En cinco meses más, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez Niada, estará a 11.672 kilómetros de Chile, radicado junto a su esposa e hijas en Londres. En diciembre, justo a tres años desde que el fiscal nacional, Jorge Abbott, lo designó para investigar el caso SQM, su período de ocho años como jefe de la V Región del Ministerio Público expirará.

Obligado, por ley, a dejar su cargo, decidió irse durante cuatro meses a Inglaterra para acompañar a su esposa, la exministra de Justicia Patricia Pérez, a terminar un doctorado en la Universidad de Cambridge. No logrará enfrentar el juicio oral del caso SQM, sin embargo, asegura que confía en lo que hará el equipo de fiscales que lideró durante estos años, porque la clave -a su juicio- fue "no personalizar esta causa, ya que quien investiga es el Ministerio Público y cualquier fiscal está preparado para llevar adelante este y cualquier otro caso".

El exsenador Pablo Longueira lo emplazó a no irse del país y "hacerse responsable personalmente del resultado de este proceso penal"... ¿Qué le responde?

Asumí el cargo de fiscal regional en diciembre de 2010 y su duración está establecida en la Constitución en un período máximo de ocho años no renovables. De suerte tal que, en diciembre de este año, mi cargo como fiscal regional expira. No es que yo decida no quedarme, me tengo que ir. Durante la última fase de mi período como fiscal regional me ha correspondido investigar este caso y ejercer la acción penal a través de la acusación que presentamos el lunes 9. Ahí está la pretensión punitiva del Ministerio Público, pero una vez que expire mi cargo, no puedo continuar. En lo personal, hubiese querido que el juicio se desarrollara mientras fuera fiscal regional, pero ante una petición de reapertura de la defensa no me corresponderá a mí hacerlo. Ahora, sea yo u otro fiscal, acá quien investiga es el Ministerio Público, no una persona en particular, y detrás de mí hay un equipo de excelentes fiscales que llevarán este caso a juicio.

Pero qué le responde a Longueira ante este emplazamiento que hizo tras conocer la petición de seis años de cárcel...

No corresponde que la fiscalía le conteste a una persona que está acusada en este caso. Evidentemente, él está en una situación seguramente incómoda y que lo ha llevado a decir este tipo de frases. Pero nosotros, como Ministerio Público, lo que nos corresponde es ejercer la acción penal. Y la hemos ejercido a través de una acusación.

Longueira plantea que "es fácil acusar sin fundamento y luego fugarse de sus obligaciones"...

Eso no es cierto en lo absoluto. Detrás de esta decisión hay un equipo de seis fiscales, la mayoría de mi región, más Carmen Gloria Segura, de la Fiscalía Centro Norte, y entre todos hemos ido tomando decisiones de acuerdo al mérito de los antecedentes. Llegó el momento en que la investigación se encontró agotada y el equipo completo tiene la convicción de que al señor Longueira le cabe participación como autor en un delito de cohecho. Intentar personalizar en mí la persecución penal respecto del señor Longueira o de cualquier persona es un hecho que nos aleja de la ley. No tengo nada en contra del señor Longueira ni de ningún sujeto que me ha tocado acusar en estos 17 años que llevo como fiscal.

¿Espera que su sucesor siga en la misma línea de la acusación del caso SQM llevando el cohecho a juicio oral?

Si la nueva persona que asuma este cargo estudia los antecedentes va a llegar a la misma convicción que ha llegado todo mi equipo: estos hechos son constitutivos del delito de cohecho, más toda la imputación de delito tributario a las demás personas de esta causa.

Ahora, ¿qué pasa con lo que plantea el señor Longueira respecto de que usted le ofreció una salida alternativa que eliminaba el delito de cohecho? ¿Eso es así?

Las investigaciones penales van pasando por distintas etapas. Y muchas de ellas están vinculadas a la incorporación de nuevos antecedentes. Nosotros, como equipo de fiscales, en algún momento advertimos que, de acuerdo a los correos que el señor Longueira enviaba a la Secretaría General de la Presidencia, nos daba para pensar en una posible imputación vinculada a un delito de tráfico de influencias. En un inicio era posible pensar en que el delito de cohecho o el delito que se había imputado al señor Longueira estaba más bien vinculado a un tráfico de influencias.

Entonces existió una suerte de negociación...

