El incendio inagotable de la Araucanía

"Libertad a los peñis". Este fue el mensaje encontrado junto a los restos humeantes de tres camiones y una máquina niveladora, pertenecientes a Vialidad y que trabajaban en el mejoramiento de caminos en una zona rural de Padre Las Casas, aledaña a varias comunidades mapuches. Los hombres encapuchados actuaron rápido y organizadamente, relataron los conductores. Los encañonaron, los hicieron bajarse de los transportes y, posteriormente, prendieron fuego a la maquinaria pesada. Las pérdidas fueron avaluadas en $ 500 millones. Habían pasado 24 horas desde la formalización de los once detenidos por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, quienes fueron cercados la madrugada del 30 de marzo pasado.

Pero no sería el único hecho violento. Hasta el cierre de esta edición ya eran siete los ataques incendiarios. Cuatro de ellos a iglesias (tres católicas y una evangélica). Todos, en un área que va desde Ercilla por el norte (a 87 km de Temuco) y Quepe por el sur (a 16 km de la capital regional). En la mayoría de ellos aparecen mensajes reivindicatorios en favor de los once detenidos. La denominada "zona roja" está más "roja" que nunca.

La captura de los "11" removió las cenizas del conflicto en La Araucanía y se convirtió en un desafío para el Ministerio Público: el futuro juicio del caso Luchsinger Mackay pondrá a prueba el estándar probatorio con que se investigan los episodios violentos en la región.

Luego de los primeros ataques después de que los sospechosos quedaran en prisión preventiva, el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, señaló que se trataba de hechos relacionados directamente con las detenciones y, además, les atribuyó el carácter de terrorista. El ímpetu del fiscal Chiffelle —uno de los investigadores del crimen del matrimonio junto a Luis Arroyo (jefe de Alta Complejidad) y al fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes— fue contenido horas más tarde. Desde la Fiscalía Regional se emitió un comunicado en el que se informaba la designación de otro fiscal, Luis Torres, con carácter preferente para indagar estos ataques y se aclaraba que los hechos serían investigados, en primera instancia, como delitos comunes. Aunque no lo especificaban en el texto, se supo después que la condición cambiaría si se encontraba algún nexo directo con los detenidos por el homicidio de los Luchsinger Mackay.

La Intendencia, manteniendo su línea histórica, presentaba querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, descartando el terrorismo en estos casos.

Así las cosas, el gobierno y la Fiscalía bajaban la línea: pese a invocar terrorismo en la detención de los once sospechosos, en el resto de los casos se mantenía la senda de los delitos comunes.

La captura de los "11" sin duda removió las cenizas del conflicto en La Araucanía y se convirtió en una prueba de fuego para el Ministerio Público: el futuro juicio del caso Luchsinger Mackay pondrá a prueba el estándar probatorio con que se investigan los episodios violentos en la región, reaviva el debate sobre qué es un delito terrorista, pero también pasa por el cedazo la visión de las autoridades de que hay detrás un fenómeno cultural de conexiones y motivaciones más complejas de lo que parecen. En este escenario, Qué Pasa accedió a un informe de inteligencia policial que revela las conexiones internacionales de los grupos radicalizados, donde reaparecen los vínculos con las FARC, la ETA e instrucción paramilitar desde Cuba. El documento, entre otros, guía a la Fiscalía en su afán por entender un fenómeno cuyo caso emblemático los podría llevar, esta vez, a probar ante la justicia la existencia de acciones terroristas en La Araucanía.

La madrugada del 4 de enero de 2013 La Araucanía vivió una de sus tantas noches tristes. Werner Luchsinger (75) y Vivianne Mackay (69) fallecían víctimas de un planificado ataque incendiario en el contexto de lo que por años se ha conocido como "conflicto mapuche". Esa noche de principio de verano partiría un caso que se inició con sólo un detenido: el machi Celestino Córdova, quien fue encontrado con una bala en su cuerpo a 1.780 metros de la Hacienda Lumahue, en Vilcún, lugar de los hechos. Córdova fue condenado por incendio con resultado de muerte a 18 años de presidio. Pese al carácter terrorista que la Fiscalía y querellantes intentaron acreditar en la acusación, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco consideró que se trataba de un delito común.

