determinar una diferencia.

¿Es preocupante, porque estamos hablando del propio expresidente ejecutivo, ejecutivos de la minera e incluso directores?

-Hay varios factores que inciden. También la naturaleza de la conducta. Es distinto un descuido a un favorecimiento. Lo que evacuamos son informes de auditoría o de fiscalización, pero la eventual comisión de un delito es competencia de órganos distintos. Sin embargo, nuestros informes y fiscalizaciones en varias ocasiones sirven de antecedentes para que el Ministerio Público inicie investigaciones.

¿Es relevante para Cochilco que sus informes sean requeridos por la Fiscalía?

-Para nosotros el reconocimiento proviene de que cumplamos lo que nos dice la ley y el uso que puede ser el Ministerio Público o la Fiscalía de nuestros informes, es un índice que muestra que estamos cumpliendo con lo que nos obliga la ley, pero no nos suma ningún reconocimiento adicional. No fija metas ni propósitos y tampoco valida nuestro trabajo que la Fiscalía haga uso de nuestros informes.

¿Siente que la compañía está corrigiendo las malas prácticas?

-Por supuesto, y lo vemos en las corrección que ellos mismos informan a la comisión. En nuestros informes de auditorías hacemos sugerencias e informamos a los órganos competentes de las empresas que tienen que corregir o mejorar algunos aspectos y la respuesta que hemos tenido y las verificaciones que hemos realizado demuestran que las empresas corrigen esas cosas. Percibimos que hay bastante receptividad, tanto en Codelco como en Enami sobre esas materias.

¿Tomaron el guante de la crítica que recibieron por la falta de fiscalización cuando comenzó el conflicto de Codelco con la Contraloría?

-Por supuesto. Ningún organismo público puede quedar impávido frente a una crítica que tiene algo de sustento y eso determinó que el Ministerio (de Minería) impusiera un lineamiento de mayor atención y de mayor fiscalización y nosotros creemos que estamos respondiendo bien a esa demanda. Tenemos un balance preliminar que es bastante positivo en su resultado.

¿Van en línea con lo que hace la Contraloría respecto a Codelco?

-En nuestras fiscalizaciones y auditorias aplicamos los estándares de probidad y transparencia que la contraloría establece para todos los organismos públicos y lo vamos a seguir haciendo, porque eso es lo que nos obliga la ley. Por lo tanto, no es una discusión (conflicto judicial) que determine el nivel de nuestra fiscalización. En eso no tenemos dudas, Codelco es la empresa más importante del país y es la más obligada a cumplir estándares de probidad y transparencia.

¿Ve un riesgo en la competitividad internacional de Codelco si es tratada como una empresa pública?

-Estimamos que no. Estos estándares que se exige a Codelco no repercuten en la variable empresarial de Codelco. Además, cuando auditamos o fiscalizamos, estamos sujetos a obligaciones de reserva y confidencialidad de los antecedentes que las empresas nos entregan y eso lo respetamos al pie de la letra. Ahora, cuando decimos que no se puede contratar a parientes si no median ciertas exigencias y obligaciones, sentimos que no estamos afectando la operación comercial de la empresa. Pese a eso, nosotros comprendemos que tiene sustanciales diferencias la acción de un servicio público o de un ministerio de las que tiene una empresa. Pero no se puede olvidar que todas esas instituciones, finalmente, son públicas. Codelco no es una empresa pública privada, es una empresa íntegramente pública, y que se haya determinado que su forma de operar sea una forma empresarial y que se someta a su directorio a las reglas de una sociedad anónima, no hace que deje de ser pública.

¿Cuál es el balance que hace de 2020 en cuanto a auditorías?

-En 2020, aproximadamente, realizamos cuatro o cinco auditorías más de las planificadas que el año anterior. Lo que hacemos durante el año es ejecutar un plan de trabajo que es aprobado por el Consejo de Cochilco que integra el ministro de Minería (Baldo Prokurica) y donde están además, dos representantes del Banco Central y dos representantes que son designados por el Presidente de la República.Y el mandato del 2020 fue enfatizar, reforzar e intensificar las acciones de fiscalización por lo tanto, que este año hayamos tenido un incremento tanto en su cantidad como en su profundidad responde a ese mandato.

¿Terminan el año satisfechos?

-Estamos tranquilos y conformes de haber cumplido todo nuestro plan de trabajo y nos alegramos que se haya evidenciado que hemos puesto un mayor énfasis en los temas de fiscalización. Las fiscalizaciones persiguen que las empresas públicas, en este caso mineras, sean de vanguardia no solo en su rendimiento y producción, sino también en el sentido público.

¿Cuál será el plan de trabajo que tendrá Cochilco el 2021?

-Para 2021 tenemos muchas fiscalizaciones en el plan de trabajo que nos va a aprobar el Consejo de Cochilco a fines de este mes, por ejemplo, en la ejecución de los proyectos, licitaciones y adjudicaciones de contratos de servicios.

¿El 2021 será el año del proyecto de ley que busca centrar el rol de Cochilco en la fiscalización?

-Esto está en período prelegislativo aún. Hemos tenido reuniones con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y también hay una participación del Ministerio de Energía, porque una de las cosas que se ha comentado es la incorporación de Enap a una fiscalización por parte de Cochilco. Esperamos que 2021 sea el año que se inicie la tramitación legislativa propiamente tal.