Un ajuste de cuentas y los fuegos en Peñalolén

Posiblemente hubo gritos o algún tipo de diálogo, a lo mejor una advertencia rápida o quizás nada de eso; no se sabe bien. Lo que sí, es que lo último que escuchó Camilo Burgos (28) antes de caer desplomado e inconsciente fueron sucesivas detonaciones. ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! Alguien le disparó tantas veces que lo dejó sin posibilidad alguna de sobrevivir.

No está todavía despejado quién le metió bala, dónde ni por qué. De lo que sí hay certeza es que el domingo 3 por la tarde, un grupo de personas lo llevó todo baleado a la ex Posta Central y que ahí lo dejaron solo, abandonado a su suerte. Y que esa noche, suerte fue lo que menos tuvo: a eso de las 22:15 murió a causa de "traumatismos múltiples por balas", se lee en su certificado de defunción.

No era un tipo conocido, pero casi todo Santiago supo de su muerte. Aunque Camilo vivía ahora en un pasaje de la Población Lo Valledor Sur, en Pedro Aguirre Cerda, su familia lo llevó a la casa donde vivió por años junto a sus padres en un sector de Lo Hermida, en Peñalolén, y ahí fue que lo velaron. Durante cuatro noches consecutivas, sus amigos lanzaron en su honor enormes y coloridos fuegos artificiales que retumbaban e iluminaban el cielo de la capital, supuestamente porque él así lo había pedido. ¿De dónde salieron? Según confirmaron a Reportajes desde la empresa de artefactos pirotécnicos Rayo Fénix, de dos millonarios robos que sufrieron en diciembre pasado en su bodega en Melipilla.

En uno de ellos, el primero, entraron a rostro cubierto y con armas de fuego, maniataron a una familia completa y se llevaron un botín avaluado en cerca de $ 400 millones. En la empresa dicen que hace un tiempo recibieron el dato de que "un tal Camilo de Peñalolén" habría sido parte de los asaltantes. Que dieron aviso a Carabineros y que incluso cuando la pirotecnia explotaba por las noches les dijeron que no había duda, que esos eran los que les habían robado, pero que no hicieron nada.

Por lo escandaloso de la despedida, se especuló que Camilo era un importante narcotraficante del sector. Pero no. Era un delincuente común, con varias detenciones por hurto y robo a su haber, pero nada vinculado a drogas. En 2010 cayó manejando un vehículo robado en Providencia y le dieron 161 días de prisión. Y en noviembre de 2016 fue condenado a otros siete años por haberse metido a comienzos de 2015 a robar en una casa de una familia en Ñuñoa junto a otros tres hombres, a punta de pistola, cuchillos y amenazas.

Vivía en un círculo de violencia y según personas que lo conocieron, cuando salió hace unos meses de la cárcel tras cumplir la mitad de su sentencia, se habría metido con la pareja de un narco del barrio Franklin, y que por eso lo emboscaron y acribillaron, aunque eso aún lo investigan la Fiscalía Centro Norte y la Brigada de Homicidios de la PDI. Pero todo apunta a que habría sido un ajuste de cuentas. Uno más de tantos que ocurren en el país.

No es tan raro morir así en Chile. Al menos no en estos tiempos. El año pasado, según datos del Ministerio Público, hubo al menos 1.931 homicidios en el país, y en casi un tercio no hubo a quién imputarle el delito. De aquellos casos que llegaron a término en 2018, el 48% acabó sin condena, es decir, sin un culpable. Y aunque no hay cifras oficiales ni datos duros -pues ningún organismo ha analizado todavía el fenómeno en profundidad-, varios expertos consideran que los asesinatos en el país han mutado, que cada vez son menos los crímenes asociados al arrebato del momento, a la riña con alcohol o a lo pasional, y que ahora son más los que tienen que ver con el ataque programado, la emboscada, la vendetta y las formas violentas en que bandas vinculadas al narcotráfico o a otros delitos se relacionan entre sí para zanjar sus problemas y controlar el territorio: la lógica del plomo por plomo.

