Al interior de su celda, la Nº 30 del módulo 104, ubicada en el tercer piso del penal, hay un baño con una placa metálica pegada a un muro, la que los reos desgastaron de a poco hasta sacarla. Ingresaron por un ducto de 50 por 50 cm, donde se encuentran las cañerías de la cárcel, saltaron tres mallas y lograron salir a la calle a pie. ¿Hubo ayuda de un gendarme? Aquí algunas pistas de esta fuga.

Claudio Uribe fue tres veces electo por el gremio de persecutores penales para liderarlo. Tras 18 años trabajando como fiscal en diversas regiones del país, ayer -cansado y frustrado de seguir desempeñando una labor que cree que no cuenta con el apoyo de la máxima autoridad de su institución- tomó la decisión de dejar el Ministerio Público. Acá cuestiona directamente la falta de conducción del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien -dice- se ha dejado llevar por las presiones políticas.

Quien fuera subsecretario del Interior entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, Rodrigo Ubilla, entregó su testimonio en calidad de testigo el 15 de abril pasado ante la fiscalía. Mientras que el actual delegado presidencial, exintendente metropolitano, Felipe Guevara, lo hizo el 12 de mayo en calidad de imputado. Se investigan eventuales delitos de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones del estallido social. Ambos apuntaron a la policía como el ente responsable de tomar decisiones de tipo operativo en materia del uso de la fuerza, señalando que por normativa ellos son quienes definen las estrategias a usar y que el Ejecutivo solo le pidió al entonces general director de Carabineros que “tomara medidas”.

En su testimonio de 11 carillas, y al que tuvo acceso La Tercera, el Mandatario detalló al Ministerio Público que no hubo por parte del gobierno “ninguna advertencia concreta y específica" que previera los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019. Consultado por el Ministerio Público sobre su frase "estamos en guerra ante un enemigo poderoso", explicó que se trató de una alocución retórica y que no se refería a los manifestantes.

En total, la Mutualidad de Carabineros -previa orden del Ministerio de Justicia- requirió la devolución de los dineros a 23 exconsejeros que integraban la aseguradora de los uniformados. De ellos, solo cuatro personas devolvieron los montos. Entre los demandados, a quienes se les acusa de no entregar el dinero, están el exgeneral director de Carabineros Gustavo González Jure por $ 27 millones y los exdirectores generales de la PDI Héctor Espinosa por $ 50,8 millones y Marcos Vásquez por $ 29,7.

Según analizan las autoridades de gobierno, al existir más atentados, hay más detenidos, porque se dan más reivindicaciones de parte de las agrupaciones ligadas a la violencia rural. Y eso se ve reflejado, dicen, en las cifras del reporte de la unidad de Macrozona Sur en base a cifras de Carabineros y PDI de julio de 2021. En total, durante este año ya van detenidas 304 personas por delitos de violencia rural, un 407% más que el año pasado.

El 15 de julio, las constituyentes María Rivera y Manuela Arroyo presentaron un recurso de amparo vía telefónica ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, acusando que 11 personas -entre ellos algunos de sus pares en la Convención Constitucional- fueron arrestadas de forma ilegal. El magistrado Daniel Urrutia resolvió a favor de su requerimiento. Y lo redactó de una forma distinta a la habitual, reemplazando la "o" en distintas palabras por la "x". Para la mayoría de los abogados consultados, la utilización del lenguaje de Urrutia en este caso no es inclusivo, sino un intento de llamar la atención de una agenda política y lo ven como un error. Otros, en cambio, piensan que satisface la función y que es una idea integradora.

La mujer de iniciales Y.E.P.O., técnico en enfermería (43), fue formalizada por la fiscalía el 8 de julio por infringir el Artículo 318 del Código Penal, tras asistir al funeral de su padre sin la autorización del Ministerio de Salud el 5 de junio pasado, luego de haber llegado desde Miami, Estados Unidos, el día anterior. En su declaración en calidad de imputada ante la PDI, explicó que obtuvo un PCR negativo que le permitió salir de la residencia sanitaria a donde llegó después de aterrizar en Chile y que recién se enteró de que estaba contagiada con la variante delta de Covid-19 el 23 de junio pasado. Apuntó a las autoridades: “Quiero recalcar el mal manejo de las autoridades, del seremi del Maule y del alcalde en mi caso”.

