Por qué la orden de arresto contra Netanyahu tendrá grandes consecuencias

Este jueves 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, quien fue destituido del cargo a principios de noviembre.

Se les acusa de supervisar crímenes de guerra ocurridos en la Franja de Gaza, durante el conflicto entre Israel y el grupo militante Hamas que se ha extendido por más de un año.

La medida también consideró una orden de arresto contra el líder de la organización, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri.

A este último, quien es conocido como Mohammed Deif, se le acusa de dirigir crímenes cometidos en el marco de la guerra que estalló el 7 de octubre de 2023.

Esa fue la fecha en que Hamas realizó una ofensiva directa contra el territorio israelí, la cual dejó 1.200 muertos y 250 rehenes capturados. De este número, alrededor de un centenar siguen cautivos.

Por su parte, las fuerzas israelíes han respondido con ataques permanentes en la Franja de Gaza, los cuales han provocado más de 40.000 muertes, según denuncian las autoridades sanitarias locales.

El progresivo aumento de las tensiones en Medio Oriente ha llevado a que Israel tenga enfrentamientos con Hamas en Gaza, con Hezbolá en Líbano, con Irán, con los hutíes en Yemen, y con milicias chiitas de Siria e Irak.

El fiscal de la CPI, Karm Khan, había solicitado las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallan en mayo, junto con tres altos funcionarios de Hamas.

En este caso, que se presentó de forma independiente a las acusaciones de actos de genocidio, Netanyahu y Gallant son acusados de cargos que incluyen utilizar el hambre como arma de guerra en Gaza y dirigir ataques contra civiles.

Las órdenes de arresto fueron emitidas por un panel de tres jueces y la decisión fue tomada de manera unánime, según rescata la agencia internacional de noticias, AP.

Argumentaron que encontraron “motivos razonables para creer” que ambos tienen responsabilidad en los crímenes de los que se les acusa.

Las acusaciones han sido rechazadas tajantemente por el gobierno israelí.

La CPI está pensada para ser un tribunal de última instancia para intervenir cuando los tribunales propios de un país no enjuician abusos.

Según informaciones rescatadas por The Economist, el fiscal general de Israel le había dicho a Netanyahu previamente este año que la formación de una comisión estatal de investigación podría haber estancado la de la CPI.

A pesar de aquello, los jueces afirmaron en su decisión que Israel no lo hizo.

Tanto líderes como políticos y funcionarios israelíes de todo el espectro criticaron las decisión que tomó la CPI.

El nuevo ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que la medida es “una desgracia moral, completamente manchada de antisemitismo”.

Agregó que “arrastra al sistema judicial internacional a un mínimo sin precedentes”.

Por otro lado, el líder del partido izquierdista Los Demócratas, Yair Golan, dijo que se trata de una “decisión vergonzosa”.

El propio Netanyahu dijo en un discurso que compartió a través de sus redes sociales que “la decisión antisemita del CPI es un juicio Dreyfus moderno”.

Con tales declaraciones, aludió al caso de Aldred Dreyfus, un oficial judío del ejército francés que fue acusado falsamente de alta traición en 1894, según rescata National Geographic.

Sin embargo, según una revisión realizada por The Economist, “nada en la historia de la corte sugiere una fijación con los judíos”.

“Desde su fundación en 2002, la CPI ha procesado principalmente a señores de la guerra y déspotas africanos, como Omar al-Bashir, un dictador sudanés, y Saif al-Islam Gadafi, hijo del tirano libio de larga data. En los últimos dos años, ha emitido órdenes de captura contra varios funcionarios rusos, incluido Vladimir Putin, por la invasión de Ucrania. Esta es la primera vez que ha acusado a israelíes”.

Mohammed Deif es acusado de dirigir casos de asesinato, tortura, violación y toma de rehenes, en el marco de la ofensiva directa que Hamas efectuó contra Israel el pasado 7 de octubre de 2023.

Israel dice que lo abatió en un ataque aéreo realizado en julio de este año, pero el grupo militante no ha confirmado su muerte.

La corte emitió la orden porque no pudo corroborar su destino.

Khan, el fiscal de la CPI, retiró las solicitudes de órdenes para otros dos altos funcionarios de Hamas, Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh.

Esto último se debió a que está confirmado que ambos fueron asesinados este año por ataques israelíes.

Ni el primer ministro ni el exministro de Defensa corren el riesgo de ser extraditados, debido a que Israel no es miembro de la CPI.

Son 124 países los que sí son integrantes de la corte, por lo que Netanyahu y Gallant no podrán viajar a estos, ya que podrían ser arrestados.

Después de que se reportara la decisión de la CPI, el jefe de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, manifestó que las órdenes son vinculantes para los 27 países miembros de la UE.

En palabras rescatadas por el citado medio del exasesor adjunto de Seguridad Nacional de Netanyahu, Eran Etzion, el primer ministro israelí “ha terminado su viaje como líder legítimo en la arena internacional”.

No obstante, Estados Unidos queda excluido de ese escenario, ya que tampoco es miembro de la CPI.

El actual mandatario del país norteamericano, Joe Biden, dejará el poder el próximo 20 de enero, fecha en la que el presidente electo, Donald Trump, asumirá su segundo periodo en la Casa Blanca.

El congresista republicano Mike Waltz, quien fue elegido por Trump para ejercer como su asesor de Seguridad Nacional, ha advertido que habrá una “respuesta contundente” contra el “sesgo antisemita” de la corte.

De la misma manera, el líder entrante de la mayoría del Senado, John Thune, calificó la medida de la CPI como “escandalosa, ilegal y peligrosa”.

Junto con ello, dijo que “estas acciones amenazan a Israel, pero, si no se controlan, podrían suponer una amenaza para Estados Unidos en el futuro”.

En junio de este año, la Cámara de Representantes de Estados Unidos —la Cámara Baja— aprobó un proyecto de ley para aplicar sanciones económicas y restricciones de visado a jueces y otras personas vinculadas a la CPI.

Thune instó al líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, a que aborde la iniciativa, a la cual se ha opuesto la administración Biden.

Aseguró que, de no ser así, los republicanos lo harían como una “máxima prioridad” en enero.

En cuanto al Partido Demócrata, las opiniones sobre la guerra en Medio Oriente están divididas.

El gobierno actual se ha posicionado en una encrucijada en la que, aunque se ha opuesto a las acciones legales contra Israel, ha apoyado una orden de arresto contra el mandatario ruso, Vladimir Putin, y se ha resistido al proyecto de ley de sanciones a la CPI que la Cámara de Representantes aprobó en junio.

Según rescata The Economist, el 20 de noviembre el Senado rechazó tres mociones que pedían a Biden que detuviera ciertos envíos de armas a Israel.

No obstante, 17 de los 47 representantes demócratas —y dos independientes que los apoyan— votaron a favor de al menos una de estas.