Pablo Galilea: "El PC y los más extremos de la NM han ganado la batalla comunicacional"

Tajante y, sobre todo, duro. Así habla hoy el ex subsecretario de Pesca durante el gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Galilea, respecto a la discusión por la eventual anulación de la Ley de Pesca.

“El hoy ministro del Interior, Jorge Burgos, como diputado votó a favor de pe a pa todo el articulado. Lo mismo hicieron el senador socialista Fulvio Rossi, la senadora Soledad Alvear y el ex Presidente Eduardo Frei. La pregunta que uno podría hacerse es: ¿A todos ellos le pagaron?”, plantea Galilea, y critica duramente a los parlamentarios que proponen derogar la Ley de Pesca.

A su juicio, las investigaciones criminales por el financiamiento ilegal de campañas políticas no tienen nada que ver con la tramitación de la normativa.

¿Se favoreció efectivamente a sólo siete familias?

El Partido Comunista y los más extremos de la Nueva Mayoría han ganado la batalla comunicacional y por lo mismo la opinión pública tiene una idea totalmente equivocada de la ley. En el Gobierno del Presidente Piñera, nosotros no buscamos esta ley, porque tenía un vencimiento. Nos tocó hacer el marco regulatorio y el rayado de cancha para el sector pesquero industrial y artesanal. Esto no fue una ley antojadiza del Gobierno, porque la ley anterior vencía en 2012. Otro diagnóstico que hicimos es que el estado de los recursos pesqueros estaba absolutamente colapsado por una mala administración de las pesquerías y muchas veces sus decisiones estaban basadas en políticas electorales, sociales o económicas, en circunstancias que los recursos marinos responden a cuestiones científicas.

¿Cuán golpeadas estaban las pesquerías al hacer los cambios?

Se llegaron a pescar más de cuatro millones de toneladas y la última cuota que nos tocó fijar fue de 300 mil toneladas. Esto significa que menos de 10% de la biomasa que en algún momento se fijó como cuota de captura nos tocó a nosotros y eso te revela el estado de los recursos. Con la nueva ley buscamos la sustentabilidad de los recursos pesqueros: le quitamos al Consejo Nacional de Pesca, donde participaban industriales y artesanales, las decisiones de fijación de cuotas o vedas. Esto lo dejamos en manos de comités científicos autónomos.  Aquí los que principalmente celebraron la aprobación de la Ley de Pesca fueron las ONG ambientalistas, como WWF y Oceana. Ellos aplaudieron la aprobación de la ley, porque por primera vez se dio un enfoque ecosistémico.

¿Hay un silencio de estas ONG frente a los cuestionamientos? 

Ellos pueden tener una opinión sobre otros aspectos, pero los principales. El nuevo rayado de cancha permitirá la recuperación de las pesquerías. Hoy alegan industriales y artesanales, porque no fijan las cuotas.

El movimiento Yo Pesco sostiene que en tres años de la aplicación de esta ley se ha pasado de 3 a 8 especies en peligro de extinción. ¿Concuerda con dicha afirmación?

El que crea que se van a recuperar las pesquerías de un año para otro es simplemente no entender nada de la biología marina. Tres años es un período demasiado pequeño para evaluar las pesquerías. Así como Yo Pesco, que tiene un interés ideológico por opinar negativamente de la ley, hay biólogos y científicos, universidades y ONG que observan una recuperación de las pesquerías.

¿Cuál es el plazo para decir si efectivamente surtió efecto? 

Depende de la pesquería. En general, en los pelágicos podemos esperar resultados en el corto plazo, pero el tiempo mínimo para evaluar es de cinco años.

El caso de financiamiento ilegal de campañas políticas como lo ocurrido con el ex senador Orpis y Marta Isasi por los dineros que recibieron de Corpesca ¿invalida o resta fuerza a esta normativa? 

Hay que hacer una separación sobre los casos que están siendo investigados en la justicia y la Ley de Pesca. Recordemos que la gran mayoría de los diputados y senadores, y si hay parlamentarios involucrados en financiamiento ilegal de campañas políticas tendrán que ser investigados. Cualquier persona seria incluso el Gobierno cree que lo planteado por el Congreso es inconstitucional. Podrán haber opiniones, pero para eso existen mecanismos para hacer cambios a la ley.

Pero aquí se plantea que hubo pagos de parte del grupo Angelini a través de Corpesca al ex senador Orpis. ¿No cree que a lo menos debiera revisarse la Ley de Pesca? 

Si revisas las votaciones del Congreso te darás cuenta que el hoy ministro del Interior, Jorge Burgos, como diputado, votó a favor de pe a pa todo el articulado. Igual es el caso para el senador socialista Fulvio Rossi, la senadora Soledad Alverar y del ex Presidente Eduardo Frei (...) En ninguna votación para la Ley de Pesca el voto de Orpis fue necesario para su aprobación. La Ley de Pesca tuvo una larga tramitación. Pasó por el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

¿Qué le parece el rol que ha asumido el presidente de la Cámara de Diputados al instar al Gobierno a asumir una posición sobre la actual Ley de Pesca? 

El actuar del presidente es populista e irresponsable. Es una argumentación mañosa, porque decir que una ley que derogue la Ley de Pesca es admisible por la forma  no tiene peso. El propio Gobierno ha dicho que es inconstitucional. Lo que está pasando en la Nueva Mayoría es que se están dejando llevar por posiciones extremas como las del Partido Comunista que tiene un claro interés político. Esta discusión está totalmente ideologizada, porque el Partido Comunista como en muchas otras materias se tiene tomado al Gobierno.

¿Quiénes están detrás de la férrea oposición a la normativa?

Hay distintos intereses. Primero está la izquierda más extrema a través del Partido Comunista. Luego hay intereses económicos de empresas que les hubiese gustado participar de mejor manera en el porcentaje de asignación de cuotas como las que vimos en la mesa.

¿Quiénes se opusieron en esa mesa que ideó esta ley? 

Hay empresas que han estado financiando los grupos de artesanales y que tienen interés de echar abajo esta ley.

¿Lota Protein? 

Lota Protein y otros. Los pequeños industriales antes no tenían posibilidad de participar en licitaciones y se fijó un porcentaje para que puedan acceder a ellos. Eso también es una cosa que va en perjuicio de los industriales grandes y a favor de los más chicos. Eso nadie lo dice.