Actualmente Marco Enríquez-Ominami enfrenta un juicio oral por su presunta autoría en fraude de subvenciones y al estar acusado por un delito que tiene pena de crimen ha perdido sus derechos políticos. El fundador del PRO pidió abrir un debate y que se declare inconstitucional la norma que le impide votar y, por ende, ser una opción de cara a la presidencial. Otro que se vio afectado en las recientes primarias fue el senador Manuel José Ossandón quien presentó ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto una cautela de garantías para que le informe al Servel que él no fue desaforado y, por ende, no procede limitar su derecho a sufragar.

En la Macrozona Sur se identifican cuatro grupos que ocupan la violencia como forma de defensa de su territorio, pero la CAM es el único que tiene un lineamiento estrictamente ideológico. El resto, según la policía, usa el conflicto mapuche como excusa para cometer delitos comunes.

A contar del lunes 26 de julio las personas con su esquema de inmunización completo podrían viajar al extranjero, cumpliendo, eso sí, requisitos al retorno para evitar la generación de brotes, especialmente de la variante delta. En ese aspecto, se evalúa poner término a los hoteles de tránsito y que las cuarentenas sean domiciliarias, pero con mayor fiscalización. También se está revisando si se mantendrá la aplicación de PCR en el aeropuerto a todos los viajeros o si se modificará por un muestreo aleatorio. En el Ministerio de Salud, eso sí, la medida no convence.

La primera sospecha de la policía era que el fallecido en el enfrentamiento con Carabineros en predios de la forestal Mininco, en Carahue, era Ernesto Llaitul Pezoa (25). La situación era grave: la presunta víctima era el hijo de Héctor Llaitul, el histórico líder de la Coordinado Arauco Malleco (CAM). Cinco horas después se descartó su muerte y se aclaró que el fallecido era otro integrante de la agrupación mapuche. Desde entonces, los investigadores comenzaron a preguntarse cuál era el paradero de Ernesto. El joven de 25 años reapareció en el funeral de su amigo Pablo Marchant. "El Nano", como le dicen sus cercanos, ha estado vinculado a hechos delictuales desde 2011, pasando tres veces por la cárcel. Es uno de los miembros más activos del movimiento.

Un ataque de la CAM a la Forestal Mininco el 9 de julio dejó a un integrante de la CAM fallecido de un disparo en la cabeza por parte de un carabinero y a un trabajador de la empresa en riesgo vital. Hoy, el Ministerio del Interior se querelló en el caso por los delitos de incendio, homicidio frustrado a un trabajador de la firma y homicidio frustrado a Carabineros en servicio. En la acción judicial no hay referencia a la muerte de Pablo Marchant, hecho que investiga la fiscalía y por el que ya se les tomó declaración a los cuatro funcionarios policiales involucrados. Esta mañana se registró la quema de cinco camiones en la Ruta 5 Sur, en Ercilla. "Pablo Marchant, en tu memoria vengaremos tu caída", decía la pancarta que dejaron los encapuchados en el lugar.

Del catastro realizado por el Poder Judicial a principios de año, 21 de los imputados ya salieron libres debido a que se modificó su medida cautelar o tuvo un juicio. Ante un eventual indulto: ¿Quiénes siguen presos?

La fiscal Centro Norte Ximena Chong recibió el 14 de mayo el documento del Servicio Médico Legal, conocido como Protocolo de Estambul. En el informe, de 27 páginas, el perito detalla que el menor de edad que habría sido tirado al lecho del río Mapocho por el sargento de Carabineros Sebastián Zamora tiene conocimiento de otras víctimas de la policía uniformada que han tenido seguimientos posteriores. "Se siente desprotegido", dice. El mismo menor de edad fue detenido por Carabineros a fines de mayo por daños, tras una serie de ataques a las sedes de la UDI, RN y al memorial del fallecido senador Jaime Guzmán.