El fin de las cookies espías y las aplicaciones que buscan adivinar lo que piensas: nuevas leyes que se discuten en Chile regularán uso de plataformas como Facebook, Instagram, Google y Amazon

Seguramente más de alguna vez le ha pasado. Busca en internet un modelo de zapatilla, un auto o los compuestos de un medicamento o definición de enfermedad y al poco rato comienzan a aparecer avisos relacionados con aquello que revisó durante su navegación.

Este rastreo que hacen algunas aplicaciones es posible gracias a la Inteligencia Artificial, la misma que permite saber en cuánto pasará el bus de la locomoción colectiva por el paradero, hacer diagnósticos de salud, cirugías en extremo delicadas y que ayuda a una persona sin brazos a manipular un lápiz o una cuchara.

Esta es una de las razones básicas por las que parlamentarios, científicos y abogados, buscan crear una legislación que permita proteger a las personas pero sin dejar de avanzar en el desarrollo científico necesario para el mundo moderno. Entre los científicos destaca el neurobiólogo español Rafael Yuste coordinador del proyecto Brain (cableado del cerebro humano) quien también ha participado activamente en esta tarea.

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, es uno de los principales gestores de esta idea que en el corto plazo, ya tiene tres objetivos y claros: un cambio constitucional (que está a pasos de convertirse en ley) y dos proyectos de ley: uno que ya está en tramitación y hace referencia a la regulación de neurotecnologías directas como Neuralink, en el que se establece un sistema de registro y consentimiento y otro que proyecto de ley que regula plataformas digitales y busca establecer “derechos y obligaciones en el espacio digital”. (Boletín N° 14.561-19)

¿Por qué legislar? “El problema no es la tecnología, son los usos de la tecnología” contesta de inmediato el senador quien reconoce que “sin Inteligencia Artificial (IA) no hay posibilidad de humanidad futura” y que hoy día “es lo que permite la vida de 8 mil millones de personas”, pero “también puede ser el instrumento de destrucción de la humanidad o pérdida de la autonomía”.

Y el problema seguirá creciendo porque si hoy existen 25 mil millones de dispositivos, en 9 años más serán 70 mil millones. “Vamos a tener una cantidad de datos que se multiplicará exponencialmente y ese comoditie hará que los datos tengan un salto cuántico. ¿De dónde se sacan los datos? De los cerebros, por eso toda la geopolítica es la disputa por el control de los datos, el que se apropie de los datos será el dueño del mundo… y monopólico”, advierte el senador Girardi.

Carlos Amunátegui, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, recalca que lo que hace la nueva norma constitucional es “darle una nueva dimensión a los derechos humanos”. “En la tierra como en el cielo. Los derechos, protecciones y salvaguardas que tienen en el mundo físico deben ser equivalentes, los mismos, que tengas en el mundo digital”, dice. De esta manera, en la ley que regula las plataformas se dotar al consumidor digital de una real que no pueda ser acallada, pero también, con límites a esa libertad de expresión que impida la injuria, la calumnian y la amenaza.

Todos son proyectos difíciles pero convergentes, agrega Amunátegui, que además ponen al país a la vanguardia y que en “todo el subcontinente surgen voces que quieren trasplantarlo a sus propios medios jurídicos”.

Que la forma de comunicarnos se ha transformado debido a plataformas como Facebook, Instagram, Amazon y Twitter, entre otras, no cabe duda. Pero eso no es todo, en el último tiempo se han conocido estudios que demuestran que cuando no hay control sobre su uso, afecta negativamente la salud física y mental de las personas, sobre todo de niños y adolescentes, siendo un tema clave en estos últimos, el impacto negativo sobre el aprendizaje.

Además, pese a que se han transformado en un medio de comunicación en la que las personas pueden difamar, publicar contenido falso, obseno, sin que exista sanción por ello. Incluso, dice Girardi, este tipo de plataforma “practican el robo de datos y se apropian de la geolocalización y escuchan las conversaciones incluso teniendo los teléfonos apagados”.

Todas estas razones explican la necesidad de una normativa que las regule. En este proyecto de ley, además de los parlamentarios de la Comisión Desafíos del Futuro (Guido Girardi, Francisco Chahuán, Carolina Goic, Juan Antonio Coloma y Alfonso de Urresti) están participando destacados abogados, académicos, doctores en Derecho de la Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad Andrés Bello y Universidad Atónoma, entre otras.

