La caída de la fiscal estrella

Los últimos dos años de Teresa Gaete, de 41 años, fiscal de San Fernando, especialista en la investigación de delitos sexuales, bien podrían formar parte del guión de una serie de Netflix. Por lo que cuentan desde su defensa, incluso, convertirse en la trama de otra temporada de La Ley y el Orden. La historia guarda algo de ese componente televisivo: los primeros días de marzo de 2017, Gaete asumió un caso de abuso sexual, uno más en sus casi 14 años de labor, donde acusaban a un sujeto de realizar tocaciones a una menor de edad. Siete meses después, la acusada era ella: tres testimonios desde la Defensoría de San Fernando aseguran que inventó tres declaraciones de testigos en el caso. De golpe se vio sin nada: fue suspendida de sus funciones, luego formalizada e, incluso, durante la semana pasada estuvo un par de días tras las rejas.

Hoy, con arresto domiciliario, tiene permiso de abandonar su casa solo un par de horas a la semana para ir al psiquiatra.

Su círculo más íntimo se resiste a ese escenario. Insisten en su inocencia, aseguran que Teresa no es una delincuente, como -dice- la han hecho sentir en los últimos meses. Y prometen que la historia, como en toda buena serie, dará un giro mayúsculo. Que hubo alguien más. En su cabeza, de hecho, persiste esa idea: que alguien la quiere perjudicar.

El 10 de octubre de 2017, la fiscal Teresa Gaete pasó buena parte de la jornada encerrada en su oficina, ubicada en la fiscalía local de San Fernando. De acuerdo a su relato, por expresa orden del fiscal jefe, Claudio Riobó, debía permanecer allí. No podía salir, ni tampoco podía hablar con nadie que no fuera el funcionario que, a esa misma hora, manipulaba su computador con la misión de respaldar los archivos de su disco duro. Recién a las 18.30, dice en su declaración al Primer Juzgado Laboral de Santiago, entendió lo que pasaba: le informaron que estaba suspendida de sus labores y que debía abandonar las dependencias. También, le dijeron, no podría regresar.

A Gaete se le cayó el mundo encima. Esas palabras eran, de cierta manera, el desenlace de una historia que comenzó siete meses antes, el 8 de marzo, cuando asumió la investigación por el presunto delito de abuso sexual de Patricio Ángel Zamproni sobre una menor de 11 años, y que alcanzó su punto más crítico a las 19.05 horas del 17 de julio, cuando solicitó que se condenara al imputado como autor de delitos reiterados de abuso sexual. Fue ese día, además, en el que incorporó las declaraciones de Michel Castillo Sánchez, Luz Sánchez Tobar y Luisa Sánchez Tobar al cuerpo de la acusación.

Las tres declaraciones, todas fechadas el 10 de mayo de 2017, apuntaban contra Patricio Ángel Zamproni: que el sujeto realizaba tocaciones al cuerpo de la menor cuando su madre no estaba mirando. Nadie, en ese momento, sospechaba.

Recién dos meses más tarde, y ante la insistencia del propio imputado, que se negaba a creer que estas personas pudieran hablar, su defensora penal pública, Paula Páez, comenzó a dudar. Incluso, el 2 de octubre, llegó hasta su oficina Michel Castillo para desmentir su participación. Con estos datos, Páez y Carolina Alvarado, defensora local jefe de San Fernando, se acercaron a conversar con Teresa Gaete el 5 de octubre. Las respuestas de la fiscal no convencieron: dicen que primero afirmó haber tomado personalmente la declaración, pero rápidamente ofreció prescindir del testigo como prueba. Luego, al enterarse de los otros dos casos idénticos, les pidió reserva. Las abogadas, sin embargo, ya habían informado la situación al defensor regional.

Esta trama increíble llegó al correo electrónico del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, el 10 de octubre. Durante esos cinco días, Gaete habría realizado diversas maniobras buscando su impunidad: contactó a Michel Castillo y a Luisa Sánchez para que no hicieran una denuncia por la falsificación de sus firmas, habló con Claudio Riobó para pedirle reserva de la situación e incluso habría llegado hasta la zapatería del Mall Vivo de San Fernando donde trabajaba Castillo para pedirle que reconociera como suya la declaración.

Desde su entorno, sin embargo, aseguran que la intención de Gaete no era salvarse. Que realizó estos contactos buscando una solución a la causa: no quería estropear la persecución de un imputado por la intervención de alguien que la quiso perjudicar.

Pero no lo logró. Arias rápidamente ordenó una investigación administrativa para esclarecer los hechos denunciados y, también, entregó los antecedentes al fiscal nacional para iniciar una investigación criminal.