Pero era más que evidente que el machi no había actuado solo, aunque eso no se reflejaba en los resultados de las primeras pesquisas. Los tres años siguientes la investigación parecía estar en un punto muerto.

Si bien en los círculos de fiscales y policías se manejaban datos de nombres y de eventuales dinámicas de hechos, era imposible poder llevar a los sospechosos ante un tribunal. Así, ante la asonada de cuestionamientos sobre la indagatoria, la respuesta de los fiscales era sólo una: no había pruebas concretas.

Pero a fines de octubre del año pasado la suerte de los investigadores parecía cambiar. El testimonio entregado por uno de los supuestos participantes, José Peralino Huinca, le dio oxígeno a una causa que parecía ahogarse en datos y teorías difíciles de comprobar empíricamente.

La declaración de Peralino entregaría, supuestamente, detalles inéditos y otros antecedentes ya conocidos, que antes no tenían la posibilidad de ser contrastados. Según lo que sostuvo el propio fiscal Paredes, sirvió como punto de partida para reactivar las pesquisas. El resultado del testimonio y de seis meses de investigación fue la detención de once personas (incluido Peralino), quienes fueron formalizadas la semana pasada por incendio con resultado de muerte de carácter terrorista. La misma imputación fallida (en su parte terrorista) que pesó en contra de Córdova. El gobierno, en tanto, apoyó la causa con una querella que trajo una consecuencia inédita: por primera vez en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se perseguía por delito terrorista un episodio de violencia vinculado a la causa mapuche. Caía un paradigma.

Pero no todo fue sonrisas esa mañana del 30 de marzo para los fiscales y querellantes. En la misma audiencia, Peralino, un joven temporero de pocos recursos y con estudios básicos incompletos (sólo llegó a séptimo año), se desdijo de lo declarado y acusó presiones, maltratos e incluso entrega de dinero por parte de la Policía de Investigaciones (PDI). Si bien la retractación no alcanzó para que la jueza Alejandra García Bocaz dejara en libertad a los imputados, sí sirvió de base para los recursos de amparo que todos los detenidos presentaron el martes en la Corte de Apelaciones de Temuco. Además, lo que parecía un "trabajo limpio" por parte de la PDI terminó con algunas nubes. Es más, la misma Fiscalía debió abrir una causa paralela para determinar si los dichos de Peralino sobre el actuar policial tenían algún asidero. La amenaza de que el caso comenzaría a enredarse en los recovecos judiciales parecía latente.

El Ministerio Público y las policías han buscado entender el fenómeno de violencia más allá de un hecho determinado y particular como el doble homicidio de la hacienda Lumahue. Pese a la ausencia de literatura que permita explicar el tema desde el punto de vista policial, existe cierta documentación de inteligencia que ilumina sobre las motivaciones e implicancias de los grupos violentos que operan en la zona. Qué Pasa tuvo acceso a uno de estos informes, que entrega detalles reveladores de los nexos, movimientos y operatividad de los radicalizados.

El documento explicita que las motivaciones originales, como se sabe, apuntan a la recuperación de tierras consideradas ancestrales que están actualmente, en su mayoría, en manos de empresas forestales.

"Dentro de los comuneros mapuches existen sectores radicalizados, quienes continuamente protagonizan hechos de violencia con el objeto de agilizar las futuras compras por parte del estamento gubernamental representado por la Conadi", dice el informe policial al que accedió Qué Pasa.

"La denominada 'recuperación de tierras ancestrales' sigue siendo la principal bandera de lucha que esboza la etnia mapuche aduciendo la falta de reconocimiento a los títulos de merced entregados a sus ancestros mediante leyes promulgadas el 4-12-1866; el 4-08-1874 y el 20-01-1883; además de la superposición de títulos que los relegó a una pequeña fracción de tierras, mediante la adquisición de las mismas, las cuales actualmente son en su mayoría propiedad de las empresas forestales", consigna el texto, que agrega, además, que las pocas tierras en manos de las comunidades se encuentran erosionadas producto de la misma actividad forestal.