Le explico, esos eran los antecedentes que nosotros teníamos a la vista, y en esos términos se conversó con la defensa. No me gusta, y creo que falta a la ética, develar conversaciones privadas en el contexto de investigación. Sin embargo, ellos han abierto el punto y por eso me siento con la posibilidad de poder responderlo. Fue en ese contexto, estamos hablando del año 2016, cuando atisbábamos que dentro de las diligencias de investigación podríamos caer en la figura del inciso segundo del 248 bis, que habla más bien de un cohecho vinculado a un tráfico de influencias. En palabras simples, un funcionario público (Longueira) que ocupa su influencia con otro funcionario público (ministro de Segpres).

¿Qué pasó después? ¿Por qué termina acusándolo de haber sido sobornado?

Lo que pasó fue que seguimos avanzando en la investigación y levantamos toda la contabilidad de las fundaciones del señor Longueira. Logramos determinar todos los pagos que hizo a Copra S.A. (inmobiliaria fundada por él) con dineros de SQM, que era una deuda que tenía el señor Longueira; logramos establecer que, por ejemplo, los pagos a las fundaciones cesaron y se renovaron por el mismo monto, al mes siguiente, a una sociedad que tenía Longueira con su señora, Cecilia Brinkmann. Todo eso nos permitió darnos cuenta de que estas conductas caían precisamente en la figura del inciso primero, del cohecho propiamente tal.

¿Ahí entonces se logra la convicción?

Claro, pero fue por el avance de la investigación. Cuando nos metimos en las cuentas corrientes, en la contabilidad, nos dimos cuenta de que esto ya era aún más profundo que esta influencia que ejerce el señor Longueira como el jefe o el dirigente principal de la derecha chilena, en un momento en que él interviene directamente con la Secretaría General de la Presidencia. ¿Qué persona en Chile tiene esa facultad de escribir un correo, haciendo propia una ley que se había redactado en las oficinas de la minera y la envía directamente a la Segpres, entra al Congreso y el propio senador la aprueba como ley de la República, entre otros senadores? Tras hacer nuevas diligencias nos fuimos convenciendo hasta el día de hoy que el hecho más bien es el cohecho que hemos imputado. Pero eso hoy, 2018, tenemos pruebas suficientes como para sostener el cohecho en el juicio oral.

Se ha dicho que a diferencia de Pablo Wagner en el caso Penta, donde la supuesta debilidad para probar el cohecho era la infracción de los actos del cargo, en este caso la debilidad probatoria sería que no hay pagos directos de SQM al señor Longueira... ¿Es así?

En el cohecho la ley lo que sanciona es al empleado público que solicitara o aceptara recibir un beneficio económico para sí o un tercero. Los actos que ejecuta el señor Longueira son con una grave infracción a los deberes de su cargo de senador, de eso no tenemos ninguna duda, y los pagos que se han hecho están dentro de la hipótesis del cohecho cuando nos dicen que el beneficiario de esto puede ser la persona o un tercero. Aquí nosotros hemos logrado acreditar que prácticamente el 90% de los dineros que ingresaban a las fundaciones que el señor Longueira manejaba, administraba, era el fundador, socio principal y presidente vienen de una sola fuente: SQM. Durante muchos años. Además, toda la emisión de las boletas eran de su círculo cercano. Carmen Luz "Titi" Valdivielso es la persona más cercana al señor Longueira y es la que genera toda esta forma de allegar dineros tanto de las fundaciones como a través de la emisión de boletas falsas. Son más de tres años de investigación, hay más de 250 tomos, hemos tomado cerca de mil declaraciones, hay un trabajo en profundidad y de eso consta la acusación.

Según se entiende, entonces, el exsenador estuvo dispuesto a aceptar los cargos de tráfico de influencias y no por cohecho...

Eso habría que preguntárselo a ellos. Entiendo que cuando conversamos con la defensa en esos términos, ellos quisieron analizar esta hipótesis y, antes de contestarme a mí, salieron diciendo por la prensa que había una suerte de acercamiento. A partir de ahí, no ha habido otra conversación, sino hasta la audiencia del señor Fulvio Rossi, el martes de esta semana, donde el defensor Pelayo Vial me propone una suspensión condicional para Longueira. Yo le dije que, por supuesto, no hay ningún espacio para eso.

No hay posibilidad de suspender al exsenador Longueira en esta causa...

