Jorge Andrés Cash (DC): “El Presidente tiene la obligación de ofrecer una propuesta de reglamento a la convención”

Al igual que las zonas de sacrificio medioambiental, el abogado y exfiscal del ministerio de Medio Ambiente, Jorge Andrés Cash, considera que las comunas del distrito 9 por el que postula para ser convencional, serían zonas de sacrificio pero social. Por eso, el militante DC señala que sus prioridades en caso de llegar a la convención serán los temas sobre niñez y medioambiente.

¿Qué aspectos cree usted que son fundamentales para discutir en la convención?

Lo primero, es que exista desde el primer minuto un ambiente de trabajo. Las primeras señales que debemos dar los convencionales respecto de nuestro trabajo hacia la sociedad va a determinar en buena parte el éxito o fracaso de este proceso. Si transformamos esto básicamente en un espectáculo de declaraciones, de consignas, creo que el ambiente va a ser muy adverso para generar los acuerdos que se requieren en la Convención.

¿Cuál será una de sus banderas de lucha si es que resulta electo?

Al profundizar mi conocimiento del distrito, voy a tomar como lucha fundamental los niños. Los niños, en ese distrito, en muchas comunas, están capturados por el narcotráfico. A los siete años muchos de ellos ya están armados, son ocupados como transportadores, como burreros. Y por lo tanto, se debe crear una institucionalidad que respete la dignidad de los niños y sus derechos, que son reconocidos incluso por Chile en el ámbito internacional.

¿Y cómo se logra eso?

Acá lo que se requiere es una reforma institucional en el ámbito de la gestión. Realmente tenemos que generar una institucionalidad que tenga la capacidad para rehabilitar a estos jóvenes.

En ese distrito existen verdaderas zonas de sacrificio social.

¿Cómo cree que se debe abarcar el tema ambiental en la Constitución?

Desde mi experiencia en lo público, Chile no tiene hoy día la capacidad orgánica, institucional y técnica para reformas. Primero, en Chile no existe política ambiental. No existe porque el Ministerio del Medio Ambiente no tiene facultades ejecutivas respecto de sus propias competencias para tomar decisiones.

¿Y cómo espera realizar esos cambios entendiendo la realidad fiscal del momento?

La única manera de tener un texto constitucional responsable desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, de la estabilidad de las instituciones, es que sean perdurables en el tiempo y que garanticen un clima de paz social durante al menos 30 o 40 años más. El riesgo es que si no entregamos ese trabajo en los 12 meses, se va a generar la discusión respecto a la necesidad de introducir una reforma constitucional para prorrogar el plazo. Y si eso se produce, y por ejemplo se prorroga seis meses, lo que va a empezar a ocurrir es que en cada prórroga se van a producir y se van a levantar nuevos temas y por tanto ahí se corren dos grandes riesgos.

¿Cuáles?

Uno que la discusión se eternice y mantengamos un clima de inestabilidad, de incertidumbre social, de angustia social. Y lo otro, es que terminemos en una Constitución como la venezolana. Grande, detallista, de mucho reglamento que al final lo que produce es la imposibilidad del Estado de dar cumplimiento a los derechos sociales y, por lo tanto, una saturación del sistema judicial que no va a dar a basto porque el Estado no va a poder dar cumplimiento a esos derechos sociales.

El primer desafío de la Convención será definir el reglamento interno. ¿Cuál cree usted que sería el plazo ideal para definir el reglamento, con el objetivo también de poder terminar a tiempo el proceso?

Creo que el Presidente de la República tiene la obligación de proponer a la Convención Constituyente una propuesta de reglamento. Es su obligación, independiente de lo que estime hacer la Convención respecto de esa propuesta, pero el gobierno no puede desatenderse de lo que implica que el Presidente de la República siga siendo el jefe de Estado.

Si tu me dices que es lo que más me preocupa, es que no terminemos dentro de los doce meses, por eso me gustaría presidir la convención constitucional.