En los párrafos siguientes, el informe transparenta la presión violenta que ejercen las comunidades en conflicto para que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) les compre y les entregue estas tierras. "Respecto de los casos así planteados interviene la Conadi para la búsqueda de una acción consensuada y legal del problema (adquisición de los predios en conflicto), pero la modalidad de las organizaciones Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco—Malleco (CAM) y Órganos de Resistencia es infiltrar comunidades mapuches para que ellas practiquen tomas de predios básicamente forestales".

El documento describe un modus operandi conocido: "Los actos de violencia se concentran principalmente en cortes de caminos, tomas de tierras, incendios y amedrentamiento a los dueños de tierras que son reivindicadas, atentados incendiarios contra vehículos de transporte de carga y delitos de abigeato", agregando antecedentes respecto de la presión sobre la Conadi: "Dentro de los comuneros mapuches existen sectores radicalizados, quienes continuamente protagonizan hechos de violencia con el objeto de agilizar las futuras compras por parte del estamento gubernamental representado por la Conadi", consigna el informe.

El documento de inteligencia también especifica cuáles son los fines geopolíticos de la CAM. Los enumera en cinco puntos: reconstrucción del Pueblo Nación Mapuche, recuperación violenta de territorios ancestrales (descartan vías institucionales pues con ellas se legitima el Estado), autonomía y control territorial, legitimación del uso de la violencia y la vía armada para la consecución de sus fines; grupo que actúa de una manera sincronizada y organizada. "(Poseen) cuadros directivos y operativos con clara distribución de funciones, reclutamiento, adoctrinamiento y preparación paramilitar", dice el escrito.

El informe policial insiste en la fuerte presencia de lazos internacionales: vuelve a tocar la relación de las comunidades radicalizadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aquí el documento detalla que en 2008 se indagó a un grupo de mapuches, entre los que se cuenta a Luis Tralcal Quidel, uno de los once detenidos por el crimen Luchsinger Mackay, por haber recibido preparación paramilitar en la selva colombiana. Si bien se comprobó la salida del país y la permanencia en Colombia de algunos ellos, el antecedente tuvo poco impacto en las investigaciones y juicios realizados en esos años.

También se los vincula con Askapena, el brazo político de la ETA en España. Esto, a raíz de la visita de Walter Wendelin el año 2007, en la que se entrevistó con presos mapuches en la cárcel de Angol. Wendelin ha sido detenido, investigado y enjuiciado en España por su relación con la ETA.

El gobierno apoyó la acción de la Fiscalía en el caso Luchsinger Mackay con una querella que trajo una consecuencia inédita: por primera vez en el segundo mandato de Michelle Bachelet se perseguía como delito terrorista un episodio de violencia vinculado a la causa mapuche. La decisión se producía pese a la promesa de campaña de que no se invocaría dicha ley en casos en la zona.

Pero hay más. El informe entrega más pormenores sobre la supuesta preparación paramilitar. Sostiene que un conocido activista de la etnia junto a otra persona que no se logra identificar pagaron a un instructor cubano para que les diera entrenamiento en el uso de armamento. "Los sujetos antes mencionados ofrecieron pagar US $ 2.000 para aquel que realizara formación paramilitar a otros mapuches en el sur. La preparación que requerían debía consistir en infantería, tiro con fusil, pistola y armas de calibre ligero (manifestaron que estaban provistos de todo eso, incluidos fusiles M 16), preparación de artefactos explosivos de forma artesanal y activación y desactivación de minas", se señala.

El texto revela, además: "El trabajo habría sido tomado por un supuesto cubano desertor de la inteligencia que se encontraba en Chile de nombre Rolando González Álvarez (Roly), quien viajaba regularmente a la zona del Bío-Bío (sic) durante los años 2004, 2005 y 2006. Este hombre viajaba sólo por algunos períodos, pues también viajaba al extranjero con mucha regularidad (Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela y El Salvador) utilizando pasaportes falsos de Colombia o Venezuela".

