A inicios de 2023 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró una inmensa prisión con capacidad para retener hasta 40.000 reos, según informó el gobierno en ese entonces.
La cárcel fue bautizada como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Solo unas semanas después, se viralizaron impactantes imágenes que mostraron el traslado de 2.000 pandilleros a dicho espacio de reclusión.
Según detallaron desde el gobierno salvadoreño, se trata de la cárcel “más grande de América” y tiene el objetivo de disminuir la delincuencia en el país, tras la muerte de 87 personas solo entre el 25 y el 27 de marzo de 2022.
Esta edificación fue construida en un tiempo récord de siete meses a partir del trabajo de 3.000 personas, mientras que está ubicado en un valle cercano al volcán Chichonpontec, en Tecoluca.
“Será su nueva casa, donde vivirán por décadas sin poder hacerle más daño a la población”, aseguró el mandatario de dicho país, en medio de un escenario en el que distintas organizaciones internacionales denuncian irregularidades en los procesos de detención y violaciones a los Derechos Humanos.
La mega cárcel de Bukele donde encerró a los pandilleros de El Salvador
El recinto cuenta con un sistema de máxima seguridad para evitar posibles maniobras o técnicas de escape por parte de los reclusos.
Para llevar a cabo esta operación, el Estado compró 166 hectáreas, espacio en el que ocuparon 23 para levantar ocho pabellones rodeados por un muro de 2.1 kilómetros y 11 metros de altura, el cual está protegido por alambres electrificados, según informaciones reunidas por Infobae.
Las políticas de ingreso son estrictas tanto para el personal de seguridad, como para el administrativo y para los detenidos, ya que previo a entrar, deben registrarse en zonas especiales, para luego cruzar tres portones que son vigilados constantemente por guardias armados con fusiles y pistolas.
A ello se le suma que cada reo debe pasar por un escáner corporal y una sesión de fotografías antes de ingresar al centro penitenciario, el cual cuenta con pozos, una planta de agua y subestaciones de energía eléctrica, entre otras características, para funcionar de manera autónoma.
De la misma manera, los pabellones tienen un techo curvo para que la ventilación fluya de forma natural.
En cuanto a estos últimos, cada uno de ellos se expande a lo largo de 6.000 metros cuadrados y tiene 32 celdas en su interior, las cuales según el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, tienen capacidad para retener a “más de cien” personas.
El tamaño de las celdas es de aproximadamente 100 metros cuadrados y cuenta con dos piletas de agua y dos inodoros para cubrir las necesidades de aseo básicas de las decenas de reclusos, quienes deben dormir en camarotes hechos a partir de hierro, sin colchones.
Asimismo, tras su inauguración se destacaron las “celdas de castigo” sin ventanas para llevar a los detenidos con mala conducta.
No hay patios o áreas de recreación para que puedan tomar un respiro. Según el citado medio, solo se alejan de los barrotes cuando asisten a procesos judiciales en una sala, en modalidad virtual.
“Todos los terroristas que planificaron el luto y el dolor en contra del pueblo salvadoreño purgarán sus penas en el CECOT”, manifestó el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna.
El recinto también tiene un sistema que bloquea las señales de teléfonos celulares para imposibilitar la comunicación de los presos con el exterior.
Las acusaciones de vulneración a los Derechos Humanos
Frente a esta situación, organizaciones como Amnistía Internacional han manifestado su preocupación en torno a la posibilidad de que ocurran irregularidades al interior de este y otros recintos en El Salvador.
En palabras de dicha institución, se ha denunciado “un claro patrón de violaciones de Derechos Humanos bajo el enfoque de seguridad pública actual”, por lo que “la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”.
Bajo esta línea, expresaron que la actividad delictiva “debe ser abordada de manera integral y garantizando los Derechos Humanos de toda la población”.
En julio de 2024, Human Rights Watch (HRW) presentó un informe en el que se denunció la detención de más de 3.000 menores de edad en la “guerra” contra las pandillas.
De ese número, se acusa que más de 1.000 han sido condenados, principalmente por cargos relacionados a participar en las maras.
Sin embargo, desde la organización afirman que los delitos por los que han sido culpados “tienen definiciones excesivamente amplias y prevén penas máximas que oscilan entre los 10 y los 20 años de prisión”.
“Estas condenas se basaron con frecuencia en testimonios policiales no corroborados y a veces contradictorios”, se lee en el documento.
En este sentido, la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, manifestó al presentar el informe que “el gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los Derechos Humanos”.
“Permitir que se violen Derechos Humanos, supuestamente para proteger la seguridad, empieza rápidamente a erosionar de tal manera el estado de derecho y la democracia que luego no quedan derechos para proteger a los ciudadanos”, agregó.
