Columna de Francisco Soto y Claudio Fuentes: ¿Cómo debería ser regulada la participación ciudadana en el reglamento de la Convención?

La semana pasada la Convención Constitucional aprobó la puesta en marcha de comisiones provisionales, entre ellas la de Participación Ciudadana. Con esto se plasma, algo que varios convencionales vienen manifestando desde que fueron electos: la Convención debe articular una nueva forma de deliberar que la conecte y vincule con la ciudadanía durante su trabajo. Esto por lo demás, es una característica de los más de treinta procesos constituyentes en democracia, generados en las últimas décadas alrededor del mundo, que han buscado adicionar en sus reglamentos mecanismos participativos para revertir la creciente crisis de legitimidad de los órganos representativos.

No obstante, los estándares que deberán cumplir esos mecanismos son altos. Tomemos como parámetro mínimo, por ejemplo, el proceso de consulta realizado por la Presidenta Bachelet en su segundo gobierno. No sólo porque se debiera superar las más de doscientas mil personas que participaron en las diversas instancias que esta consulta contempló, entre ellas los ya míticos encuentros locales autos convocados (ELAS). Sino que además, por una serie de consideraciones metodológicas que deberán ser garantizadas para que dicha participación sea considerada incidente. Se pueden mencionar al respecto principios fundamentales, como la transparencia de todos los procesos, tener perspectiva de género, asegurar inclusividad, pluralidad y diversidad en la consulta. Pero también consideraciones metodológicas mínimas, a saber, que los aportes de las personas sean resultado de diseños participativos comparables, que se proteja activamente los datos personales, que exista trazabilidad completa de los aportes que se formulen, que sean sistematizados por una entidad autónoma de la convención y que esta sistematización tenga el mandato de leer todas las contribuciones, es decir, que no use procedimientos muestrales, ni solo técnicas automáticas que discriminen ciertas formas de expresión o resten riqueza a la información producida. Por lo demás, todas estas exigencias fueron demandadas como mínimas condiciones al gobierno de ese entonces, por varios de los que ahora son constituyentes y lideran la Convención.

Pero también, creemos que es una opinión compartida, que el proceso constituyente actual debe agregar todo lo que la consulta de Bachelet no tuvo. Fundamentalmente, deberá ser capaz de hacer una devolución amplia y clara de las consultas que se realicen; y poner a disposición de la ciudadanía al menos, la primera versión del borrador de nueva Constitución para que sea comentada y discutida por todos y todas, siguiendo en esto, experiencias ejemplares como la brasileña, sudafricana o islandesa, entre otras.

Con todo, la pandemia pone un ingrediente que complica una participación masiva y presencial. Por lo que la experiencia de consultas como la realizada por el proyecto “Tenemos que hablar de Chile”, implementada por las Universidades de Chile y Católica, debería ser tomada en cuenta a la hora de implementar estos mecanismos participativos. Es importante valorar el diálogo desarrollado por las dos casas de estudios, como una versión mejorada del proceso de Bachelet. Esto pone en perspectiva la relevancia de la experiencia obtenida en un proceso inédito para sortear todas las complejidades generadas durante el año pasado y ofrecer a la ciudadanía un proceso confiable y de calidad.

En definitiva, aunque la tarea de la Convención será compleja y desafiante, pensamos que existen capacidades instaladas desde la sociedad civil para acompañar el proceso constituyente que se desarrollará en estos meses.

*Francisco Soto Barrientos y Claudio Fuentes Bravo son académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.