La máxima autoridad del Ministerio Público recalcó que las declaraciones de imputados ante Fiscalía son "un derecho". En cuanto al "silencio" de la ministra Fernández ante Fiscalía, señaló que " las lógicas de la política son distintas de las lógicas de una investigación penal".

Hasta ahora, las autoridades del gobierno del Presidente Boric se habían mostrado colaborativas cuando se les pedía declarar -incluso lo hizo Miguel Crispi en 2024-, lo que cambió este jueves con la negativa de la ministra de Defensa. La situación dividió al oficialismo: mientras el PPD dijo que "esta actitud, lejos de colaborar a explicar la plausibilidad de la iniciativa, solo la sigue contaminando", el PS la defendió.

Desde el lunes en la noche el Presidente está en Viña del Mar siguiendo de cerca los últimos pasos de la tramitación de la iniciativa que, esperan, se convierta en uno de los "legados" del gobierno. Por lo mismo, este jueves el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, confirmó que el Mandatario hizo uso de sus facultades para que el proyecto se despache en enero.

Esta noche los integrantes del Tribunal Regional Metropolitano se reunirán nuevamente para definir la sentencia a la diputada Maite Orsini, donde la expulsión estaría descartada. Mientras que el veredicto fue valorado tanto por la parte denunciante como la defensa de la parlamentaria.

Hoy, en la práctica, la relación política entre ambos países no existe y el intercambio es solo formal, por medio de los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz. Eso sí, dicen en el Ejecutivo, si se comprueba la tesis del fiscal Barros -sobre el caso Ojeda- se abrirá un nuevo escenario, en el cual podrían recurrir a algún organismo internacional.

Por segunda vez el militante socialista será representante diplomático de un gobierno del magnate norteamericano, quien este lunes regresó a la Casa Blanca. El diplomático ahonda en la relación que se buscará establecer entre Santiago y Washington, así como también la problemática de las bandas criminales de chilenos que operan en Norteamérica.

El jefe de asesores del Presidente no ha dejado de estar en el ojo del huracán. Hoy más que nunca, desde el PS y el PPD hacen ver que es necesario que dé un paso al costado, para que deje de interferir en la agenda del gobierno.

Este lunes Presidencia firmó la resolución exenta que da cuenta de las características del acuerdo entre La Moneda y Jonatan Valenzuela por el caso de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

La Moneda, en tanto, continuó con su estrategia y evitó profundizar en la situación que enfrenta el jefe de asesores del Segundo Piso, quien, dos días antes de que se conociera el lío de platas, conversó en Cerro Castillo con la parlamentaria por Antofagasta. "Hay una investigación en curso... no podemos pronunciarnos”, dijo la vocera subrogante.

La propuesta de la ministra del Trabajo no encontró piso en todo el oficialismo. La mayor parte de los partidos de gobierno recalcaron que se debía evitar impulsar este tipo de discusiones en medio de un momento clave para el pacto entre el gobierno y Chile Vamos.

Más allá de las críticas del Presidente Boric -en el pasado y tras llegar al gobierno- al líder republicano que hoy asume un nuevo mandato, en el Ejecutivo esperan mantener el mismo trato que tienen hoy con Washington. Multilateralismo, temas valóricos y de derechos humanos asoman como los principales puntos de desencuentro.

“Efectivamente, sostuvieron una conversación el 14 de junio, cuando se encontraron en Cerro Castillo en el marco de una reunión del oficialismo”, dijo ayer el abogado del asesor de Palacio, Guillermo Chahuán. El gobierno, en tanto, buscó desmarcarse de los nuevos antecedentes, mientras que la diputada insistió en su inocencia.

Entre las cartas que hay, para el Presidente la titular del Interior es quien mejor encarna la síntesis de su administración, idea que ya han planteado otras autoridades del gobierno. En La Moneda miran marzo como el mes clave para la decisión de la jefa del gabinete.

El histórico dirigente de la CUT, pareja de Bárbara Figueroa, fue respaldado ampliamente por la cúpula del comunismo en su última polémica, donde el padre del ministro de Justicia lo llegó a comparar con un emperador romano.

Con un fuerte despliegue comunicacional de los ministros del Trabajo y de Hacienda, el gobierno espera salir a afirmar el acuerdo que ahora debe votar la Sala del Senado.