"Antes los homicidios se vinculaban más a la violencia intrafamiliar y a lo pasional, pero hay una percepción de que hoy son otros los motores detrás de ellos", dice Rosario Martínez, jefa de estudios de la Subsecretaría para la Prevención del Delito (SPD).

El fiscal jefe de la Fiscalía de Puente Alto, Héctor Barros, todavía recuerda el impacto que causó en policías y persecutores el asesinato en 2001 de José Manuel Ortega, un narco de La Legua más conocido como el "Guatón Ceni". Iba en su deportivo rojo cuando en un semáforo le cayeron encima. Cuatro balas bastaron para eliminarlo. Le descargaron la metralla y se fueron. No fue algo fortuito, sino premeditado. A él lo mandaron a matar.

"Ese era el gran caso en que uno decía 'wow, estos gallos están súper organizados, violentos y peligrosos'. No era lo normal, pero si viajas en el tiempo al día de hoy, eso ya dejó de ser algo raro, y es más, es muy frecuente que ocurra de esa manera", dice Barros.

Estadísticas de la PDI arrojan que Puente Alto es la segunda comuna de la Región Metropolitana con mayor número de asesinatos en los últimos cinco años. ¿Qué incidencia tienen los ajustes de cuentas en el total de homicidios que hoy se investigan en esta jurisdicción?

"No hay datos concretos, pues no existe una tipificación especial, pero yo diría que por lo bajo un 60%", agrega el fiscal.

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En el pasaje Chiclayo, en Lo Hermida, está la casa familiar donde velaron a Camilo Burgos. || FOTO: Patricio Fuentes[/caption]

El año recién partía cuando un hombre fue abandonado en el Hospital de La Serena con el cráneo destrozado por una bala. Al igual que a Camilo Burgos, no le habían robado nada, por lo que la principal teoría de la policía es que fue un ajuste de cuentas, un ataque dirigido y certero. Lo mismo con un adolescente que el 3 de enero recibió un disparo desde un auto en movimiento en Las Condes. Dos días después, en Puente Alto, un ataque fallido terminó con una niña de menos de dos años muerta por un proyectil que no era para ella. Un daño colateral, como tantos que caen por una "bala loca".

No pasó una semana y ya había otro caso, ahora en Conchalí: un hombre de 32 años estaba sentado de madrugada en el banco de una plaza cuando de un vehículo blanco bajaron unos tipos, sacaron pistolas, le apuntaron directamente, lo ejecutaron y se fueron. Muy similar a lo que pasó en Quillota la noche del 20 de enero, aunque allá fue en una esquina, la de Freire con Condell. Un hombre en su auto esperaba que le diera la luz verde, pero antes una camioneta se le puso al lado y desde adentro le despacharon una ráfaga de municiones. Ahí mismo cayó muerto. Y luego un nuevo episodio ocurrió en Pudahuel, y después otro en la esquina de Santa Rosa con Vespucio, en la comuna de San Ramón.

Así partió 2019.

Lo anterior es apenas una muestra. Solo el último año se han registrado en diversas publicaciones de prensa más de una veintena de homicidios de este tipo: que les dispararon sorpresivamente desde un auto, que acribillaron sus viviendas con armamento de guerra, que aparece muerto en un vehículo completamente tiroteado o incluso que irrumpieron en una reunión social con machetes, cuchillos y pistolas. Así ocurrió en un edificio de Santiago Centro en diciembre, cuando unas nueve personas entraron a la fuerza al departamento de un travesti colombiano para exigirle el pago de una suerte de "pase" o "permiso" para ejercer la prostitución en un sector de avenida 10 de Julio. La apuñalaron una y otra vez, le cortaron la cara y le reventaron la cabeza con dos disparos.

Todos son casos catalogados por la policía y fiscales como posibles ajustes de cuentas. Y al menos mediáticamente, es como si con esa explicación se cerraran los casos y los muertos se esfumaran. La mayoría de las veces no se vuelve a saber más. "Esto produce una especie de acostumbramiento, a que es solo otro asesinato más, como si fuera algo normal, y no debiera serlo", señala el fiscal Barros.

