Son cientos de miles de cámaras las que están posicionadas en distintos espacios de Shanghai, China. Y específicamente en el distrito de Pudong, un núcleo financiero de gran relevancia para el país asiático.
Calles, carreteras, estaciones de trenes, cruces y centros con alta afluencia son solo algunos de los lugares en los que se encuentran estos aparatos, que son revisados por el centro de vigilancia City Brain.
Como su nombre lo sugiere, este es conocido como el “cerebro” de la ciudad y sus empleados se encargan de manejar las cámaras, las cuales recurren a la inteligencia artificial (IA) para escanear las imágenes.
Junto con ello, el sistema recopila datos de la administración y la gestión de bienes públicos.
Con estas herramientas, el software puede detectar infracciones a las normas y leyes locales, además de posibles amenazas para la seguridad.
La subdirectora de City Brain en Pudong y una de las diseñadoras de la plataforma desde 2018, Sheng Dandan, explicó a Deutsche Welle en 2021 que “para nosotros, los ciudadanos, el sistema ayuda a proveer un entorno seguro, ordenado y limpio”.
“Para el gobierno, es una herramienta para dirigir la ciudad de manera más eficiente”.
Sheng Dandan precisó que solo hasta ese entonces contaban con acceso a unas 290.000 cámaras.
Según rescató el citado medio, se trata de un plan que las autoridades chinas han buscado expandir y que, aunque ha desatado múltiples críticas en otros países, ha despertado baja oposición en la ciudad china.
Además de las imágenes de vigilancia, el City Brain de Pudong también ha recopilado datos de los hogares.
Con estas informaciones, durante el punto álgido de la pandemia por Covid-19, pudieron verificar que se cumpliera la cuarentena.
Para aquello, instalaron sensores en las puertas de los departamentos, para así detectar incumplimientos de las restricciones y avisar a las autoridades sanitarias, explicó Sheng Dandan.
Esa es solo una de las medidas que se han adoptado para reforzar tanto la seguridad como el control de lo que ocurre en distintas ciudades chinas.
De esta manera, pueden detectar a los responsables de actos que van desde cruzar una calle en el momento inadecuado hasta cometer un delito mayor. Y luego, actuar para proceder a su detención.
Qué es el “sistema de crédito social” de China
Cuando se aborda el tópico de la seguridad en China, usualmente se habla de su “sistema de crédito social” como un proyecto unificado que vigila a los ciudadanos y les otorga puntos de manera automática, para luego sancionarlos o recompensarlos de acuerdo a su comportamiento.
Sin embargo, aquella definición es imprecisa.
El “sistema de crédito social” corresponde a varias iniciativas diferentes que comparten conceptos similares y en las que participan diversas entidades públicas y privadas, explica un artículo de la revista Science Focus que fue publicado en agosto de 2023.
La idea de contar con un sistema de sanciones y recompensas comenzó a gestarse a inicios de siglo, como una forma de regular las conductas indebidas en el ámbito económico y reforzar la confianza.
Dentro de este tipo de infracciones entrarían algunas como el impago de deudas o multas y la venta de productos falsificados o que no cumplieran con la normativa de seguridad, por mencionar algunas.
Bajo esa motivación inicial, en 2014 las autoridades chinas anunciaron un plan para construir “un entorno en la opinión pública en el que la confianza será gloriosa”.
De la misma manera, advirtieron que el sistema “recompensará a aquellos que reporten actos de abuso de confianza”.
Bajo la premisa mencionada, se han creado distintas listas.
La más importante es la del Tribunal Popular Supremo, en la que se agrupa a personas y empresas que no han cumplido una sentencia judicial en su contra.
Según rescata el citado medio, sus identidades son expuestas públicamente y se les aplican múltiples sanciones.
Por ejemplo, estas van desde no poder optar a préstamos del gobierno hasta limitaciones en los viajes en avión y los hoteles en los que pueden hospedarse.
A dicho listado se le suman otros de organismos más específicos y los que han sido aplicados por autoridades locales.
Estos últimos varían entre sí.
Un ejemplo citado por Science Focus es el de Shenzhen, en donde cuentan con cámaras de reconocimiento para identificar cuando alguien cruza una calle indebidamente. Tras cinco infracciones, se incluye a los individuos en una lista.
Otro de los casos más comentados que ha generado mayor repercusión alrededor del mundo es el de Rongcheng.
Un artículo del MIT Technology Review detalla que, en 2013, la localidad empezó a otorgar a sus residentes una base de crédito personal básico de 1.000 puntos, número que podría verse afectado positiva o negativamente dependiendo de las acciones de los sujetos.
Por ejemplo, en 2016 se decidió que “difundir información dañina en WeChat —una app multipropósito china—, fotos y blogs” significaría la pérdida de 50 puntos.
En cambio, desde la otra vereda, “ganar una competencia deportiva o cultural a nivel nacional” se traduciría en ganar 40 puntos.
Entre los beneficios que se han prometido en distintas localidades se encuentran algunos como facilidad para reservar instalaciones deportivas municipales, estacionamientos menos costosos y el derecho a solicitar más préstamos de libros en la biblioteca, según detalla un artículo de The Economist.
Incluso, obtener “servicio prioritario” en salas de emergencia, dijo en 2019 el empleado de una oficina gubernamental al periódico especializado en economía.
Una “ciudadana modelo” de Nankin, Xiao Wen Wang, afirmó a France 24 ese mismo año que su puntuación máxima bajo los estándares de dicha localidad le han permitido pagar la mitad de un ticket de bus y tener “descuentos en todos los servicios públicos”.
No obstante, según rescató el medio dependiente del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), los sistemas de puntuación cuantitativa han sido limitados y no se han aplicado en todo el país de manera unificada y general.
Aún así, se afirma que en 2021 el gobierno chino publicó una lista en la que se detallan las medidas de sanción permitidas.
Entre estas, se encuentran algunas como restricciones para viajar en avión o enviar a sus hijos a escuelas privadas de alto costo, a raíz de no pagar lo estipulado por el tribunal.
Tales servicios son considerados “de lujo”, lo que impide que ciertos infractores puedan acceder a estos.