Las razones del FA para intentar destituir a Abbott

Hasta una de las salas del Congreso, en Santiago, con carpetas y documentos bajo el brazo, un grupo de exfuncionarios del Ministerio Público llegó la mañana del viernes 18 a reunirse con la diputada del Frente Amplio Claudia Mix (Poder).

El motivo: seguir acumulando información para apuntalar la petición de remoción del bloque en contra del fiscal nacional, Jorge Abbott.

Al discurso de la cuenta pública del Ministerio Público y a las reuniones de Abbott con los entonces senadores Hernán Larraín (UDI) y Guido Girardi (PPD) mientras era candidato a fiscal se han sumado en los últimos días antecedentes respecto de una supuesta gestión deficiente de Abbott -en especial en materia de infracciones laborales- al frente de la Fiscalía Nacional.

Por eso es que encuentros como el del viernes 18 entre exfuncionarios -y también con funcionarios en ejercicio de la Fiscalía Nacional- con parlamentarios del FA se han repetido en los últimos días.

Las reuniones, según fuentes en el equipo que trabaja en el documento, han servido para acumular información y disipar las dudas respecto de la pertinencia o no de seguir adelante con la idea. Esto, más allá de la información pública que motivó la petición.

Quienes lideran la iniciativa frenteamplista -que requiere de al menos 10 firmas- son Mix, Gonzalo Winter (MA), Gael Yeomans (IL), Maite Orsini (RD), Tomás Hirsch (PH) y Natalia Castillo (RD). Cada uno ha puesto a disposición a sus respectivos asesores legislativos. Ellos serán los firmantes del texto en representación del bloque.

En el FA, además, ya cuentan con la adhesión del Partido Comunista -que comprometió la firma de al menos dos de sus legisladores-, del diputado independiente René Saffirio, la diputada del PRO Marisela Santibáñez, y están a la espera de que se sumen, de forma individual, algunos parlamentarios de la ex Nueva Mayoría. En especial, del PS y el PPD.

Lo anterior, a pesar de que un documento elaborado por el abogado Enrique Aldunate, asesor legislativo de la bancada socialista, recomendaba no adherirse a la petición del Frente Amplio por una supuesta debilidad de los argumentos. Los nuevos antecedentes recopilados, y las gestiones de parlamentarios del FA que han conversado personalmente con sus pares para convencerlos, han permitido que la decisión del PS aún no sea definitiva. Incluso, en el FA esperan, hasta último momento, que el documento también esté firmado por diputados de Chile Vamos que han manifestado -en privado- su interés en suscribir la petición de remoción.

Y es que si bien en la bancada de diputados y en la mesa nacional del FA en un primer momento existían más dudas que certezas con el texto -en especial el temor a la posibilidad de que ni siquiera supere la barrera de la admisibilidad en la Corte Suprema-, finalmente la idea pasó la prueba, siguió adelante y llegó a la última etapa.

La próxima semana comenzará la distribución de un borrador con los argumentos principales -al que tuvo acceso Reportajes- para tener el visto bueno final de los parlamentarios.

La primera de las causales en el documento es el discurso del fiscal nacional en la última cuenta pública, el 24 de abril pasado. "Los dichos expresados en la cuenta pública son expresiones que exceden el contenido de dicha actuación y vulneran las normas que limitan la actuación del fiscal nacional. El fiscal nacional, a través de sus dichos, instruyó una instrucción particular, pese a existir prohibición expresa", dice el texto.

La alusión es, en especial, a lo que denominan "doctrina Abbott", la postura del fiscal nacional que apuntó al perfil bajo que, a su juicio, tenían que tener los persecutores, y también, a la tesis respecto de que las decisiones que se toman en la fiscalía también afectan a otras instituciones, como el Congreso. Por ejemplo, al alterar los quórum.

Para el FA, si es que la Corte Suprema determina que aquello no fue una instrucción o que no alcanza el mérito suficiente para serlo, al menos el discurso del 24 de abril sí es un criterio de actuación que no cumple con los requisitos legales dispuestos en el Código Procesal Penal, lo que sería razón suficiente.

La segunda causal es la reunión sostenida entre Abbott y el senador UDI Hernán Larraín -hoy ministro de Justicia- el 18 de diciembre de 2017, en la oficina del abogado Mario Zumelzu y donde se abordó el caso del senador también UDI Iván Moreira. "Sostener una reunión con un tercero, que intercedía a favor de un imputado, en una causa en la que concurría causal de inhabilitación", se lee en el documento, y se agrega que esa reunión "excede el contenido de aquellas sobre las cuales se puede pronunciar el fiscal nacional".

El tercer argumento de la petición de destitución es la reunión que Jorge Abbott sostuvo con el abogado Rodrigo Zegers -defensor de Santiago Valdés en el caso Penta- y el abogado Samuel Donoso -defensor de Patricio Contesse en el caso SQM- el 20 de enero de 2017. Aquí -a jucio de loa acusadores- se repiten las mismas razones esgrimidas en la segunda causal: Abbott debió inhabilitarse de cualquier conversación en calidad de fiscal nacional en una investigación en curso, porque estas vulneran las normas del cargo. En el entorno del fiscal -no obstante- sostienen que este negó la solicitud de las defensas de circunscribir a una causa unas boletas de Valdés (Bancorp) emitidas a SQM.

Las tres causales mencionadas son públicas, han sido analizadas y, hasta hace unos días, eran casi toda la argumentación de la petición en contra del fiscal nacional. De ahí el temor de adherentes y opositores a la inadmisibilidad.

La cuarta causal, sin embargo, se fue construyendo en el camino y ha despertado el interés de algunos parlamentarios que en un comienzo descartaron respaldar la iniciativa. La argumentación apunta a las supuestas infracciones laborales de Abbott "que atentan contra los derechos de los funcionarios pertenecientes al Ministerio Público".

"Infracciones de la normativa general y específica sobre derechos de los funcionarios públicos. Vulneración de los derechos sindicales de los trabajadores pertenecientes al Ministerio Público, infracción de normas nacionales e internacionales que rigen la relación con los trabajadores", se lee en el documento-borrador.

Allí se incluye, entre otros elementos que han llegado a manos del FA proporcionados por miembros del Ministerio Público, la demanda por práctica antisindical presentada por la Federación Nacional del Ministerio Público y la supuesta persecución -abriendo una investigación penal- de Abbott a un expresidente de esa organización.

Según quienes trabajan en la petición, la intención es que cada causal esté argumentada jurídicamente, de tal forma que supere la primera etapa de admisibilidad en la Corte Suprema. Por ello es que decidieron demorar un poco más el ingreso y aumentar las revisiones al texto.

Antes del 10 de junio, la petición en contra de Abbott debería estar en manos de los supremos.