El 2 de septiembre de 2024, las autoridades de Estados Unidos incautaron un avión que utilizaba el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.
La aeronave se encontraba en República Dominicana y el gobierno local colaboró con el operativo.
Luego, fue llevada hacia el sur del Estado de Florida.
Desde el Departamento de Justicia afirmaron que la medida se debió a “violaciones de las leyes estadounidenses de control de exportaciones y sanciones”.
En un comunicado al que tuvo acceso la BBC, el fiscal general del país norteamericano, Merrick Garland, confirmó que el organismo “confiscó un avión que alegamos fue comprado ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma”.
Según sus declaraciones, tras la adquisición en su territorio fue “sacado de contrabando de Estados Unidos para que lo utilizaran Nicolás Maduro y sus secuaces”.
El fiscal también recalcó que seguirán las investigaciones para “evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional” del país.
Qué respondió el gobierno de Venezuela y qué se sabe del avión incautado
Después de que se reportara la incautación, el canciller venezolano, Yvan Gil, acusó a Estados Unidos de llevar a cabo “una práctica criminal reincidente, que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería”.
Junto con ello, aseguró que el régimen de Maduro se “reserva el derecho de emprender cualquier acción legal” al respecto.
Según el Departamento de Justicia, a finales de 2022 e inicios de 2023, “personas asociadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión Dassault Falcon 900EX a una compañía con sede en el Distrito Sur de Florida”.
Se presume que en abril de 2023 la aeronave fue exportada ilegalmente desde Estados Unidos hacia Venezuela.
No obstante, no se tiene claridad sobre cuándo llegó a República Dominicana.
Una revisión de datos sobre las rutas de vuelo realizada por el citado medio asegura que, el lunes 2 de septiembre, el avión despegó desde el aeropuerto La Isabela hacia el de Fort Lauderdale en Florida.
El Departamento de Justicia detalló que, “desde mayo de 2023, el Dassault Falcon con el código de cola T7-ESPRT vuela casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela”.
“Ha sido utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluido el transporte de Maduro en visitas a otros países”, aseguraron.
De la misma manera, el subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew Axelrody, dijo que la incautación debe interpretarse como “un mensaje claro”.
“Los aviones adquiridos ilegalmente en Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar hacia el ocaso”, subrayó en el comunicado.
Además, recalcó que “no importa cuán elegante sea el jet privado o cuán poderosos sean los funcionarios: trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier avión contrabandeado ilegalmente fuera de Estados Unidos”.
El episodio se posicionó cerca de un mes después de las cuestionadas elecciones presidenciales de Venezuela.
En dicha instancia, realizada el pasado 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Maduro sin que se presentaran las actas del proceso.
Luego, esa supuesta victoria fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que intensificó las protestas en el país, la represión y el rechazo de distintos líderes internacionales ante las acciones del régimen.
A raíz de esta situación, el gobierno venezolano cortó sus relaciones diplomáticas con al menos seis países, entre los que se encuentran Chile y —precisamente— República Dominicana.
Por su parte, la oposición liderada por Edmundo González y la dirigente María Corina Machado ha publicado una revisión de las actas que, según afirman, revela los verdaderos resultados de los comicios.
Aseguran que González ganó las elecciones con un 67% y que Maduro obtuvo un 30%, considerando un 83,50% de las actas hasta la última actualización con fecha del 5 de agosto, según describen en su sitio web.
Para reprimir a los grupos disidentes, el gobierno ha ampliado la llamada “Operación Tun Tun”, a través de la cual han realizado allanamientos sin orden a sus opositores.
Los medios de comunicación independientes también se han visto amenazados por la persecución del régimen, hasta el punto en que se han reportado múltiples detenciones y procesos arbitrarios bajo acusaciones de “terrorismo”.
La ONG Espacio Público contabiliza 386 violaciones a la libertad de expresión solo entre enero y julio de 2024.
En medio de este complejo escenario, Maduro anunció una serie de cambios en su gabinete el pasado 27 de agosto.
Declaró en ese momento que la “renovación” es parte de “la etapa que se abrió con la victoria del 28 de julio”.
Sin embargo, uno de los nombramientos que más resaltó fue el de Diosdado Cabello como Ministro del Interior.
Cabe recordar que él representa a la facción más “dura” del chavismo. De hecho, se describe a sí mismo como “venezolano, bolivariano, revolucionario y chavista radical”.
También se desempeñó como militar y fue cercano a Hugo Chávez.
Cuando se concretó su nombramiento en la cartera del Interior, le manifestó a Maduro: “Aquí está a la orden, presidente, un soldado del 4F, un soldado de la revolución, un soldado suyo”.
Tales palabras hicieron referencia a su participación en el intento de golpe de Estado que Chávez lideró el 4 de febrero de 1992.
Con el paso del tiempo, se ha mantenido como uno de los defensores más férreos de su legado.