Para nada. De nuestra boca nunca ha salido la expresión 'salida alternativa', nunca la hemos ocupado. Sí planteamos la posibilidad de un procedimiento abreviado, es decir, un juicio ante un juez de la República donde él acepta los hechos y nosotros, insisto, con los antecedentes que teníamos en esa época, podíamos pensar que se trataba de la figura de tráfico de influencia, pero luego planteado a sus defensores, ellos no nos responden, sino que salen en la prensa diciendo que no iban a aceptar un abreviado. Continuamos con la investigación y hoy día, dos años después, habiendo agotado todas las diligencias de investigación, nos damos cuenta de que el actuar del señor Longueira se encuadra perfectamente en la hipótesis de cohecho que hemos acusado.

¿Suspensión sin condena, entonces, no habrá para Longueira?

No, porque es un criterio que fijé desde un inicio. Sin saber quiénes eran los investigados, de qué color o partido político. Cuando asumí esta causa fijé ante mi equipo cuáles iban a ser las salidas o términos judiciales según la conducta. Y en ese criterio está no ofrecer ninguna suspensión condicional a personas que hayan tenido el carácter de funcionarios públicos y que hayan cometido el delito teniendo esa calidad. En esa hipótesis está el exsenador.

Ese es un criterio de actuación distinto al del caso Penta, donde se suspendió al senador Iván Moreira...

Es mi criterio. Nunca he accedido a la investigación del caso Penta, salvo sus primeros tomos que estaban mezclados con el caso SQM, entonces no tengo cómo saber cuáles fueron los antecedentes que tuvo el fiscal Manuel Guerra para tomar esa decisión. Él ha justificado su decisión en los votos de minoría del desafuero del señor Moreira y que eran de la Sala Penal, tal vez su decisión es más pragmática y decidió ofrecer una salida alternativa. Cada fiscal regional actúa con autonomía.

Longueira acusó una persecución "implacable e injusta" e incluso trascendió un episodio del allanamiento en la casa del exsenador donde hubo gritos... ¿Existió colaboración de parte de él? ¿Era necesario allanar su casa?

Fuimos donde un juez de garantía y le especificamos las necesidades que teníamos de realizar esta medida intrusiva y fue él quien autorizó, al revisar los antecedentes fundados que expusimos. Además, no solo se ingresó en el domicilio del señor Longueira, ese mismo día entramos a su oficina y también al domicilio de doña 'Titi' Valdivielso. Ella, por ejemplo, no ha hecho el caudal que ha hecho el señor Longueira respecto de exactamente la misma actuación. En todos estos domicilios se actuó a la misma hora, se ingresó a las 7 AM, de manera tal que, respecto del señor Longueira, se ejercieron exactamente las mismas acciones que se ejercen respecto de todo chileno bajo el marco de la igualdad ante la ley que es objeto de un ingreso a su domicilio autorizado por un juez de la República. Esto habla muy bien de lo que es el principio de la igualdad ante la ley y no podríamos ponernos en una situación de victimización, como no lo ha hecho la señora 'Titi' Valdivielso, que fue objeto de la misma acción por parte del mismo ente persecutor.

¿Y hubo gritos?

De mi parte, como funcionario público, no, nada. Y de ellos, la verdad es que no podría hablar de reacciones de personas que están siendo sometidas a una acción intrusiva de parte del Estado, porque claramente es incómoda. Como funcionario público me mantuve estoico, realizamos un ingreso, obtuvimos lo que queríamos obtener, que nunca recibimos de parte de la defensa en forma voluntaria.

¿No es cierto, entonces, de que ellos hubieran colaborado sin necesidad de allanar?

Mire, el último de los computadores lo encontramos en el auto del señor Longueira, o sea, fue una búsqueda intensa. Desde el momento en que llegamos a la casa se le consultó muchas veces dónde estaba o si acaso dentro del inmueble tenían una oficina o una sala donde estuvieran los computadores, y la única respuesta era 'vean ustedes'. No hubo cooperación en lo absoluto. Piense que mucho antes de esto el señor Longueira fue citado a declarar y él guarda silencio en todas las preguntas que eran imputativas por parte de fiscalía.

Descarta una "persecución injusta"...

