Piñera tiene la facultad de aplazar inicio de la Operación Renta sin aprobación del Congreso

Un as bajo la manga tendría el nuevo Gobierno de Sebastián Piñera, si decidiera postergar a junio de este año el inicio de la compleja Operación Renta, tal como lo han pedido algunos expertos. De hecho, la legislación vigente faculta al mandatario -en ciertos escenarios- a retrasar vía decreto dicho proceso.

De acuerdo al artículo 36 del Código Tributario, el plazo de declaración y pago de los diversos impuestos se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, lo que implica que cualquier ajuste en los tiempos debería ser materia de un cambio legal. No obstante, la misma norma establece una excepción. Según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 36, "el Presidente de la República podrá fijar y modificar las fechas de declaración y pago de los diversos impuestos -disposición en la que clasifica la Operación Renta- y establecer los procedimientos administrativos que juzgue más adecuados a su expedita y correcta percepción".

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Dicha disposición permitiría a la recién asumida administración retrasar el inicio de la declaración de impuestos que habitualmente empieza en abril, al mes de junio, sin requerir de la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso. De esa manera, podría acogerse la propuesta del Colegio de Contadores, entidad que ha planteado en varias ocasiones postergar el inminente proceso por dos meses por las complejidades de la vigencia plena de la Reforma Tributaria.

Hugo Hurtado, socio de Tax & Legal de Deloitte, advierte el carácter excepcional de la medida a la que podría echar mano el nuevo Ejecutivo. "Como medida excepcional el Presidente de la República tendría la facultad, sin la necesidad de enviar una ley para su aprobación en el Congreso, en caso que se requiera postergar la fecha de la Operación Renta para junio de este año. Como lo anterior podría tener efectos en otras materias, debería ser aplicado con mucho criterio y considerando todas las implicaciones que podría tener", dice Hurtado.

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Javier Jaque, socio de consultoría tributaria de EY, ratifica que para una eventual postergación de la Operación Renta de este año "no es necesaria la mencionada ley (corta) que proponían otros asesores tributarios". Por lo que ahora la decisión de retrasar el proceso "es cosa de voluntad del nuevo Presidente".

Como precedente, hasta ahora la única postergación que sufrió la habitual declaración de impuestos de abril, amparándose en el artículo 36 de la ley tributaria, sucedió tras el el terremoto de Santiago de 1985.

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Ayer, antes de su primer arribo a Teatinos 120 como nuevo ministro de Hacienda, Felipe Larraín comentó que hasta ahora los plazos originales de la Operación Renta se mantienen. "Nosotros pensamos que los plazos establecidos en la ley hay que cumplirlos. Nuestra idea es que se mantengan los plazos para la Operación Renta", afirmó.

No obstante, otras fuentes de gobierno señalan que el tema aún no está totalmente cerrado y que tras la reunión de esta semana con el Colegio de Contadores podría haber novedades.

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La discusión sobre el escenario de una postergación de la Operación Renta fue levantada por la orden profesional que preside Alejandro Vera, gremio que publicó el domingo 4 de marzo una dura inserción en El Mercurio, pidiendo cambios al proceso.

Ese mismo día, el Servicio de Impuestos Internos (SII) accedió a aplicar condonaciones automáticas de multas por declaraciones fuera de plazo y rectificatorias, entre otras medidas, debido a las eventuales complicaciones en la Operación Renta por la aplicación de la Reforma Tributaria.

Esa vez el servicio aclaró que cualquier postergación de la declaración de tributos a junio debía ser materia de un debate de un proyecto de ley.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó ayer que con fecha 9 de marzo el director nacional, Fernando Barraza, aceptó la renuncia voluntaria a sus cargos del subdirector jurídico, Bernardo Lara, y del subdirector de Asuntos Corporativos, Rodrigo Lavanderos.

"El director Barraza reconoce y agradece el gran aporte, experiencia, compromiso y profesionalismo entregados por Bernardo Lara y Rodrigo Lavanderos, tanto en su trabajo a cargo de las subdirecciones respectivas, como en la gestión del SII en su conjunto", dijo el servicio en una declaración pública.

Además de la función de subdirector Jurídico ejercida en la presente administración, Lara desempeñó este mismo cargo entre los años 1994 y 2006. La Subdirección Jurídica fue la unidad del SII a cargo de presentar las querellas por delitos tributarios en los casos de financiamiento ilegal de la política.

Lavanderos, en tanto, fue responsable de liderar la instalación en el SII de la nueva Subdirección de Asuntos Corporativos.