El desembarco

"No me traigan minutas para ganar. Necesito minutas para los primeros 100 días de gobierno".

Eso —recuerdan dos personas que colaboraron de cerca en la última fase de la campaña— dijo Sebastián Piñera en un par de ocasiones cuando se acercaba la fecha de la elección.

En Chile Vamos afirman que esta vez, a diferencia de lo ocurrido en 2010, para el presidente es prioritario desembarcar en el gobierno con la mayor claridad respecto del trabajo que se realizará.

Desde que nombró a su gabinete la última semana de enero, la labor del futuro mandatario y su equipo más cercano ha estado abocada a definir prioridades y temas que se impulsarán en los primeros tres meses de su administración.

Los primeros 100 días se han vuelto fundamentales. No sólo por ser un período en que el nuevo gobierno puede mostrar su impronta, sino para aprovechar la "luna de miel" con la ciudadanía.

Tal trabajo fue el que realizó, en una primera instancia, con su equipo político —conformado por el futuro jefe del Segundo Piso, Cristián Larroulet, y los próximos ministros del Interior, Andrés Chadwick; de la Segegob, Cecilia Pérez, y de la Segpres, Gonzalo Blumel— en las reuniones efectuadas en Lago Ranco a fines de enero.

Ahí se definieron los principales puntos que se pretenden abordar en los cuatro años que se inauguran el próximo domingo, con la idea de que en sus primeros 100 días se muestren señales claras.

Por un lado, el futuro gobierno tiene entre sus prioridades la reactivación económica, generar un shock de inversión y perfeccionar la reforma tributaria.

Por otro, la gravedad de las irregularidades en la Operación Huracán y el rol de Carabineros han puesto a la seguridad ciudadana como uno de los puntos en los cuales se pretende generar un acuerdo nacional.

Otro foco es el que el equipo de Piñera llama el "eje social". Este abarca el paquete de medidas sobre infancia y la clase media, además de la reforma al sistema de pensiones.

Por último, la modernización del Estado es un tema clave, según lo expuso Blumel junto con el futuro titular de Hacienda, Felipe Larraín, esta semana en el CEP.

El entrante jefe de la Segpres prepara por estos días un documento de carácter privado en el que se consolidan las medidas que se impulsarán al iniciarse la administración Piñera. Todas ellas provienen, en parte, del programa de gobierno que presentó siendo candidato en octubre de 2017, las que luego fueron tratadas en las bilaterales que el futuro presidente sostuvo con sus ministros, y que culminaron esta semana.

En el entorno del mandatario afirman que una parte de ellas serán resueltas de forma administrativa a inicios del gobierno, para luego pasar a aquellos aspectos que sólo pueden ser definidos mediante de una ley.

Los primeros 100 días —aseguran en Chile Vamos— se han vuelto fundamentales. No sólo por ser un período en que el nuevo gobierno puede mostrar cuál será su identidad e impronta, sino también para aprovechar la "luna de miel" que cada administración vive en sus inicios con la ciudadanía, y que la vez pasada perduró por casi todo 2010.

Con los ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores ya nombrados, Piñera y su equipo están en la fase de definir a los jefes de servicio y secretarios regionales ministeriales (seremis).

En 2010, la instalación del gobierno dependió en gran parte de los entonces jefes de los principales centros de estudio de la derecha.

Cristián Larroulet (Libertad y Desarrollo), Miguel Flores (Fundación Jaime Guzmán) y María Luisa Brahm (Instituto Libertad) conformaron un equipo que realizó, en una primera instancia, el mapeo de los cargos relevantes en la administración del Estado, junto con una revisión exhaustiva de los programas de gobierno.

El próximo Segundo Piso tendrá un rol gravitante en la concreción de las prioridades. Un grupo de profesionales estarán encargados de la coordinación intersectorial de estos caballitos de batalla.