La verdad es que respecto del señor Longueira ha habido solo acciones de igualdad ante la ley, él no puede pretender ni presumir que por la investidura que ha tenido se le diese un tratamiento distinto al que se le da a cualquier persona en Chile. Fíjese que en la Quinta Región nosotros hemos hecho persecución penal de muchos políticos: el señor Urízar (PS); acabamos de obtener una condena de 10 y 1 en contra de Cinthya Marín, quien es cuñada de una parlamentaria de RN, es decir, si como fiscales debiésemos anteponer a nuestras acciones la condición de un determinado sujeto, lo que estamos haciendo es dividir Chile en dos y no podemos dividir Chile en dos: todos somos iguales ante la ley y así está en la Constitución Política.

Así como hay fiscales que se dice son de izquierda, hay otros a quienes se los sindica más cercanos a la derecha... ¿Qué les dice?

He leído que algunos dicen que soy de derecha. Yo lo que soy, en primer lugar, es fiscal del Ministerio Público, ese es mi deber y eso terminará en cuatro meses. No me puedo hacer cargo de las sensaciones que produzca. Nadie sabe cómo voto, y yo lo único que hago es dirigir un equipo, porque este caso se trabajó en equipo y lo que hemos hecho es actuar conforme a la ley.

Su esposa fue ministra de Justicia del primer gobierno de Sebastián Piñera ¿ha sufrido alguna presión política?

¿En lo personal? En lo absoluto. Jamás he recibido alguna presión. Hemos trabajado absolutamente tranquilos. De parte también de otros parlamentarios, por ejemplo, del senador Jorge Pizarro, él nunca ha hecho las intervenciones que han hecho otros. Fíjese, yo haría el distingo. El señor Fulvio Rossi, en cambio, ha hecho mucho caudal de esto y ha tratado de personalizar el conflicto; el senador Pizarro, en cambio, ha actuado conforme a la ley mandata. Él ha comparecido voluntariamente en todo el proceso, no aparece personalizando este conflicto. No sé, el mismo Luis Matte, Marcelo Rozas, el mismo señor Patricio Contesse, todos han prestado, de alguna u otra manera, colaboración en la investigación, no en los términos que quisiéramos, esa es una de las dificultades que hemos tenido, pero hay algunos que tratan de hacer de esto un hito, una batalla comunicacional, cuando en realidad la tarea nuestra como fiscales es hacer una batalla judicial.

Rossi dijo que el caso se transformó en uno más político que judicial...

Tenemos la convicción de que el señor Rossi ha tenido participación como autor en un delito de facilitación de boletas que son ideológicamente falsas. Hay muchísimos antecedentes que dan cuenta de aquello, al punto de que hace menos de dos semanas la ilustrísima Corte de Apelaciones nos permitió continuar con la investigación y el día lunes fue acusado. Fíjese que la postura del señor Rossi no es ajena a la que asumen la mayoría de los políticos de Latinoamérica cuando han sido investigados por fiscales del Ministerio Público. Siempre la culpa la tiene el que investiga. Son los políticos los que cometen delito y al final la culpa siempre la tiene el fiscal. Ha pasado con la expresidenta de Argentina. ¿Quién tiene la culpa?: el fiscal. Ha pasado en el Perú. ¿Quién tiene la culpa?: los fiscales, y en Chile los encargados de la persecución penal no escapamos de esa realidad. Hay que acostumbrarse a esto y saber que este tipo de embates van a venir y en ese sentido mantenerse siempre apegado a la ley, es la mejor solución.

¿Por qué en el caso SQMno se llegó a imputar a Julio Ponce Lerou? Era el dueño de la compañía, uno podría decir fue él quien decidió financiar todas estas campañas...

Créame que nosotros hicimos una investigación profunda intentando determinar las responsabilidades de cualquier persona que hubiese intervenido en esto. Al señor Ponce le tomó declaración el fiscal Sabas Chahuán, en compañía del fiscal Carlos Gajardo, en su momento. Ellos de esa declaración no obtienen tampoco información que sea muy relevante. Luego, nosotros pedimos las actas de sesión del directorio, revisamos más de tres millones de correos electrónicos, llegamos incluso a una cuenta que manejaba el señor Ponce Lerou por fuera de la empresa SQM.

¿Grillop10@hotmail.com?

Exacto, eso lo descubrimos nosotros. Nadie podría desconocer que mi equipo de fiscales ingresó profundamente, intentando determinar si en estos hechos tenía responsabilidad el señor Ponce Lerou y lo que pudimos advertir es lo que hay en la carpeta de investigación. Más allá de lo que uno pueda razonar y como usted misma lo plantea, podría existir una suposición respecto de si él sabía o no de esto. El tema es: ¿podemos probar que lo sabía? Ese es nuestro deber. Los fiscales no podemos transformarnos en opinólogos, los querellantes pueden hacerlo, porque quieren posicionarse algunos, pero nosotros tenemos que actuar con seriedad y con responsabilidad.