Ese 10 de octubre, Osvaldo Rocco, abogado asesor de la Fiscalía Regional, llegó hasta la fiscalía local de San Fernando a las 16.30. Allí habló con Teresa Gaete en su oficina y le explicó lo que ocurría: que desde entonces sería suspendida de sus funciones, pero seguiría recibiendo su remuneración; que debía abandonar el lugar y que no podría regresar mientras se llevara adelante la investigación.

Aquí se cruzan los relatos: Gaete asegura que fue obligada a salir de manera agravante, humillada, con guardias de seguridad, delante de todo el personal de la fiscalía, por orden de Claudio Riobó. También, que revisaron sus pertenencias -una cartera y un bolso deportivo- y que no pudo volver a retirar sus cosas personales de la oficina. Desde la fiscalía regional niegan su versión: dicen que fue la administradora de la fiscalía local de San Fernando, Jessica Pino, quien acompañó a Gaete hasta el primer piso y que no intervinieron en ningún momento los guardias de seguridad.

Los pocos que han podido acercarse a Teresa Gaete en los últimos días dicen que ya no es la misma: desde ese 10 de octubre de 2017, cuando la suspendieron, y hasta su formalización, el pasado jueves 7, no ha podido superar un cuadro depresivo. En la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) fue diagnosticada de neurosis laboral y trastorno mixto de ansiedad y depresión: ella siente que lo perdió todo, que la han tratado como a una delincuente, sufre por la exposición y teme por sus hijos; pasa el grueso de sus días "dopada". Su marido repite que todo esto se trataría de una "vendetta".

En esa línea, en su declaración al Primer Juzgado Laboral de Santiago, Gaete acusa reiteradas vulneraciones a la garantía fundamental del proceso: explica que se continuó tramitando, sin respetar su condición clínica. Desde fiscalía, por su parte, dicen que se hicieron innumerables esfuerzos por contar con su declaración en la investigación administrativa, sin embargo, la exfiscal siempre presentó excusas para evitarlo: salidas con sus hijos, recomendaciones de sus abogados y, luego, las sucesivas licencias médicas.

Gaete defiende su inocencia. En una reunión con el fiscal nacional, Jorge Abbott, le prometió que no tenía nada que ver.

Desde su defensa son claros. Creen que la expersecutora no tuvo participación alguna y que, además, "las supuestas falsedades" no influyeron en la privación de libertad de Patricio Ángel Zamproni, hoy absuelto. Que el discurso del eximputado, en el que plantea que fue parte de un montaje de principio a fin, no tiene asidero: quedó en prisión preventiva por los testimonios previos, de la víctima, la madre de la víctima y su hermano.

Sobre los documentos cuestionados, confían en revertir la situación. El abogado de Teresa Gaete, Gabriel Henríquez, sostiene que, por ejemplo, el Ministerio Público aún no realiza las pericias caligráficas para determinar si las firmas son falsas.

La idea de que hay alguien que quiere perjudicar a Gaete toma fuerza desde su entorno. Dicen que en San Fernando era una reconocida fiscal, bien evaluada, querida por sus pares y, también, en tribunales. Sospechan que alguien intervino la carpeta e introdujo las declaraciones falsas. En ese sentido, argumentan que es muy difícil que una persecutora con su experiencia haya pensado que nadie se iba a dar cuenta: se inclinan por las disputas de poder al interior de la fiscalía.

En su declaración al Primer Juzgado Laboral de Santiago, Teresa Gaete expone algunos hechos que pretenden respaldar esa teoría: su pésima relación con el fiscal jefe Claudio Riobó, el único que no la evaluó con nota sobresaliente, con quien sostuvo varios roces y a quien acusa de incurrir en reiteradas irregularidades y hostigamientos, como algunas reuniones a solas con los funcionarios y, en particular, menciona que en 2017 le cuestionó una licencia médica por influenza. También, problemas de recarga laboral: explica que debido a la serie de cambios que sufrió la jefatura de la fiscalía local, se le reasignaron 180 carpetas que, sumadas a las ya asignadas, llegan a la cifra de 300 causas, todas de delitos sexuales. El escenario empeora si se consideran otras de sus funciones, como asistir a juicios orales, prestar apoyo a otras fiscalías y atender citados y solicitudes.

Teresa Gaete fue formalizada el jueves 7 por falsificación de instrumento público. Alcanzó a estar solo dos días en prisión: el sábado 9, la Corte de Apelaciones de Rancagua revirtió la medida por arresto domiciliario total. Hoy, lucha por su libertad, por demostrar que está en lo correcto. Y por buscar otra oportunidad, pero lejos de San Fernando.

Sería una suerte de consuelo: sabe que, pase lo que pase, su carrera está destruida.