El problema es que gran parte de esos casos efectivamente acaban en nada. Varios fiscales concuerdan en que ese tipo de homicidios son de muy difícil resolución. Cuando hay testigos, la mayoría de las veces prefieren no involucrarse por miedo a represalias. Y como suele tratarse de disputas entre bandas rivales, las posibilidades de que alguno de sus miembros, familiares u otros conocidos concurran a testificar en un juicio son casi nulas. Prefieren muchas veces cobrarse con sus propias manos y armas, en sus propios términos. Muerto por muerto.

El persecutor Alex Cortez cuenta que algo así pasó a mediados del año pasado con un supuesto narcotraficante del sector sur de la capital. Dice que lo recuerda bien porque se llamaba igual que otro fiscal: Cristian Toledo.

Todo partió cuando uno de sus rivales secuestró a su esposa a cambio de un rescate y él recurrió a la policía. El OS-9 de Carabineros monitoreaba todos los contactos de la extorsión, y le recomendaba no pagar nada. Aunque él no habría hecho caso, o al menos así cree Cortez que sucedió, pues a la mujer la soltaron y Toledo desistió de seguir con la denuncia y la investigación. Ni él ni su cónyuge seguirían colaborando, pero sí tomaría acciones por su propia cuenta y saldría a buscar venganza. Eso sí, no le resultó. "Tiempo después lo fueron a tirar muerto al Hospital Sótero del Río", relata el fiscal.

Es difícil cuantificar cuántos homicidios ocurren en Chile por ajustes de cuentas porque ni siquiera se sabe con certeza cuántos asesinatos efectivamente se llevan a cabo en el país. Todas las instituciones que manejan información tienen sus propias cifras y bases de datos, pero ninguna calza con la otra. Por ejemplo, las estadísticas de Carabineros señalan que en 2018 hubo 544 casos por homicidios (de ellos, el 39% sin detenidos), mientras que la PDI contabilizó 699 víctimas de asesinatos y el Ministerio Público ingresó casi 2.000 nuevas causas por ese delito.

"Cuando llegamos el año pasado nos dimos cuenta de que había un gran problema para contar con información precisa al respecto. La fiscalía tiene cifras mayores que las policías y muchos homicidios se pierden en el sistema. Además, tampoco se cuentan los datos de Gendarmería. Por eso se dio inicio a una mesa para formar el primer Observatorio del Homicidio en Chile", dice Rosario Martínez.

La instancia, liderada por la subsecretaria Katherine Martorell, busca coordinar un trabajo conjunto con Carabineros, la PDI, el Servicio Médico Legal, Gendarmería y el Ministerio de Salud, para establecer una base unificada de datos que permita no solo generar una estadística fidedigna de cuántos homicidios ocurren en el país, sino que además analizar los datos cualitativos que sirvan para perfilar el fenómeno y hacerle seguimiento. Para ello ya se cuenta con un sistema informático que servirá de plataforma para aunar los datos a nivel nacional, aunque todavía no entra en etapa de implementación. De esa manera, se pretende obtener la información necesaria para generar políticas de prevención focalizadas.

Mientras eso ocurre, los disparos siguen resonando en distintos lugares del país. En Peñalolén las explosiones nocturnas ya cesaron, pero aún queda abierta la investigación para saber quiénes, cómo, dónde y por qué mataron a Camilo Burgos.

Su madre, Jeanette Huenchuquén, asegura no haber tenido nada que ver con los fuegos artificiales. Dice que fueron los amigos de Camilo y las muchas personas que llegaron al velorio y que ella ni siquiera conocía. Por eso, pide disculpas a la alcaldesa, Carolina Leitao. Y aunque quiere que se haga justicia, aún no se hace parte de ese proceso. Explica que no tiene fuerzas, que su hijo se había perdido en un mundo del cual ella no lo pudo sacar, y que ahora que murió, no quiere saber más. Por lo menos por ahora, quiere descansar y no seguir preocupándose.