¿No podría decir que Ponce sabía de estos aportes a políticos?

Nosotros no tenemos ningún antecedente probatorio que incrimine a Julio Ponce y créame que si lo tuviéramos, él o cualquier otro, habría sido objeto de formalización y luego de acusación si tenemos la convicción.

Pero por qué no seguir esa hebra, esa cuenta creada por Ponce en que se le envía información a Roberto León...

Indagando toda esa casilla electrónica no observamos ningún acto delictivo o que lo pueda poner dentro de alguno de los círculos concéntricos de autoría o participación de nuestra ley, y créame que los revisamos profunda y profusamente. Hacer algo distinto sería algo irresponsable, pero créame que si nosotros hemos perseguido a personas que han tenido calidad de ministro, senadores, etc. no tenemos ningún problema en perseguir a Julio Ponce. Y por más que el sentido común diga algo, si no hay antecedentes no se puede hacer nada.

Ahora, ese antecedente lo podría haber entregado el principal imputado del caso, el exgerente general Patricio Contesse...

Una de las dificultades que hemos tenido nosotros dentro del contexto general de la investigación es que no hemos tenido aportes de ninguno de los investigados. Si usted revisa la acusación, pese a que el señor Contesse da una declaración, no le reconocimos por ella la atenuante de colaboración sustancial. Ahora, esa defensa pidió reapertura y nosotros por supuesto esperamos una colaboración mayor de don Patricio Contesse en esta causa.

¿Por qué es necesaria? ¿Él tiene la llave a la verdad?

Porque es necesario determinar también con precisión lo que ocurrió en Chile y también el grado de conocimiento que tenía de esto, por ejemplo, el señor Rossi. Tengo la certeza total y absoluta de que hubo un mecanismo que operó en forma idéntica con todos los personajes políticos involucrados. En todos ellos hay reunión del sujeto principal; es decir, Longueira directamente con Contesse, Rossi con Contesse, Marco Enríquez-Ominami con Contesse. Y luego en la aplicación de este mecanismo entran los segundos a bordo: 'Titi' Valdivielso con Katherine Bischof (secretaria de Contesse), Cristián Warner con Bischof, Mariela Molina emite la boleta a Bischof. Tenemos claro que el mecanismo operaba de manera tal que se solicitaba dinero directamente al gerente general y la forma de implementarlo era a través de boletas ideológicamente falsas que le permitiesen a la empresa rebajar el impuesto de primera categoría, bajar su base imponible. Se dice que los políticos no buscaban con esto rebajar impuestos, pero entonces... ¿Por qué no ofrecían boletas que no permitiesen bajar la renta? Porque el anzuelo, lo que ellos querían era precisamente permitir que la empresa rebajase, ese era el anzuelo que la empresa tenía para pagar menos impuestos y eso está acreditado. Parte del trabajo que hemos hecho nosotros como fiscales es recuperar para el Estado casi US$ 9 millones en impuestos y multas a raíz de esta investigación.

¿Por qué en este "mecanismo" en el caso de la precampaña de Bachelet no se llega a Rodrigo Peñailillo, por ejemplo? Hay una sensación de que en esa arista no se llegó a los principales políticos...

Sí, han tratado de ir instalando ciertos temas en que hay ciertos sesgos en la investigación y si uno ve la acusación está prácticamente todo el espectro político de nuestro país. Hay personajes vinculados a la DC, UDI, RN, PPD, y no es que quisiéramos hacer una suerte de empate, sino que es lo que la investigación nos arrojó. En el caso del señor Rodrigo Peñailillo, primero, nunca tuvimos querella del SII respecto de su persona. En segundo lugar, lo que hacen ellos es constituir a través de Giorgio Martelli una empresa que se llama Asesoría y Negocios, y AyN es la que le presta servicios a SQM, y es AyN la que recibe los servicios de Peñailillo. AyN como empresa nunca ha rectificado, nunca ha negado ni dicho que estos servicios que prestó Peñailillo no se prestaron. Es más, dicen que sí se prestaron, independiente de la calidad de esos informes. Entonces, nosotros sí tenemos condena respecto de aquellos que estuvieron vinculados a la precampaña de Michelle Bachelet. Tenemos condenado a Giorgio Martelli, está condenada doña Clara Bensan, que está vinculada a la campaña de Eduardo Frei, por lo tanto, la investigación ha sido profunda y ha terminado en sentencias condenatorias respecto de hasta ahora nueve o 10 personas.