Luego, en una segunda instancia, se delinearon perfiles para los puestos clave, y se contactó a gran parte de ellos. En medio se vivió el terremoto y tsunami del 27 de febrero, que atrasó las nominaciones, y generó con el tiempo diversos reclamos de parte de la Coalición por el Cambio.

Uno de los tres ex titulares de los centros de estudio que participaron en ese equipo lo admite: "No teníamos el oficio". Cuestión que, ocho años después, es radicalmente distinta.

En esta etapa, la regla para el nombramiento de seremis es que el intendente regional propone una terna a Piñera, previamente conversada con el ministro correspondiente. Luego el futuro presidente decide.

Algo parecido ocurre con los jefes de servicio, a quienes los propone el ministro incumbente. Piñera es quien define.

Otra de las diferencias con 2010 radica en los cargos adscritos a la Alta Dirección Pública. Gracias a un cambio legal que se promulgó en octubre de 2016, se incorporaron siete cargos relevantes de primer nivel al sistema, lo que hará que estos sumen 119 para este año. Se trata de la Oficina de Políticas Agrarias (Odepa), el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), el Servicio Nacional de Menores (Sename), el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y la Dirección del Trabajo.

Por otra parte, esta ley eliminó la figura del directivo provisional y transitorio (PyT), que permitía al presidente pedir la renuncia al que estaba en ejercicio, para luego nominar a alguien de su confianza, que podía concursar a través del sistema de ADP posteriormente.

Y además, la nueva legislación estableció que durante los tres primeros meses de su mandato el presidente podrá nombrar hasta 12 cargos de primer nivel a dedo, sin necesidad de pasar por concurso.

Parte de la labor del núcleo del futuro gobierno, en estos días, ha sido justamente la definición de los servicios que tendrán una nueva cabeza. Estas serían las últimas definiciones en las cuales los próximos ministros han hecho sus recomendaciones. En el entorno de Piñera se afirma que "está bastante avanzado". Entre los servicios cuyas cabezas se reemplazarían están la Conadi y el Sename (ambos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social). Se especula que en ese grupo también entrarían la Dirección del Trabajo y el Senama. En el caso del SII, que también es ADP, se esperaría a que su actual director Fernando Barraza termine su gestión en agosto para abrir un nuevo concurso.

Por su parte, cada ministro ha ido designando a su respectivo equipo de trabajo: jefes de gabinete, de prensa, asesores jurídicos y jefes de asesorías. En estos días las reuniones de los equipos recientemente formados se han acelerado. En muchas de ellas se analizan los cargos a los que se pedirá la renuncia a partir del 11 de marzo.

"La primera semana de gobierno va a estar instalado el gobierno. No habrá problemas de continuidad", dice un influyente asesor de Piñera.

En tanto, el próximo Segundo Piso —comandado por Larroulet— tendrá un rol gravitante en la concreción de las prioridades.

El ex ministro ya habría concluido el reclutamiento de su equipo, que se compone, por una parte, de un grupo político y de contenidos.

Este lo conforman el abogado Mauricio Rojas, el ex coordinador del programa Sociedad y Política de LyD Jorge Ramírez y el historiador Alejandro San Francisco, que trabajará part-time.

Por otra, una serie de profesionales estarán encargados de temas puntuales, todos caballitos de batalla de la administración piñerista.

Así, el ex subsecretario de Previsión Social Augusto Iglesias se instalará como asesor en el Segundo Piso, en específico en cuanto a la reforma al sistema de pensiones.

El ingeniero civil Rafael Ariztía estará a cargo de "proyectos especiales", dentro de los cuales se incluye la modernización del Estado, respecto de la cual actuará como coordinador intersectorial. Ariztía trabajó junto con Larroulet en la Secretaría General de la Presidencia como jefe de la Unidad de Modernización del Estado entre 2010 y 2014.

Y por último, en la agenda social —que incluye los temas de infancia— estará la economista Francisca de Iruarrizaga, quien se desempeñó en el Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno anterior, y  ejercerá como coordinadora intersectorial del tema.