Las 4.495 páginas de la carpeta de la investigación desarrollada por la Fiscalía Regional de La Araucanía en contra del líder de la CAM, Héctor Llaitul, quien quedó esta semana en prisión preventiva, constituyen un verdadero mapa de sus pensamientos, preocupaciones, relaciones y movimientos. Las escuchas telefónicas, georreferenciación por antenas y los seguimientos permitieron a los investigadores descubrir el interés de Llaitul para que sus hijos lideren la causa mapuche en el futuro, un constante desprecio por otros grupos radicales y los nexos que ha mantenido con autoridades locales y activistas en el extranjero, incluso para, eventualmente, obtener financiamiento.

Fueron dos años y medio de seguimientos, empezando en febrero de 2020, en los que Héctor Llaitul se trasladó, habló y operó sin tener consciencia de que había sido marcado por la policía. Entre septiembre de 2020 y marzo de 2021, Llaitul estuvo en 9 localidades de la Araucanía las que tras su paso, sufrieron desde atentados incendiarios hasta usurpación e intimidación a trabajadores. Esta es la historia de cómo el cerco policial terminó con su caída.

Desde 2016, un 40% del padrón comunal de la Democracia Cristiana ha estado vinculado laboralmente con la municipalidad que dirige su presidente. En la actualidad, 144 militantes registran un contrato laboral con el municipio de la zona sur de Santiago. Tres veces elegido alcalde en La Granja, y desde marzo nuevo presidente del DC, Delpin -además- suma por estas horas una dura crisis con el resto de la directiva que encabeza.

Las conversaciones del Ministerio Público entre la defensa y los querellantes apuntan a que el ex alcalde de San Ramón acepte su responsabilidad en los dos casos de sobornos imputados y así se acuerde una condena de 819 días, siete años sin ejercer cargos públicos y una multa de casi $20 millones.

Carlos Albornoz Pardo, el primo del futbolista, deberá enfrentar un juicio por estafa en septiembre próximo por la compra de un terreno en la comuna de Algarrobo. La Unidad de Investigación y Datos de La Tercera revisó las propiedades del “Rey Arturo” y detectó problemas de financiamiento y traspaso de algunos bienes a los mismos familiares que hoy acusa de haberle causado perjuicios.

Todo se da en medio de una verdadera tormenta judicial para el futbolista. Junto a la querella de abril, el seleccionado enfrenta otro flanco con la indagatoria por estafa y lavado de dinero que lleva adelante la Fiscalía Regional de Coquimbo por la compra de un terreno en la zona y en la que también se indaga el rol de Albornoz.

La causa se encuentra en calidad de reservada y tiene vinculación con una querella que presentó un ciudadano francés, quien fue estafado en USS7 millones. Los principales sospechosos intentaron defraudar a la Municipalidad para cambiar el uso de suelo del paño que fue adquirido por el “Rey” Arturo en 2015.

La causa se encuentra en calidad de reservada y tiene vinculación con una querella que presentó un ciudadano francés, quien fue estafado en USS7 millones. Los principales sospechosos intentaron defraudar a la Municipalidad para cambiar el uso de suelo del paño que fue adquirido por el “Rey” Arturo en 2015.

En una declaración de cuatro puntos, Carlos Albornoz Pardo aborda la querella presentada por el seleccionado nacional y que cuestiona el manejo de sus inversiones. Asegura que todos los negocios han sido hechos de forma correcta, y señala que "estoy convencido que esta maniobra responde al entorno de él, que desgraciadamente está velando por sus intereses sin pensar en el bienestar de Arturo".

El seleccionado nacional hizo una presentación el pasado 21 de abril en que acusa a Carlos Albornoz Pardo de los delitos de administración desleal y contrato simulado. Los daños enumerados en la querella de 18 páginas se valoran en torno a los cinco millones de dólares, e incluyen traspasos de bienes que el volante asegura jamás haber visado, y cuantiosas peticiones de créditos donde el futbolista aparece como aval.

El organismo solicitó un reporte detallado con el origen del incidente sufrido, además de un informe con las medidas adoptadas para evitar futuras fisuras de seguridad y filtraciones, y cómo está inscrita la base de datos respectiva.

La autoridad reconoce la complejidad del episodio, que expuso información sensible de 15 millones de personas -casi tres de cada cuatro chilenos- entre ellas su militancia política. Asegura a La Tercera Sábado que los datos se vienen entregando desde 2012 en forma anonimizada a investigadores, pero afirma que "podríamos haber tenido mejores mecanismos de control" para evitar el problema.

Francisco Leturia, quien asumió hoy como el nuevo presidente del organismo autónomo, señaló que la información entregada, que incluye si una persona votó en las elecciones municipales de 2021 y si era militante de un partido, "pertenece al ámbito más íntimo y privado de las personas que tienen derecho a proteger".

El Servicio Electoral tenía hasta ayer en la noche disponible en su sitio web un archivo comprimido que poseía dicha información sensible, que nunca antes se había revelado de manera pública. El documento -que fue revisado por la Unidad de Investigación y Datos de La Tercera y que ya no está disponible para su descarga- incluye además el género de la persona, su nacionalidad y si ésta pertenece a un pueblo originario o no.

Tanto el nuevo Presidente como 23 de los 24 integrantes del gabinete ya tienen publicada su declaración de patrimonio e intereses. Un análisis hecho por la Unidad de Investigación y Datos de La Tercera muestra que el titular de Transportes, Juan Carlos Muñoz, es el que tiene mayor patrimonio, con poco menos de tres millones de dólares en activos. La radiografía además muestra las diferencias entre los integrantes del equipo ministerial, donde incluso dos ministras declaran como patrimonio sólo sus vehículos, y por cifras que van entre 3 y 7 millones de pesos.