Todos estos antecedentes consignados en el reporte de inteligencia si bien son relevantes para los fiscales, no son más que datos que permiten contextualizar el fenómeno y mantener abiertas líneas de investigación sobre las influencias externas de las comunidades radicalizadas.

Pero poco sirven para convencer a los jueces, ni conectar a los imputados con los recurrentes ataques.

De todas maneras, para comprender mejor este contexto, los fiscales de La Araucanía viajan permanentemente a capacitarse al extranjero para indagar este tipo de casos. De hecho, esta semana se supo que uno de los fiscales que investiga el caso, Luis Arroyo (jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía), se encuentra en Colombia en un seminario dictado por el FBI sobre financiamiento de actividades terroristas en Latinoamérica. Desde la Fiscalía Nacional indicaron que Arroyo viajó junto a Omar Mérida, de la Fiscalía Sur, unidad del Ministerio Público que indaga los atentados con bombas en Santiago, causa en la que el gobierno también interpuso una querella por Ley Antiterrorista.

Si bien el Ministerio Público mantuvo bajo estricto secreto su operativo para detener a los once nuevos imputados por el crimen de los Luchsinger Mackay, no se descarta que en el Ejecutivo manejaran el antecedente con anterioridad. Sorprendió que a primera hora del día de la detención ya estaba instalado en Temuco el jefe de la Unidad Jurídica del Ministerio, Luis Correa Bluas, quien patrocinaría una querella por incendio con resultado de muerte de carácter terrorista. En rigor, sería la primera con esa calificación presentada en la zona.

Tras la acción judicial, varios recordaron la promesa de campaña de Michelle Bachelet, anunciada en una entrevista con el semanario The Clinic en abril de 2013, a pocas semanas de asumir formalmente su segunda candidatura presidencial. Ante la pregunta sobre si volvería a aplicar la Ley Antiterrorista, la actual presidenta fue categórica: "En ningún caso. Eso fue un error. Bajo mi gobierno se presentó un proyecto de modificación de la Ley Antiterrorista que no prosperó en el Parlamento". La definición también fue incluida por esos días en el programa de gobierno, en la página 176. "Nos comprometemos firmemente a la no aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros de los pueblos indígenas por actos de demanda social", dice el programa.

Más allá de estas definiciones, pareciera ser que hoy el concepto de terrorismo y su aplicación se han convertido en un problema.

A propósito de los detenidos, el concepto de "demanda social" se convirtió en el principal argumento que usa el intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet para justificar la invocación de la figura "terrorista" en el crimen de enero de 2013. Para él, este hecho no se enmarca dentro de la "demanda social". "La demanda del pueblo mapuche o de un sector no está legitimada por la fuerza", dice. Para él, los delitos de violencia rural no están relacionados a las reivindicaciones indígenas.

Más allá del debate que viene, la dificultad que hoy enfrenta el Ministerio Público tiene que ver con las escasas pruebas que consigue en estos casos, pero también, precisamente, con las pocas posibilidades que tiene de convencer a los jueces  de la existencia de delitos terroristas.

La tesis de Jouannet, cercano al ministro del Interior, Jorge Burgos, choca con la visión menos academicista y más pragmática del subsecretario de la misma cartera, Mahmud Aleuy, revelando las diferentes visiones que imperan incluso dentro del Ministerio del Interior. En una entrevista en Mega, Aleuy señaló: "Uno no puede asesinar personas por mucho que piense que la demanda es justa, eso no está permitido en Chile. En el caso particular del que estamos hablando, es un asesinato, en Chile no se puede asesinar personas en función de reivindicaciones sociales de cualquier índole", cerró.

El ministro Burgos intentó poner paños fríos este miércoles en una entrevista en La Tercera, donde apunta a que la determinación de delitos terroristas se debe hacer "caso a caso", junto con anunciar que el gobierno acelerará la discusión para modificar la Ley Antiterrorista, pero apuntando a una visión en la que los delitos terroristas sean considerados cuando se trata de una "organización criminal".