Este proyecto de ley, establece una serie de derechos y obligaciones, dirigidas a los agentes de las plataformas digitales, al proveedor de la misma, los usuarios y particularmente el consumidor (con poca capacidad negociadora y que por lo mismo requiere una protección adicional). Por ejemplo, indica que para realizar cualquier acto de geolocalización, almacenamiento, tratamiento o cesión de datos recabados sobre el consumidor digital, se requerirá su aceptación expresa, específica e informada; que todo consumidor digital tiene derecho a que se rectifiquen los contenidos emitidos a través de plataformas digitales que atenten contra su imagen, la intimidad personal y familiar en Internet; y que tiene también derecho a la no divulgación de sus datos personales y a solicitar al proveedor de la plataforma digital la supresión de aquellos que circulen sin su consentimiento, bastando para ello que así lo indique.

Para Girardi “estas regulaciones buscan defender a los niños de esos contenidos y de la adicción, además de establecer normas internacionales como ‘el derecho al olvido’ porque todos podemos equivocarnos, especialmente los menores, y no puede ser que después de 30 años al ingresar a Google sigan apareciendo hechos que ocurrieron cuando no tenían la misma responsabilidad que al ser adultos”.

A juicio de Amunátegui, las plataformas no se van a ir porque exista una regulación para ellas. “Se pueden molestar, tratarán de influir en las reglas. Quienes han sido víctimas de ciberbullying, que han sido amenazados, que tienen fotos en la red que no pueden eliminar, para ellos no es tan difícil entender porque es necesario regular. Si las personas supieran la cantidad de datos que hay almacenados a nivel de perfil individual, todo lo que saben las plataformas de nosotros, nos daría un poco de miedo y exigiríamos regulación”.

El cambio más avanzado es el constitucional. Tras ser aprobada por la Sala del Senado, el mes pasado,la normativa debe ser vista por la Cámara para que posteriormente, el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto de la constitucionalidad de la norma y finalmente, el Presidente Sebastián Piñera, la promulgue mediante decreto supremo.

“Con esta ley, se crea la idea de que los neuroderechos son un derecho humano y porque es un derecho humano se hace una reforma constitucional, queremos que se incorpore a los derechos humanos, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, señala Girardi.

Isabel Cornejo, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, destaca que la lesgislación que se está discutiendo en el país y la reforma constitucional está siendo seguida muy de cerca por el resto del mundo.

Para este cambio constitucional señala Lorena Donoso, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, “existe un tremendo consenso a nivel nacional. “Esta redacción final, lo que hace es actualizar el articulo 19 número 1 de la Constitución Política de Chile: poner a la persona humana antes que las tecnologías que es una aspiración muy antigua desde el punto de vista filosófico, jurídico asociado al desarrollo tecnológico”. Según ella, “apela a las leyes de las robóticas tradicionales cuando señala que la ciencia y tecnología al servicio de la persona humana y no al revés, sin afectar jamás la integridad física y síquica de las personas, esto es más amplio que las simples tecnología, es todo el desarrollo científico y tecnológico”, declara.

“Es un golpe a la cátedra”, insiste la abogada, porque desde el punto de vista de los Derechos Humanos dice Donoso.

Este discusión no es nueva. Nathalie Walker, profesora de la Facultad de Derecho de la U. Andrés Bello, comenta que durante la discusión, parte de la comunidad científica y académica decía que una ley de neuroderechos podría caer rápidamente en la obsolescencia, porque se estaban regulando cosas que hoy en día no eran una amenaza presente para la dignidad de las personas, pero en realidad son temas que vienen presentándose hace tiempo. “Si se piensa en hitos, en el año 2004 tenemos a las primera persona que se declaró cyborg, una persona humana mejorada por la tecnología”, recuerda.

Es que según Girardi, la protección del cerebro es la tarea fundamental para “la protección de la democracia y el futuro de la humanidad”, nunca para “impedir el desarrollo de la Inteligencia Artificial, sino para impedir que nuestros cerebros sean utilizados para la creación de una inteligencia artificial que vaya en contra de la autonomía de los derechos, en contra del libre albedrío”.