Columna de Tomás Jordán: ¿Es un buen punto de partida el acuerdo de Sistema Político?
Parto de la base que atenuar el presidencialismo es disminuir las potestades presidenciales y generar instrumentos de colaboración con el legislativo. No basta con solo trasladar potestades al Congreso. El gran problema del sistema político actual es su traba y bloqueo que llevan a que las preeminentes facultades presidenciales tengan como reacción un legislativo que interfiere la política.
Las fuerzas de izquierda de la comisión de Sistema Político llegaron a un acuerdo sobre el régimen político. Ni la centro-izquierda ni la derecha concurrieron al mismo; por lo que podríamos afirmar que es un acuerdo amplio de los sectores de izquierda, cuestión que tiene un valor en si mismo evaluando que podría obtener los 2/3 en el Pleno.
El acuerdo resuelve algunos problemas y deja abiertos otros. El texto se debe examinar en las tres áreas abordadas: el ejecutivo, el legislativo y las organizaciones políticas. El núcleo del acuerdo está en el Legislativo y la apertura hacia un Congreso bicameral asimétrico. Más allá de los nombres y basados en la idea de que contaremos con un Estado Regional, el bicameralismo se instala en la nueva Constitución en la cual la cámara política (Congreso de Diputadas y Diputados) será el eje rector (los proyectos de ley inician y terminan su tramitación en ella), constituyendo un legislativo inclinado y donde la Cámara de las Regiones se ordenará como un órgano revisor. Esto permite terminar con las dos cámaras espejos que conforman el actual Congreso, los vetos mutuos en la tramitación de proyectos de ley y las demoras en su aprobación. Un paso adelante es la eliminación de los quórum supra-mayoritarios y las iniciativas populares e indígenas de ley.
Con la preeminencia de la cámara política se debe evaluar como se integrará y aquí empiezan las complejidades. La propuesta crea un estatuto de organizaciones políticas que, se entiende, podría comprender a los partidos y movimientos derivando al legislador su regulación concreta, trasladando este tema hacia el futuro próximo. También se establece un umbral máximo para ingresar el Congreso de un 3%. La lógica del acuerdo es abrir la cámara política a las fuerzas políticas y sociales que se instituyan como organizaciones y que ellas puedan integrar el legislativo. Lo esperable era un umbral mínimo y no máximo; pues es claro que un sistema de partidos chileno tiende a la fragmentación y es seguramente con la nueva regla ello ocurra, cuestión que hará más difícil procesar las demandas ciudadanas.
El tercer punto, el Ejecutivo, tiene bemoles. La afirmación de sus autores es que el presidencialismo se atenúa. En parte si y en parte no. Es correcto que hay incentivos a atemperar el rol del Presidente en lo que tiene que ver con el veto y la insistencia del Congreso en sus proyectos por quórum simple en los vetos parciales y de 4/7 en los vetos totales. Esto es un avance. Pero es discutible si esa atenuación se produce en otros ámbitos. Parto de la base que atenuar el presidencialismo es disminuir las potestades presidenciales y generar instrumentos de colaboración con el legislativo. No basta con solo trasladar potestades al Congreso. El gran problema del sistema político actual es su traba y bloqueo que llevan a que las preeminentes facultades presidenciales tengan como reacción un legislativo que interfiere la política.
Si tenemos una cámara que tenderá a la fragmentación, tenderá necesariamente a la dispersión, por lo que el modelo debía generar incentivos a que el Presidente pudiera articular la política y eso no se logra. Las leyes de concurrencia presidencial necesaria sólo en apariencia cumplen este fin, pues los congresistas podrán presentar mociones con el patrocinio del(a) Presidente, cuestión que incentivará una política de premio a los parlamentarios oficialistas o de presión al(a) Presidente para apoyar proyectos de corte populista sobre todo el periodo electoral. Ojalá exista espacio para mejorar la propuesta, pero esto es un inicio de cambio.
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