La organización Human Rights Watch (HRW) presentó un informe en el que se denuncia que se ha detenido a más de 3.000 menores de edad en El Salvador desde que se inició el régimen de excepción en 2022.
Esta última medida ha sido una de las más resaltadas por el gobierno de Nayib Bukele en su “guerra” contra las pandillas o maras.
El documento, titulado “Su hijo no existe aquí”, cita una serie de casos en los que han habido “malos tratos”, “detenciones indiscriminadas” e, incluso, “actos de tortura”.
“Los datos que tenemos (afirman que) entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, 3.319 niños y niñas fueron detenidos”, aseguró la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, al presentar el informe.
Qué dice el informe sobre las detenciones de menores en El Salvador
El artículo de la organización dice que “muchos niños, niñas y adolescentes que han sido detenidos y encarcelados no tenían ninguna conexión aparente con las actividades abusivas de las pandillas”.
“Las autoridades los sometieron a malos tratos durante la detención que, en ciertos casos, constituyeron actos de tortura. Los menores fueron recluidos en condiciones deplorables, incluyendo hacinamiento, falta de acceso a alimentación y atención médica adecuados y contacto familiar”.
Junto con ello, denuncian que “algunos han sido detenidos con adultos, en violación de los estándares internacionales de Derechos Humanos y de la legislación salvadoreña”.
“Las autoridades han tomado pocas, si es que alguna, medida para proteger a los niños, niñas y adolescentes de violencia por parte de otros detenidos, incluyendo golpizas y agresiones sexuales”.
La investigación de HRW también acusa que más de 1.000 menores han sido condenados, principalmente por cargos de pertenecer a una pandilla.
“Los delitos por los que a menudo se ha condenado a los menores, como el de ‘agrupaciones ilícitas’, tienen definiciones excesivamente amplias y prevén penas máximas que oscilan entre los 10 y los 20 años de prisión. Estas condenas se basaron con frecuencia en testimonios policiales no corroborados y a veces contradictorios”.
Goebertus enfatizó en la presentación del informe que “el gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los Derechos Humanos”.
“Permitir que se violen Derechos Humanos, supuestamente para proteger la seguridad, empieza rápidamente a erosionar de tal manera el estado de derecho y la democracia que luego no quedan derechos para proteger a los ciudadanos”, agregó la directora para las Américas de HRW.
Por su parte, el subdirector para las Américas de HRW, Juan Pappier, manifestó que “queda claro que la violencia de las pandillas ha disminuido en el país”.
“Lo que ocurre es que esa disminución de la violencia ha ocurrido a un costo humano muy alto y completamente injustificado, que afecta a estos niños y adolescentes inocentes que nada tenían que ver con las pandillas brutales que operan en El Salvador”.
Hasta el momento, desde el gobierno salvadoreño no se han referido al informe de la organización.
