Tras los honorarios

El 13 de junio de 2014, el ingeniero comercial Andrés Orchard le remitió un correo a Álex Wiesner con copia al síndico Herman Chadwick, a Patricio Wiesner y al abogado Matías Ovalle. En él se detallaba una lista de gastos, entre los que estaban los honorarios que Chadwick recibiría por liderar el proceso de quiebra que derivó en la venta de los tres paños que Wiesner tenía en Machalí a Caval. En ese mismo mail aparecía otro ítem: Honorarios adicionales. El monto asociado era de $ 95.960.200, el mismo que la señora de Wiesner, Helga Riffart, había pagado, supuestamente, a la sociedad Vicuña y Compañía, de la cual Orchard —quien trabaja con Chadwick— es socio, por trabajos adicionales.

El email aparecido recientemente entre los antecedentes, puso nuevamente en entredicho la defensa realizada por el síndico respecto a esos pagos. Es que los llamados honorarios adicionales fueron parte de los cuestionamientos que acreedores realizaron contra la labor de Chadwick acusando un sobrepago.

"El señor síndico falta nuevamente a la verdad. El señor síndico solicitó un honorario adicional a los originalmente pactados. Dicho honorario adicional se pagó en función del 'supuesto éxito' en la operación", dijeron los abogados de la familia Wiesner ante el Cuarto Juzgado Civil.

El síndico se defiende: "El pago a la sociedad Vicuña y Cia., cuyo socio es el Sr. Andres Orchard, corresponde a una asesoria financiera prestada por él a la Sra. Helga Riffart. El mail de 13 de junio de 2014 es un cálculo de todos los pagos que deben hacer con el producto de la venta de los campos y no un borrador del reparto que se hará a los acreedores. Tal es así que se incluyen los honorarios de la sociedad Vicuña y Cía. y los honorarios de Ovalle y Cía., abogados que asesoraron a la familia Wiesner en el Convenio Judicial Preventivo. Este cálculo fue solicitado por Álex Wiesner a Andrés Orchard", señala a Qué Pasa el abogado defensor, Ciro Colombara. Añade que el hecho de que los $ 95,9 millones se consignen como honorarios adicionales y no ligados a Vicuña y Cia., como sí aparecen los realizados a Ovalle y Cía., es sólo una generalización. "Una cosa son los gastos del convenio judicial preventivo que se pagan con cargo al convenio y otros son con pagos adicionales, hechos por terceros al convenio, como este caso", precisa.

Pese a ello, las dudas continúan.

A comienzos de noviembre, y luego que el síndico contestara las impugnaciones que la Superintendencia de Insolvencia, la familia Wiesner, Bci y Rabobank realizaron de la cuenta final de Chadwick, los ex dueños del terreno decidieron insistir en ese punto. Si bien el síndico había reiterado que ese pago adicional no era tal, por cuanto no fue para Chadwick, sino para Andrés Orchard por asesorías financieras que él realizo directamente a Helga Riffart, la familia Wiesner —vía sus abogados— reiteró esa objeción el pasado 6 de noviembre ante los tribunales.

"El señor síndico falta nuevamente a la verdad. En efecto, el señor síndico solicitó un honorario adicional a los originalmente pactados. Dicho honorario adicional se pagó en función del 'supuesto éxito' en la operación, al haberse obtenido dineros por venta que superaran el 100% de los pasivos", dice el escrito. Y agrega: "El señor síndico nos señaló que el cheque debíamos emitirlo a nombre de una tercera sociedad, Vicuña y Compañía, que ese cheque debía ser extendido por doña Helga Riffart, pues fue quien recibió el saldo de dinero que quedó luego de pagado el 100% de los acreedores y otros pasivos (…) Somos enfáticos en señalar que la sociedad Vicuña y Compañía no prestó ningún servicio para la sociedad Wiesner S.A. ni para la señora Helga Riffart, ni antes, ni durante, ni después de la venta de activos objeto del convenio", precisan en el informe.

"Desconocemos las razones que llevaron al síndico a triangular el pago de la forma antedicha, presumimos justamente para evitar cuestionamientos en torno a dicho cobro adicional. Sin embargo, ello no puede alterar la realidad de los hechos como ocurrieron y que efectivamente se trató de un honorario adicional", concluyen.