Este cambio podría ser aun más complejo para los fiscales, pues podría aumentar la exigencia para acreditar delitos terroristas, al obligar a los investigadores a presentar un caso donde el estándar se asimila al de las asociaciones ilícitas.

Dicha figura ha sido un dolor de cabeza para el Ministerio Público, pues exige probar la existencia de un grupo delictual extremadamente organizado, identificando jerarquías, financiamiento y otros factores más estructurados que la simple participación en un hecho como el crimen de los Luchsinger-Mackay.

Bien lo saben los fiscales y ex fiscales que participaron del emblemático caso bombas, donde no se pudo probar la asociación ilícita y fueron absueltos los seis acusados en la indagatoria.

A propósito de este caso, la Fiscalía en todas las discusiones sobre cambios a la Ley Antiterrorista ha planteado que las modificaciones deben apuntar más bien a dotar a la normativa de las herramientas propias de la ley de drogas: el uso de agentes encubiertos, agentes reveladores, o protección al imputado delator, como en el caso de Peralino.

Otro aspecto que la Fiscalía ha buscado modificar es la "subjetividad" que permite la normativa actual, al quedar al arbitrio de la interpretación la existencia, en cada caso en particular, de la motivación de infundir temor.

Más allá del debate que viene, la dificultad que hoy enfrenta el Ministerio Público tiene que ver con las escasas pruebas que consigue en estos casos, pero también, precisamente, con las pocas posibilidades que tiene de convencer a los jueces de la región.

La apuesta hoy es que los recursos de amparo presentados por los detenidos por el crimen sean rechazados por la Corte Suprema, hasta donde creen los fiscales que llegará el caso. Un fallo favorable del máximo tribunal los dejaría en buen pie para enfrentar a los jueces en un eventual juicio oral (la Fiscalía tiene un plazo inicial de dos meses para cerrar la causa).

Aquí la Fiscalía deberá sortear dos vallas: el estándar de prueba exigido por los jueces de la zona para condenar en este tipo de hechos, pues en círculos judiciales se cree que la exigencia es mayor, aunque nadie lo reconozca o lo diga públicamente, es decir, lo que en jerga judicial se conoce como "jueces garantistas"; y, por otro lado, la definición de "terrorismo" que esos mismos jueces consideran, lo que el Ministerio Público vivió en carne propia en el juicio de Celestino Córdova.

Córdova fue acusado de dos delitos: un ataque incendiario al fundo Santa Isabel de la familia Seco Furcade de Vilcún (diciembre de 2012) y el crimen de los Luchsinger Mackay (enero de 2013). Ambas acciones llevaban la marca de "terroristas" en la acusación de la Fiscalía y el modus operandi fue similar, sólo que las víctimas del primero salvaron con vida, por lo que pudieron testificar, lo que fue gravitante para acreditar el concepto del "temor".

Por esa misma razón, los jueces decidieron que el ataque a los Seco Furcade sí era terrorista, pero ahí no se logró probar la participación del machi. Por el contrario, el crimen del matrimonio de agricultores no fue considerado terrorista, pero sí se logró acreditar a Córdova como autor.

La extraña nomenclatura terminó con una condena a 18 años, lejos del presidio perpetuo calificado que pretendían los persecutores. Hay que decir, finalmente, que Córdova fue encontrado con una herida de bala a menos de dos kilómetros del lugar del crimen. O sea la flagrancia hizo prácticamente imposible un escenario absolutorio.

El caso de los once detenidos es diferente. Los fiscales se sostienen en el testimonio de Peralino, pero creen tener también numerosa prueba indiciaria (indirecta) que recopilaron en los últimos meses, que refrenda el testimonio con detalle, entre otras, peritajes que permiten posicionar a algunos imputados en lugares cercanos al sitio del crimen el mismo día y hora de los hechos. Si eso basta para condenar en un tribunal de La Araucanía, es otra historia.