Es decir que al crear AyN se "salvó" a esos personeros de ser perseguidos...

Con la empresa AyN claramente se evitó llegar a otras personas, porque técnicamente o jurídicamente no se podía seguir. Era Giorgio Martelli, era la empresa AyN donde se detenía la comisión de este ilícito.

Todo hace suponer que no era Martelli el vínculo con SQM, como en los casos que ejemplificó con Warner, 'Titi' Valdivielso...

No, Martelli más bien creemos que representa el segundo a bordo.

Hay un cabo suelto ahí...

Así es, pero lo hemos indagado y le insisto, en esos casos no tuvimos querella del SII para avanzar. Esa es una pregunta que deben responder ellos, ¿Por qué no se han querellado en todos los casos que los requerimos en estos años? En el caso de Longueira, por ejemplo, no tenemos querella.

¿Cree que hay una decisión política?

No podría aventurar una respuesta.

¿Por qué nunca se llamó a declarar a los expresidentes Eduardo Frei y Michelle Bachelet?

Cuando uno toma la decisión de que se cite a declarar tiene que ser a personas que realmente puedan aportar en el contexto de la investigación de acuerdo a los antecedentes que se han allegado. No olvidemos que en esta misma causa declaró el Presidente Sebastián Piñera en su calidad de expresidente en su momento. Es decir, no ha habido de parte del Ministerio Público alguna omisión en diligencias. Respecto de ellos, no nos pareció necesaria su intervención, pero no hemos dejado de hacer ninguna diligencia necesaria atendida la investidura de la persona.

¿Cuál es su opinión final de lo que ocurrió aquí?

Llegamos a la convicción de que aquí existió un mecanismo de financiamiento ilegal de la política en Chile, que en uno de estos casos terminó doblegando la voluntad de una persona que tenía calidad de senador y luego de ministro de Estado, que era el exsenador Longueira, quien actuó con infracción a los deberes del cargo y sometió su actuación a la voluntad de una empresa que venía financiando su función durante muchos años.

Hay férreos críticos, como el exfiscal Gajardo, de la suspensión de la empresa SQM, que decían que había que llevar este caso a juicio, porque era más importante la señal al empresariado. ¿Qué le parece?

Eso sería si entendemos que el juicio oral es un castigo en sí. Yo creo que un juicio oral no es un castigo, porque creo que la presunción de inocencia sigue a la persona hasta que sea un juez el que se pronuncie. Por lo tanto, si queremos ver sentado a alguien en un juicio oral entendiéndolo como un castigo, podría sostenerse una imputación. Pero me parece poco serio y no es nuestra posición. Respeto mucho el trabajo que ha hecho Carlos, creo que realmente fue un aporte como fiscal, pero él, por ejemplo, en el caso de las universidades, obtiene sentencia condenatoria por el delito de cohecho, con condena en la mano, en la misma audiencia suspende condicionalmente a la empresa. Me imagino que él toma esa decisión porque estima que es la mejor de acuerdo a los antecedentes con que contaba en ese momento, no conozco los antecedentes, pero le doy el beneficio de la duda. Él actuó de forma seria y nosotros también. Él criticó la suspensión de Moreira, pero él también suspendió a Alberto Cardemil. Cada quien decide cuál es la solución a su caso. Y en esos eslóganes de fiscales blandos y fiscales duros, yo prefiero estar en la división de fiscales objetivos. Él critica decisiones que él mismo tomó, pero está usando su derecho a la libertad de expresión y lo respeto.

Esta semana, diputados de la oposición presentaron un recurso para remover al fiscal nacional y la Corte Suprema lo declaró admisible. ¿Cómo ve la situación de su jefe?

Tengo una confianza absoluta en lo infundado de este requerimiento y, por lo tanto, creo que el fiscal nacional, Jorge Abbott, debe estar tranquilo con el devenir de este proceso. A mí nunca, ni liderando este caso, ni ningún otro, él me ha dado una instrucción particular. Es una falacia decir que él se ha entrometido en algún caso.