Aún más, en la insistencia añaden un documento que el mismo síndico entregó al Cuarto Juzgado Civil de Santiago, donde se tramita la quiebra. Se trata de una de las partidas de egresos de 2014, donde nuevamente aparece el ítem honorarios adicionales por el mismo monto ($ 95.960.200) que el cheque de Riffart. "Este honorario fue un cobro adicional que pidió el síndico supuestamente por su buena gestión, que ahora hemos descubierto que fue nefasta. Nuestro cliente nos informó que en un comienzo el síndico había pedido 5.000 UF adicionales, que luego rebajó a 4.000 UF", reiteran a Qué Pasa los abogados de la familia Wiesner, Matías Insunza y Daniel Huerta.

En una de las partidas de egresos de 2014, presentadas por el mismo Herman Chadwick ante el Tribunal, aparece un itém llamado  "Honorarios adicionales" por igual monto ($ 95.960.200) que el cheque que Riffart pagó a Vicuña y Cía por, supuestamente, trabajos anexos.

Frente a la defensa de Chadwick, precisan que "es una más de las diversas maniobras que ha hecho el síndico para intentar desviar el foco del conflicto". Explican que los honorarios que aparecen en esa lista, incluso los de Ovalle y Cía., fueron pagados por Wiesner S.A., con excepción de ese honorario adicional.

"Ahora entendemos que no quería que apareciera en la cuenta y lo triangularon con la sociedad Vicuña y Cía.", denuncian.

Patricio Wiesner también lleva adelante un proceso penal ante el fiscal Luis Toledo, de la Fiscalía Regional de O'Higgins, contra todos quienes resulten responsables por el perjuicio patrimonial que habría sufrido, luego de que el síndico vendiera en $ 6.500 millones los terrenos a Caval, monto bastante inferior a los $ 9.500 millones en los que los enajenó luego la sociedad ligada a Natalia Compagnon y Mauricio Valero. A pesar de la diferencia, los recursos obtenidos por Chadwick alcanzaron para subsanar toda la deuda, pagando a todos los acreedores, dejando un remanente en favor de la familia Wiesner de $ 2.365 millones.

El pasado 6 de noviembre, la ex superintendenta de Insolvencia, Josefina Montenegro, decidió insistir en sólo uno de los diez puntos cuestionados por la autoridad a la cuenta del síndico. Los honorarios adicionales estuvieron dentro de los nueve restantes. Es que, según explicó en el escrito, la respuesta del síndico en cuanto a que dicho monto no forma parte de la contabilidad ni de las cuentas finales, dejó al organismo sin antecedentes suficientes para acreditar si fue o no un pago anexo, ya que la ley establece que las objeciones deben hacerse respecto a la cuenta final. Inicialmente la autoridad pudo objetar tal monto, porque el síndico no había consignado el hecho de que no fuera parte de esa cuenta. Al agregar ese punto, la Superintendencia quedó sin potestades para seguir investigando el hecho, precisan conocedores del proceso. Sin embargo, el Ministerio Público ya le solicitó todos los antecedentes para seguir investigando los hechos al amparo del caso Caval.

Más allá de ello, el organismo decidió seguir adelante en un aspecto: gastos operacionales por $ 127 millones. Según plantea la autoridad, estos pagos no fueron autorizados por el quórum necesario de acreedores que determina la legislación.

Ciro Colombara defiende ese punto, precisando que esos gastos se realizaron al comienzo, cuando la situación era crítica y se debían hacer pagos con urgencia para mantener el negocio adelante, los cuales fueron efectuados con plena autorización de Wiesner.

Si el tribunal persiste en ese punto, no se descarta que el síndico deba restituir esos dineros. Ya lo hizo con los $ 450 millones que pagó al operador Juan Díaz por avanzar en el cambio de uso de suelo de los paños, luego que ese monto también fuera impugnado por no haber sido autorizado. Así, Chadwick dejó ante el tribunal dos documentos bancarios, uno por $ 139.468.949, y otro por $ 275.885.575. Si bien no están endosados a un tercero, la Superintendencia sí mandató que sean puestos a disposición de quien ordene el tribunal.

Ahora, el organismo está a la espera de que el juzgado le ordene hacer el informe final de la cuenta, para lo que tendrá un plazo de 30 días. Luego de ello, el juzgado fallará. Si el tribunal rechaza finalmente la nómina, la consecuencia podría derivar en la expulsión de Herman Chadwick de los registros de síndicos.