“Una de las preocupaciones que tenemos es que la Constitución se trate de cortar y pegar un catálogo de derechos”. La frase fue dicha por Rosa Catrileo, constituyente electa por un escaño reservado del pueblo mapuche, parte de los 12 convencionales de los pueblos indígenas -de un cupo total de 17- que tuvieron un encuentro previo a la Convención.

Se trató de la actividad llamada Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en la Nueva Constitución: Diálogo y Reflexión con Convencionales Indígenas que es parte de las actividades que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (PNUD) harán en conjunto durante el proceso constituyente.

Esta además contó con la especial intervención del guatemalteco Francisco Cali, originario del pueblo maya y que es relator especial de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas.

Asimismo se presentó el informe de la Universidad de Chile llamado “Demandas de los Pueblos Indígenas en Chile”, resultado de un trabajo que considero diversas consultas con representantes de pueblos indígenas presentado por los académicos Nancy Yáñez y Salvador Millaleo.

Los constituyentes que participaron fueron Catrileo, Adolfo Millabur, Victorino Antilef, del Pueblo Mapuche; Isabella Mamani y Luis Jiménez del Pueblo Aymara; Eric Chinga del Pueblo Diaguita; Félix Galleguillos de Pueblo Atacameño; Isabel Godoy del Pueblo Colla; Wilfredo Bacián del Pueblo Quechua; Tiare Aguilera del Pueblo Rapa Nui; Margarita Vargas del Pueblo Kawashkar, y Fernando Tirado del Pueblo Chango.

En el evento, los constituyentes plantearon sus principales anhelos y preocupaciones, relataron el trabajo pendiente que ha tenido el Estado con al respecto e hicieron un hincapié en la importancia del territorio, la autonomía y la representatividad.

Tirado planteó si desde Naciones Unidas tenían conocimiento “de que acá en Chile no se hizo la consulta indígena para poder llevar a cabo esta reforma constitucional”, en referencia a un debate sobre si la Convención debiera contemplar una consulta a los pueblos originarios.

La razón de esto es que en el Convenio 169 de la OIT se lee que debe conocerse la opinión de las etnias de un país (que ratificó el convenio como lo hizo Chile) si hay un cambio en la legislación o medida administrativa que los afecte en forma directa, tal como sería una nueva Constitución.

Otra duda fue la planteada por Galleguillos quien dijo que “estos procesos, al no ser vinculantes, son simplemente diálogos” por la preocupación de que todo quedara en el papel y no en acciones concretas.

Vargas puso en el debate su inquietud por cómo lograr mantener su cultura y en especial su lengua, la que puede terminar “en desuso” si no se toman medidas. Respecto a este punto, Cali recordó la relevancia mundial de la cuestión, rescatando que por ejemplo la Unesco puso como tema del año el “fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad”.

Aguilera recalcó durante la cita que entre los constituyentes de escaños reservados ya han tenido conversaciones previas y que están en busca de propuestas para el reglamento. “Nosotros tenemos bastantes complejidades no solamente como pueblos indígenas sino que como procesos participativos en términos genéricos debido a lo escueto del presupuesto y eso sin duda se va a notar en la práctica” y resaltó que “es fundamental la autonomía”.

Mamami, en tanto, argumentó que “un problema para los aymaras es que nuestros títulos están en sobreposición y hay mucho conflicto territorial entre nosotros mismos. ¿Es posible que la jurisdicción indígena aymara puede ser reconocido en esta nueva Constitución en igualdad de condiciones que la jurisdicción ordinaria?”.

La consulta fue dirigida hacia Millaleo, quien respondió: “Nunca vamos a pensar una jurisdicción indígena donde todos los asuntos indígenas sean vistos por tribunales indígenas, porque incluso en territorios indígenas van a haber cuestiones en las que el Estado va a reclamar jurisdicción, pero tiene que haber una clara división que asegure que los indígenas no se vean desprovistos las atribuciones de sus propias autoridades en materia jurisdiccional, que sea algo claro y algo que se respete”.

Para Catrileo “el Estado debe dar garantías de respeto y de materialización de ese derecho al territorio que nosotros tenemos como mapuche y que implica para nosotros la restitución territorial de las tierras, que están en manos del Estado, de particulares y de las empresas forestales”.

Por su parte, Antilef dejó planteada una duda relevante sobre el final del proceso constituyente: “¿La nueva Constitución estará a la altura de la evolución del derecho de acuerdo a los estándares hoy están presentes?”.

Previo a la palabra de los convencionales, Cali valoró el proceso constituyente chileno y en especial la participación de las etnias.

Dijo que es indispensable que durante el proceso se cuenten con todos los “instrumentos internacionales” disponibles, como tratados, el convenio 169 de la OIT, los tratados de derechos humanos, sobre los derechos culturales económicos y sociales, entre otros.

Plateó la mirada distinta que hay entre una forma de concebir el mundo y como lo hacen los pueblos originarios. Puso como ejemplo que “aunque los pueblos originarios solo tienen entre un 5 y 6% de la tierra, en ella se conserva el 60% de la biodiversidad del mundo”.

Sobre la Constitución misma, un punto a destacar para el experto que se encuentre como “reconocimiento constitucional el derecho a la libre determinación de los pueblos”, algo que destacó, “es indispensable”.

En concordancia a los dichos de los constituyentes, expresó la importancia de cuidar los idiomas, la filosofía, la ciencia, las artes de estos pueblos, “para poder así conseguir esa paz anhelada”.

El estudio de la U. de Chile en tanto buscó identificar los principales obstáculos e ideas frente al proceso constituyente. Yáñez explicó que entre las demandas estaba el “reconfigurar” la relación de derechos y el Estado, la reivindicación de la preexistencia de sus propias instituciones, sus territorios ancestrales, su autogobierno. “El reconocimiento al derecho a la naturaleza, las aguas, el territorio, el mar y el bosque. Sus propias prioridades de desarrollo, su derecho a la subsistencia”, dijo Yáñez.

Enumero los desafíos pendientes como en materia de género, sobre migración, la integridad cultural y el patrimonio. Millaleo complementó esto con comparaciones de las constituciones de otros países con estos mismos dilemas y señaló que “no es suficiente” que solo exista un catálogo de derechos, sino que debe traducirse en los “poderes constituidos”.

Para Millaleo, “los indígenas deben estar presentes en los organismos de poder. Que no se borre con el codo lo que se escribe (…) deben hacer representación política en los organismos estatales”, la existencia además de sus propios organismos, agregó.