Más y mejor I+D

La comunidad científica recibió con pesar la aprobación del presupuesto público que entrega sólo un 0,34% del PIB a ciencia, tecnología e innovación. Este guarismo es escuálido frente al promedio de 2,4% de los países de la OCDE.

Ahora bien, aunque el nivel de gasto es insuficiente, los recursos públicos y privados que se han invertido en los últimos años no han logrado los resultados que el país requiere. Esto se ha traducido en una pérdida de importantes oportunidades de desarrollo.

En efecto, Chile presenta no sólo un bajo desempeño en los factores que determinan la innovación, sino que también hay ineficiencias en la forma en que esos recursos se asignan dentro del sistema. Así por ejemplo, aunque el número de patentes de chilenos en el exterior ha aumentado en el último tiempo, es aún una cifra irrelevante a nivel internacional.

El período en donde la productividad de nuestro país crecía por sobre el 2% anual fue posible gracias a un uso eficiente de nuestros recursos naturales. Sin embargo, la falta de innovación empresarial y políticas públicas modernas ha limitado la posibilidad de aumentar la productividad agregada.

Lo anterior se explica por diversos factores, tales como la poca o nula conexión entre el sector productivo y las universidades, un marco institucional insuficiente para la gestión de la propiedad intelectual y mecanismos de financiamiento inadecuados que fomenten la creación de nuevas empresas tecnológicas.

Una visión moderna requiere que las universidades no sólo hagan docencia e investigación sino que también promuevan la comercialización de los resultados de sus investigaciones. Esto implica modificar no sólo las políticas y los mecanismos de asignación de recursos, sino también la cultura académica. Los académicos tienen pocos incentivos a participar en la transferencia de tecnología y su comercialización.

De la misma manera, todos los recursos públicos se deberían entregar como complemento del financiamiento privado, a través de una institucionalidad que favorezca la competitividad y relevancia de los proyectos.

Con todo, no se puede desconocer que hemos tenido avances a través de la ley de incentivo tributario a la innovación y desarrollo y la atracción de centros de excelencia internacionales. Sin embargo, la política pública se debe profundizar en varios frentes, tales como el desarrollo de un marco institucional que promueva un sistema de propiedad intelectual más dinámico y eficiente; acelerar la tasa de creación de empresas tecnológicas; impulsar y promover la cultura de innovación y emprendimiento, y el desarrollo de nuevas competencias y capital humano para sostener lo anterior.

En definitiva, para avanzar hacia el estándar de los países desarrollados, no sólo se requiere aumentar el nivel de inversión en ciencia, tecnología e innovación, sino también se debe disponer de un nuevo marco institucional que asegure estabilidad en sus políticas, transparencia en sus decisiones, eficiencia en sus procesos, y que rinda cuentas por su desempeño.